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El 25 de marzo, la Ley de Atención Asequible, mejor conocida como “Obamacare”, estaba de nuevo ante la Suprema Corte. Hace dos años, los jueces ratificaron la mayor parte de la ley. Esta semana, escucharon los argumentos orales en el caso Sebelius vs. Hobby Lobby Stores Inc. y Conestoga Wood Specialities Corp. vs. Sebelius. Estos dos casos consolidados conciernen al “mandato de anticoncepción” de la Obamacare, el requerimiento de que las empresas que ofrezcan a sus empleados seguro de salud deben proporcionar planes que cubran todos los métodos de anticoncepción aprobados a nivel federal, sin costo extra para sus empleados.

Hobby Lobby Stores y Conestoga Wood Specialities son propiedad de cristianos que creen que algunos de esos métodos anticonceptivos son equivalentes al aborto, porque pueden evitar que un óvulo fertilizado se implante en el útero. Los dueños buscan una exención del mandato de anticoncepción bajo la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa, un estatuto que el Congreso aprobó casi unánimemente en 1993. Este dice que “el gobierno no debe entrometerse sustancialmente en el ejercicio de la religión de una persona, aun cuando la intromisión resulte de una norma de aplicabilidad general”, a menos que la ley sea la forma menos restrictiva de promover un interés estatal apremiante. Muchos estados tienen reglas similares.

Ofertas

El gobierno ya ha exentado a los “patrones religiosos”, como las iglesias, del mandato de anticoncepción, y ha ofrecido a las corporaciones sin fines de lucro de filiación religiosa un “acuerdo” que dirige los pagos de los procedimientos objetables a través del emisor o administrador del seguro. El gobierno argumenta, sin embargo, que las creencias religiosas de los dueños de una corporación con fines de lucro no justifican una exención.

El caso es altamente polémico. Afuera del tribunal, simpatizantes de los derechos de la mujer vestían de rosa y morado, mientras algunos ondeaban letreros que decían: “El control natal no es asunto de mi jefe”. Activistas de la libertad religiosa oraban y sostenían letreros que decían: “La libertad religiosa es asunto de todos”. El senador Ted Cruz (republicano de Texas), un franco conservador, apareció para predecir la desaparición del mandato.

Divididos

Los nueve jueces estaban similarmente divididos. Los mismos dos abogados que argumentaron en el anterior caso de la Obamacare se enfrentaron de nuevo esta semana: el procurador general para asuntos de gobierno Donald Verrilli, y Paul Clement, un procurador general bajo el gobierno del presidente George W. Bush, por parte de las corporaciones. Clement, que presentó primero sus argumentos, fue acribillado con preguntas de parte de las tres mujeres en el tribunal: Elena Kagan, Ruth Bader Ginsburg y Sonia Sotomayor, todas liberales confiables. Cuando Verrilli subió al podio, fue interrogado por el presidente del tribunal John Roberts, Antonin Scalia y Samuel Alito, tres juristas conservadores, y católicos. El cuarto liberal de la corte, Stephen Breyer, no preguntó nada de gran consecuencia, mientras que el cuarto conservador del tribunal, Clarence Thomas, se mantuvo característicamente en silencio.

Los dos bandos ofrecieron visiones de horror contrapuestas. A Kagan le preocupó que “los objetores religiosos surgieran por todas partes” si las corporaciones prevalecían, y que los tribunales tendrían que conceder hipotéticas exenciones a cualquier aspecto de la ley federal, para la cual cualquier dueño expresara una objeción religiosa sincera. A Anthony Kennedy, otro católico y regularmente el voto no definido de la corte, le preocupó que según el razonamiento de Verrilli las corporaciones “pudieran verse obligadas en principio a pagar abortos”. Su línea de interrogatorio insinuó cierta simpatía por la posición de las corporaciones, así como por el argumento de Clement de que las muchas exenciones ya concedidas al mandato de anticoncepción demostraban que no es la forma menos restrictiva de buscar el interés estatal apremiante.

Creencias

Los anticonceptivos están ampliamente disponibles, y el gobierno presumiblemente pagaría por ellos él mismo.

La cuestión de si una corporación puede tener una religión surgió antes. La ley estadounidense ha reconocido que las corporaciones tienen algunos derechos según la Primera Enmienda. Más notablemente, en el caso Citizens United en 2010, la corte ratificó que las protecciones de la libre expresión prohíben al gobierno limitar el gasto político corporativo demasiado estrictamente. La jueza Sonia Sotomayor preguntó: “¿Cómo determinamos cuando una corporación tiene una creencia? ¿Quién lo dice? ¿La mayoría de los accionistas?”.

 

“El control natal no es asunto de mi jefe”, decían los letreros en una manifestación.

 

Las empresas y la religiosidad

DEBATE• Hobby Lobby y Conestoga son ambas empresas familiares bajo estrecho control. Si la corte decide a favor de los dueños, podría trazar la nueva línea bajo parámetros más cerrados. Es difícil imaginar que la ley permitiera que una empresa cotizada públicamente con miles de dueños declarara ser religiosa.

Incluso para los individuos, los derechos religiosos no son absolutos. La Ley de Restauración de la Libertad Religiosa no permite a los devotos matar a blasfemos, ni permite a los pacifistas religiosos evadir impuestos que financian al ejército.

Alito planteó que rechazar la demanda perjudicaría a los profesionales religiosos que eligieran constituirse como empresa: Si Estados Unidos siguiera a Dinamarca y prohibiera la “matanza halal” con base en los derechos de los animales, razonó, los carniceros, si se constituyeran como empresa, no podrían presentar una demanda de ejercicio religioso.

A la espera

Kagan argumentó que el daño recaía en otra parte: “El Congreso ha concedido un derecho legal a las mujeres, (el cual) incluye la cobertura de anticoncepción. Y cuando el patrón dice no, esa mujer resulta perjudicada bastante directamente y bastante tangiblemente”. Se espera un veredicto posteriormente este año.

 

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Jueces estaban divididos en torno al mandato de anticoncepción