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El régimen “bolivariano” de Venezuela está pasando a trompicones del autoritarismo a la dictadura. El 19 de febrero arrestó al alcalde electo del área metropolitana de Caracas, Antonio Ledezma. Luego actuó para expulsar a Julio Borges, un líder opositor moderado, de la Asamblea Nacional, un destino ya sufrido por su colega María Corina Machado, quien fue expulsada el año pasado.

Leopoldo López, otro líder opositor, ha estado en la cárcel durante un año y ahora está en juicio. Casi la mitad de los alcaldes de la oposición enfrentan ahora acción legal.

El cargo favorito del régimen para imputarle a un político hostil es conspirar para derrocar al Gobierno, a menudo en colusión con Estados Unidos. Sin embargo, es el presidente Nicolás Maduro quien está protagonizando un golpe de Estado contra los últimos vestigios de la democracia. Los venezolanos le llaman un “autogolpe”.

El expresidente Hugo Chávez, quien creó y presidió el sistema socialista del Estado bolivariano hasta su muerte en 2013, repetidamente fue elegido por los venezolanos, gracias a una bonanza de ingresos petroleros y su relación con los pobres. Tomó su mayoría como un mandato para debilitar a la democracia venezolana, asumiendo el control de los tribunales y la autoridad electoral, y suprimiendo a los medios de oposición. Otros gobiernos de Latinoamérica lo consintieron, en parte porque reconocieron su apoyo popular.

Gobierno sin apoyo

Maduro, sin embargo, carece del carisma y las habilidades políticas de Chávez, así como de su suerte con los precios del petróleo. Las políticas económicas alocadas han producido escasez de alimentos, creciente inflación y una pobreza cada vez mayor. El apoyo popular para el presidente y el Gobierno ha colapsado a alrededor de 20 por ciento.

En una competencia justa, la oposición probablemente ganaría las elecciones parlamentarias que deben realizarse este año. Entonces podría celebrar un referendo en 2016 para destituir a Maduro.

En un aspecto --represión de la oposición-- Maduro excede a su exjefe. Chávez permitía que rivales lo desafiaran en más o menos votaciones, pero Maduro los encierra. El 24 de febrero, un muchacho de 14 años murió, en una manifestación contra el Gobierno, por la bala de goma disparada por un policía. El agente fue arrestado, pero esos incidentes elevan la probabilidad de que el enfrentamiento entre el régimen y sus críticos se vuelva violento, ofreciendo una excusa para aun más represión.

Con ese fin, el arresto de Ledezma quizá haya tenido la intención de provocar una repetición de las manifestaciones del año pasado contra el Gobierno, en las cuales murieron 43 personas en ambos bandos del conflicto. Estas sirvieron solo para fortalecer a Maduro.

Oposición presionada

La principal responsabilidad de evitar esa violencia recae en Maduro, pero tanto la oposición como los vecinos de Venezuela tienen un papel en tratar de mantener la paz y rescatar a la democracia.

Enfrentada con el giro hacia la ilegalidad por parte del régimen, la respuesta de la oposición debería ser redoblar su compromiso con el régimen de derecho. Ledezma ha hecho un llamado a la no violencia. La oposición está presionando a la autoridad electoral para que establezca una fecha para la votación parlamentaria.

La oposición merece ayuda. Durante demasiado tiempo, Latinoamérica ha tolerado el abuso de las normas democráticas por parte de Venezuela. Las más recientes atrocidades han provocado expresiones de preocupación de Brasil, la Organización de Estados Americanos y otros.

Deben hacer más. Deberían demandar la liberación de Ledezma y López y pedir garantías de que la elección será justa. Si no las consiguen, deberían suspender a Venezuela de las agrupaciones regionales, como la Unión de Naciones Sudamericanas, que requiere que sus miembros sean democracias.
La amenaza de convertirse en un paria podría ser suficiente para frenar a Maduro.