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Entidades gubernamentales como la Policía Nacional y el Poder Judicial fueron las más investigadas en 2008 por las organizaciones de derechos humanos nacionales, mientras a nivel internacional el gobierno de Daniel Ortega no sólo es analizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, por denuncias de violación a derechos políticos, sino también la presencia del mandatario ha sido objeto de repudio por movimientos feministas de diversos países.

Según el análisis del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh; la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH; la Coordinadora Civil, CC, y de la Procuraduría en Defensa de los Derechos Humanos, PDDH, diferentes instancias del gobierno de Ortega quedaron aplazadas durante 2008, marcando un grave retroceso en lo que respecta a la seguridad jurídica, la libertad de expresión, los derechos políticos y el derecho a la participación ciudadana.

Bayardo Izabá, Director del Cenidh, indicó que si bien el gobierno de Ortega ha impulsado acciones sociales como los programas Usura Cero, Hambre Cero, lograr la suspensión de los cortes de energía, decretar la gratuidad en la enseñanza, además de establecer colaboración con el gobierno venezolano, los alcances de estas acciones al final del año no son comparables con los desaciertos en el irrespeto de otros derechos.

Inseguridad jurídica y libertad de expresión
“Los derechos humanos son indivisibles y no pueden ser selectivos para nadie. Este año, una de las violaciones más graves fue contra el derecho a elegir y ser elegido en el caso de las irregularidades en las elecciones municipales del nueve de noviembre, pero también la seguridad jurídica quedó muy mal si recordamos la masacre en la finca ‘El Encanto’, en La Cruz de Río Grande, donde el 21 de mayo de 2008, ilícitamente oficiales de la Policía y el Ejército penetraron y terminaron con la vida de tres civiles”, manifestó.

El representante del Cenidh lamentó que más allá de la muerte de tres trabajadores de la finca, otro precedente aún más terrible e igual de reprochable, fue que ninguno de los acusados fue encontrado culpable de los cargos imputados, atribuyendo las muertes al cumplimiento del deber de los uniformados. Esto a pesar de que los efectivos, armados de fusiles AKA, no tenían orden de allanamiento ni de captura, además de que el poder de fuego fue utilizado excesiva e irracionalmente, lo que incluyó la realización de disparos contra uno de los trabajadores de la finca que, desarmado, trataba de escapar de la masacre.

Ataques a libertad de expresión
Otro derecho muy lastimado fue el de la libertad de expresión y movilización, utilizando mecanismos de chantaje para la eliminación de espacios de opinión en los medios de comunicación radiales y televisivos, tales como “El 2 en la nación”, la destrucción de Radio Darío y daños a la señal de transmisión de Radio Corporación, entre otros. Mientras tanto, los medios estatales iniciaron una campaña de desprestigio contra las personas que discrepan de las políticas erróneas gubernamentales, y se inició una serie de ataques, tanto contra periodistas independientes, como contra los oficialistas.

Se calcula que al menos 20 periodistas fueron atacados mientras daban cobertura a sucesos relacionados a situaciones políticas. Esto incluye a los corresponsales y fotógrafos Miguel Álvarez, de la agencia AFP, y Oswaldo Rivas, de Reuters. Situaciones que fueron denunciadas ante la relatoría para la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas.

Fuerzas de choque
“Se impidieron marchas de protesta cívica utilizando fuerzas de choque que ondearon las banderas y consignas del partido de gobierno, mientras las autoridades policiales quedaron al margen en la mayoría de los casos”, comentó Izabá, refiriéndose al ataque contra la marcha de partidarios del Movimiento Renovador Sandinista en León y contra las protestas por las irregularidades de las elecciones municipales, acciones que dejaron heridos, vehículos destruidos y daños a la propiedad privada.

También recordó la marcha en celebración al Día Internacional contra la Violencia en la Rotonda “Rubén Darío”, entre otros, donde a las demostraciones públicas de organizaciones civiles independientes, en el mismo lugar y a la misma hora, se contrapusieron a grupos violentos pro orteguistas.

Otro momento negativo fue el ataque de grupos rojinegros contra representantes del Cenidh que daban acompañamiento a representantes de la CC en el proceso promovido por el Ministerio de Gobernación contra varias organizaciones civiles, que involucró en especial al Movimiento Autónomo de Mujeres, MAM, y al Centro de Investigaciones para la Comunicación, Cinco, instancias contra las que hasta el momento las autoridades competentes no han realizado acusaciones fundamentadas.

Por su parte, Marcos Carmona, Director de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, además de concordar con los señalamientos de Izabá, recalcó sobre la intolerancia de un Poder Ejecutivo hostil, confrontativo con la cooperación internacional, con las organizaciones de la sociedad civil de criterio independiente y contra los medios de comunicación críticos.

Poderes del Estado bajo la lupa
Carmona también lo consideró un gobierno poco sensible a las necesidades de la población en general, cuyas instituciones se caracterizan por no acatar las resoluciones del Ministerio del Trabajo ni de los tribunales laborales.

En otro ámbito, los poderes del Estado no quedan fuera de las críticas, con un Poder Judicial que puso en práctica un sistema de despacho judicial que ha provocado retardación de justicia, un Poder Electoral poco transparente y que viola el derecho a la participación política. Tampoco queda fuera un Poder Legislativo que ostenta diputados que sólo responden a criterios partidarios o muy particulares en el mejor de los casos, opinó Carmona.

El director de la CPDH también criticó la inclinación partidaria del procurador de Derechos Humanos, Omar Cabezas, quien en diversas ocasiones ha demostrado su parcialidad y falta de tutela de los derechos humanos.

Carmona expresó que todos estos aspectos tienen que ser enmendados por el gobierno, sin embargo, la única esperanza de la población es el voto ante un gobierno impositivo como el actual, no obstante, la falta de transparencia en la instancia encargada está cerrando las vías cívicas de lucha.

Informe “imaginario” de la PDDH
Por su parte, el informe anual de la PDDH simuló más un recuento de los alcances positivos gubernamentales, incluyendo proyectos aún sin realizar; no miró las fuerzas de choque rojinegras y, a pesar del chantaje y los incidentes violentos contra las organizaciones críticas al gobierno, recalcó lo que considera una “democracia que privilegia la participación social, económica, cultural y que maximiza la intervención ciudadana en la toma de decisiones públicas”.

Asimismo, el procurador Cabezas, miembro del Frente Sandinista y quien no niega estar al margen de su partido en las decisiones de la institución, no culpabilizó a las autoridades gubernamentales por la falta de transparencia de su gestión, que desembocó en críticas y conflictos políticos, sino que responsabilizó de esto a los medios de comunicación independientes, señalando que la libertad de expresión continuaba en situación crítica por la “injerencia e intolerancia de los potentados dueños de los grandes medios de comunicación”.

También, siguiendo el discurso presidencial de “lavado de manos” y de persecución, dijo que no podía haber democracia sana “si está boicoteada por gobiernos poderosos y agresivos que insisten en mantener modelos fracasados en nuestro país”.

La otra cara de la moneda
A pesar de todo, la PDDH no pudo dejar de hacer señalamientos directos contra algunas instituciones que durante 2008 violentaron los derechos humanos de la ciudadanía, por lo que registraron 3 mil 166 denuncias, lo que significó un incremento de atención del 73.2 por ciento con respecto a 2007. De la cifra de denuncias de 2008, el 49.89 por ciento fue interpuesto por mujeres.

Sin tomar en cuenta las instituciones que están en término de responder, de las resoluciones emitidas fueron acatadas el equivalente al 40 por ciento a nivel nacional.

Una de las instituciones más denunciadas este año fue la Policía Nacional, seguida del Poder Judicial. Sin embargo, sobre el comportamiento de estas instituciones, refirió que la PN, a pesar de ser la más denunciada, fue la institución más abierta en las indagaciones y en acatar las resoluciones.

Contrario a esto, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público mostraron falta de cooperación, por lo que se realizaron entrevistas y llamadas telefónicas a los funcionarios al mando, así como requerimientos instándolos a dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la PDDH, observándose “timidez” en su cumplimiento.

Gobierno debe cambiar
Georgina Muñoz, enlace nacional de la CC, indicó que 2008 fue un año conflictivo, principalmente por las elecciones municipales, pero también se observó el accionar del gobierno en busca de silenciar las críticas de personajes o de representantes de organizaciones independientes.

“La persecución contra las organizaciones no gubernamentales que difieren de las posiciones oficialistas marcó un mal precedente, y consideramos la posibilidad de que en 2009 la situación sea más dura tanto política, como económicamente, en especial por el retiro de parte de la ayuda internacional de Estados Unidos y parte de Europa, luego de la falta de transparencia en las elecciones municipales”, expresó Muñoz.

Sin embargo, comentó que no quieren perder la esperanza y mantienen la expectativa de que el mandatario sea capaz de analizar los errores de 2008, observe quiénes son sus malos consejeros y dé un paso por la población en general, no sólo por sus partidarios.