•   Jinotega, Nicaragua  |
  •  |
  •  |
  • elnuevodiario.com.ni

Mamerto López Damasio, de 20 años, es Policía Voluntario en la comunidad Asawás, ubicada a seis horas en bote de San Andrés de Bocay, donde para sobrevivir siembra frijoles, maíz, arroz, guineo y frutas.

Sabe que su trabajo conlleva peligro, por eso toma medidas de seguridad personal y siempre actúa en coordinación con los otros 4 Policías Voluntarios de su comunidad. “Antes, cuando andábamos sin el uniforme, nos sentíamos sin respaldo; ahora con el uniforme que nos dieron nos sentimos con autoridad y la gente nos respeta”, asegura López Damasio.

Samuel Cruz López, 32 años, de Posa Redonda, Kayawás, cuenta que con otros dos Policías Voluntarios de su comunidad se vienen en bote. “Nos turnamos a la palanca en el bote, pero a veces nos tenemos que venir a pie, es un día de camino, cruzamos varios caños, a veces con lluvia, pero venimos a las reuniones con los jefes”, asegura Cruz López.

De cuando se robaron un cerdo

Cruz López también ha participado en varios operativos, como cuando un hombre se robó un cerdo en su comunidad: “Esa vez el dueño del animal nos enseñó los puntos por donde entró el ladrón, seguimos las huellas y encontramos al ladrón en una casa, el hombre confesó y lo trajimos a la Policía”, explica.

Ronald López Silva, 24 años, colega de López, es ya todo un veterano en las filas de la Policía Voluntaria, donde ha participado en acciones contra el abigeato, el narcotráfico y pleitos a puño y machete.

López Silva cuenta que en varias ocasiones se ha salvado de emboscadas que le ponen los traficantes de drogas, que son mestizos que cultivan marihuana en la Reserva de Biosfera de Bosawás. “Esta es una lucha, un sacrificio que hacemos nosotros; no nos pagan nada, pero vamos a seguir en la Policía Voluntaria porque para eso nos eligieron en la comunidad”, expresó López Silva.

Vivían bajo la ley de la selva

En las riberas del río Coco y las profundidades de las montañas de San Andrés de Bocay, hasta hace unos cuatro años los pobladores vivían bajo la ley de la selva, pues en estas comunidades, los conflictos familiares y disputas por tierras, ganado y otros, se resolvían a punta de machete y pistola sin que mediara autoridad alguna.

Delitos como el abigeato, el contrabando, la violencia intrafamiliar, el abuso sexual de menores, el narcotráfico, el trasiego ilegal de madera y hasta homicidios quedaban impunes y los delincuentes hasta se burlaban de sus victimas, que se veían impotentes ante tanta injusticia.

Pero la sensación de inseguridad cambió a partir de que la misma comunidad demandó la presencia de la Policía Nacional, la que sin embargo, por falta de recursos económicos y personal no pudo cumplir en su totalidad el deseo de los pobladores.

Responsabilidad recayó en comunitarios

La respuesta de la Policía fue acorde con el lugar de la demanda, pues aprovechó su relación con los líderes comunitarios y dejó en sus manos la elección de miembros de la comunidad para el cargo de Policías Voluntarios que servirían de apoyo a la labor policial en la zona.

El subcomisionado Ramón Hernández Mercado, jefe del territorio de régimen especial del Alto Wanky, que tiene su sede en San Andrés de Bocay, explica que este proyecto ha dado buen resultado en su zona, que abarca un total de 62 comunidades indígenas, con una población de más de 25 mil habitantes, tanto miskitos como mayangnas, distribuidos en unos 200 kilómetros a lo largo de los ríos Coco, Lakus, Bocay y Amak, entre otros.

Los delitos frecuentes

Explicó que en la zona, a pesar de lo extensa, la incidencia delictiva es relativamente baja, siendo los daños a la propiedad, el abigeato, los robos de menor cuantía, el consumo de droga entre los jóvenes y la violencia intrafamiliar, los casos más frecuentes que esa delegación atiende.

“Somos pocos policías profesionales y aunque quisiera dar cobertura a todos los casos que se nos presentan, no podría porque no contamos con recursos técnicos ni humanos, pues aquí las distancias son muy largas y no tengo un bote, no tengo motor, no tengo una cuota de gasolina para movilizarme y tenemos que andar pidiendo raid a las instituciones”, afirma el jefe policial.

Requisitos para ser policía

A pesar de esa limitante, el subcomisionado Hernández siente confianza en la labor que realiza esa institución. “Nuestra fuerza está en la organización de la comunidad, allí radica la celeridad con que se pueden atender los casos con nuestros Policías Voluntarios, que son pobladores escogidos por sus propias comunidades para ocupar ese cargo y lo que nosotros hacemos es organizarlos, darles atención y entrenarlos para el trabajo policial, porque ellos son nuestro apoyo, son las fuerzas cooperantes de la Policía Nacional en el territorio”, afirma Hernández.

Harry Joseph Averruz, líder del Consejo de Ancianos de San José de Bocay, explica cómo se elige a los Policías Voluntarios en las comunidades:

“Para escoger a una persona que va a ser Policía Voluntario, se reúne la comunidad con el Consejo de Ancianos y los líderes comunitarios, y la población escoge que sea una persona seria, que no sea borracho ni mentiroso ni ladrón, que sea una persona recta”, asegura el líder indígena.

 

Un estupro se paga con una dote

El subcomisionado Hernández explica que en el territorio indígena las cosas funcionan diferentes a otros lugares, pues aquí cuando sucede un delito y se atrapa al que lo cometió, si es algo leve, el caso se resuelve en coordinación con las autoridades locales, los jueces territoriales indígenas, el Consejo de Ancianos, los wicas o líderes de la comunidad, quienes aconsejan y deciden si el inculpado debe quedar libre, devuelve lo robado o va a pasar una semana o 15 días en la cárcel, esto en apego a la manera de administrar la justicia que imparten los indígenas en sus territorios.

Pero si el delito es grave, como una violación, un asesinato o narcotráfico, los mismos líderes comunitarios saben que ese caso queda en manos de la Policía Nacional. Los implicados son llevados ante la Fiscalía, en Jinotega, donde son procesados y si son encontrados culpables, sentenciados y enviados a la cárcel.

Capacitación jurídica

“Estamos trabajando con los líderes indígenas para que conozcan el Código Procesal Penal, la Ley 510, Ley de Armas, la Ley 287 y todo lo que es el andamiaje jurídico con el que trabajamos. Tambien incidimos en la educación de los jóvenes aplicando el plan de seguridad escolar, brindando charlas en los colegios”, explica Hernández Mercado.

Dos ejemplos

Para dar una idea de cómo funcionan las cosas en los territorios indígenas, el jefe policial puso un par de ejemplos:

“Aquí hay una costumbre, si un hombre se lleva a una muchacha de 14 años, delito que nosotros conocemos en el Código Penal como estupro, algunos padres dicen: ´bueno, ya se la llevó. ¿Y cómo va a pagar su delito? Que pague una dote, que me dé una vaquilla, un toro, dicen, dependiendo de la condición económica del presunto autor”.

“Otro caso es cuando alguien lesiona o hiere a otra persona, lo corta o le raja la cabeza, entonces ellos dicen: ‘tiene que pagar mi sangre’, ¿y cómo paga la sangre?’ –‘Bueno, dame mil, dos mil o tres mil pesos’, dice el afectado y así se arreglan, esa es la forma de administrar justicia en el territorio indígena, admite el subcomisionado.

“Pero si la lesión es grave, entiéndase puñaleado, macheteado o baleado --observa el jefe policial--, el agresor es detenido y llevado a Jinotega, donde responderá ante la justicia”.

No siempre se obtiene justicia

Sin embargo, para las víctimas, esto solo es el comienzo de un calvario en clamor por justicia que muchas veces termina en burla por parte del agresor, pues en este remoto lugar no hay condiciones materiales para aplicar los procedimientos jurídicos válidos para el debido proceso, ya que no se cuenta con médico forense que pueda certificar una lesión o agresión sexual, tampoco hay psicólogos para valorar el grado de afectación psicológica de una mujer que ha sido víctima de maltrato intrafamiliar.

Términos y distancia

Honorio Fernández Duarte, vicecoordinador del Consejo, explica que “si el agresor es capturado y llevado a Jinotega, a veces el hombre es liberado por vencimiento de término, ya que la ley dice que a una persona no se le puede mantener detenida más de 48 horas sin abrírsele un proceso, pero resulta que por las largas distancias y la falta de medios de transporte, el alto costo del pasaje, a veces el viaje de las comunidades hasta Jinotega tarda hasta tres y cuatro días y cuando llega ante el juez, el mismo juez lo libera porque ya se pasó el tiempo y es una burla para la familia de la víctima”, asegura Fernández Duarte.

 

"Cuando ellos (la Policía Voluntaria) no estaban en la comunidad, uno tenía que venir a poner las denuncias hasta el pueblo, pero ahora ellos son los que vienen a poner los casos".

María Isabel Guzmán

pobladora

 

"A veces la Policía agarra a una persona cometiendo un delito, pero los familiares, los ciudadanos, la misma sociedad, obstaculizamos el trabajo".

Oscar Danilo Castro

poblador