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  • EFE

Cuando el Presidente Juan Manuel Santos de Colombia comenzó las conversaciones de paz con los guerrilleros de las FARC en noviembre pasado, prometió que las negociaciones durarían “meses, no años”.

Al tiempo que buscaba asegurar a los votantes de que no se permitiría alargar el proceso como una cubierta para su propia reagrupación, Santos tenía en mente el calendario político del país. Las elecciones congresales y presidenciales están programadas para marzo y mayo de 2014. Él esperaba concluir un acuerdo para poner fin a medio siglo de conflicto en el país a tiempo para el lanzamiento de su postulación para la reelección, el cual tiene como fecha límite el 25 de noviembre.

Ese calendario ha resultado ser demasiado ajustado. El 6 de noviembre los negociadores alcanzaron un acuerdo preliminar sobre sólo el segundo de los seis puntos que están a discusión. La resolución establecería nuevas medidas para favorecer a los partidos políticos pequeños, incluso cualquiera nacido de una eventual desmovilización de las FARC. Crearía distritos congresales especiales temporales para las áreas más duramente afectadas por el conflicto – en otras palabras, aquellas donde las FARC son más fuertes – como una forma de garantizar que los rebeldes tengan una oportunidad de ganar representación.

El pacto siguió a un acuerdo en mayo sobre cómo hacer frente a la profunda pobreza en el campo.

Negociaciones serias

Los dos acuerdos son un tributo a la seriedad de estas negociaciones, en contraste con diálogos previos. Sin embargo, las discusiones siguen siendo vulnerables a un descarrilamiento. Esto quedó subrayado el 12 de noviembre gracias al descubrimiento de una aparente conspiración por parte de las FARC para asesinar al ex Presidente Álvaro Uribe, que se opone a las conversaciones, junto con el procurador general y varios otros políticos destacados.

Los planes, cuya fecha es poco clara, fueron atribuidos a la Columna Teófilo Forero de las FARC, responsable de varios ataques en los alrededores de Bogotá, incluido el atentado explosivo de 2003 en un club privado. Si es actual, la conspiración sugeriría que algunas facciones dentro de las filas rebeldes no quieren hacer la paz. Aunque las FARC mantienen una cadena de mando vertical, personas involucradas en las conversaciones estiman que un 20 por ciento de los rebeles desertaría si se alcanzara un acuerdo.

La conspiración dio munición a los conservadores, encabezados por Uribe, que dicen que Colombia no debería negociar con las FARC.

“Estos son los santitos a los que van a convertir en un partido político”, dijo Uribe.

Tras cumplir con dos mandatos, la Constitución le prohíbe postularse de nuevo a la presidencia, pero está respaldando al ministro de Finanzas, Óscar Iván Zuluaga, en la elección del año próximo. Los sondeos muestran que Santos tiene la ventaja.

Santos había planteado la idea de suspender las conversaciones durante la campaña electoral, pero después del acuerdo más reciente dijo que las negociaciones continuarían. Aún espera ratificar un acuerdo a través de un referendo al mismo tiempo que los comicios congresales o presidenciales del año próximo.

Corre contra el tiempo

Sin embargo, es incluso más importante para sus planes firmar un acuerdo final antes de que el nuevo Congreso inicie funciones en julio. Uribe, que está postulándose para el Senado, espera que su partido gane hasta 20 de los 102 escaños de la cámara alta. Eso representaría un obstáculo para la aprobación de la legislación necesaria para llevar a cabo un eventual acuerdo de paz.

Los negociadores seguirán trabajando. El próximo tema en la agenda, el narcotráfico, debería ser relativamente sencillo. La cocaína ha sido una gran fuente de ingresos para las FARC, pero muchos de los guerrilleros la consideran sólo un mal necesario. El 12 de noviembre, Timoleón Jiménez, el máximo comandante de las FARC, dijo que “la satisfacción (de los rebeldes) con un Colombia sin coca (el ingrediente base de la cocaína) será enorme”.

Santos ha encabezado llamados internacionales a una revisión de la política contra las drogas, incluidas alternativas a la prohibición. Los dos bandos probablemente no estarán demasiado distantes sobre el tema.

Eventualmente, sin embargo, tendrán que abordar el tema más complicado de todos: el futuro legal de los comandantes de las FARC y un proceso de justicia posterior al conflicto.

La mayoría de los colombianos quiere ver a los líderes de las FARC tras las rejas. Según la Constitución, cualquier persona sentenciada por un crimen contra la humanidad tiene prohibido ostentar un cargo público. Hasta ahora, ninguno de los líderes de las FARC ha sido sentenciado por esos crímenes, aunque algunos son acusados de ellos. Si cumplirán alguna sentencia en prisión por los miles de secuestros y asesinatos cometidos bajo su liderazgo será abordado como parte del capítulo de justicia transicional de las negociaciones.

También están a discusión las compensaciones a las víctimas, las cuales, dicen las FARC, deberían incluir a las víctimas de las fuerzas estatales tanto como a las propias.

“Una guerra de 50 años es difícil de terminar en 52 semanas”, ha dicho Santos.

Si no se firma un acuerdo en los próximos meses, la guerra podría continuar aún por algún tiempo.

 

Tácticas

Juan Manuel Santos había planteado la idea de suspender las conversaciones con las FARC durante la campaña electoral, pero decidió continuarlas. En la imagen, el jefe negociador del Gobierno colombiano, Humberto de la Calle.

 

 

 

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