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Bernedy Prosper tiene miedo de que su hijo de 23 años, Harold, muera si es deportado desde Estados Unidos a Haití.
Prosper, de 52, tenía la esperanza de que Harold se beneficiara de un estatus especial que da residencia a los inmigrantes haitianos desde el terremoto que destruyó el país caribeño en 2010.

En cambio, Harold ahora es uno de los más de 4,000 haitianos detenidos a la espera de su deportación. Con gran sigilo, desde fines del año pasado Estados Unidos comenzó a expulsar a los haitianos a un país azotado por los desastres naturales, la pobreza y la inestabilidad política. El reinicio de las deportaciones fue uno de los últimos regalos que dejó Barack Obama en política migratoria. Y el actual presidente Donald Trump no genera demasiadas esperanzas de que esto cambie.

"Creo que si lo envían a Haití lo voy a perder", dice Prosper, hablando de su hijo, mientras espera que lo atiendan en un centro de ayuda a los inmigrantes en pequeño Haití, el corazón de la diáspora haitiana en el deprimido norte de Miami.

Prosper llegó a Florida en bote en el año 2000 y obtuvo asilo político. Luego intentó traer a su hijo, pero Harold se cansó del largo proceso legal e intentó entrar a Estados Unidos por la frontera con México tras comenzar su periplo en Brasil. Lo capturaron en San Diego, California, y ahora es parte de una nueva oleada de deportaciones. La cantidad de haitianos indocumentados detenidos en Estados Unidos aumentó cerca de 1,500% en un año: de 267 en enero del año pasado, a 4,060 en enero de este año, según cifras del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Si Harold es devuelto a su país, "yo sé que lo van a matar", dice Prosper, hablando con la mirada apagada y la voz baja, monótona.
 
"HAITÍ HA MEJORADO"Los indocumentados de Honduras, El Salvador y Guatemala figuran entre los más detenidos en la frontera de EE. UU.

"Es inhumano deportar a los haitianos a un país devastado por un terremoto y un huracán", dijo a la AFP Randy McGrorty, abogado de Catholic Legal Services, una organización que provee ayuda legal a los inmigrantes en Florida.

Haití es el país más pobre de América y no se ha recuperado todavía del terremoto. Unas 55,000 personas aún sobreviven en campamentos en condiciones infrahumanas. Pero a fines del año pasado, Obama decidió que los haitianos ya no califican para el Estatus de Protección Temporal (TPS), una política que impide la deportación de personas a países azotados por desastres naturales o conflictos armados.

"La situación en Haití ha mejorado lo suficiente para permitir que el Gobierno remueva a los nacionales haitianos de forma regular, consistente con la práctica de los nacionales de otros países", escribió el entonces secretario de Seguridad Interior, Jeh Johnson, el 22 de septiembre. Pero días después, el 4 de octubre, el huracán Matthew golpeó Haití con fuerza de categoría 4 (de un máximo de 5) y arrasó el suroeste, dejó más de 500 muertos, miles de damnificados y un brote de cólera. Las autoridades suspendieron entonces la medida por un mes, pero a principios de noviembre comenzaron a "expandir significativamente las remociones" de los haitianos, dijo el ahora exsecretario. El TPS caducará formalmente en julio de este año, pero desde octubre del año pasado el ICE ha deportado a más de 1,600 haitianos. "Recibimos llamadas telefónicas de gente desesperada, pero no podemos hacer nada por ellos", dice a la AFP Steve Forester, responsable en Florida del Instituto por la Justicia y la Democracia en Haití (IJDH). Para él, "es simplemente equivocado, insensible, inmoral, incluso obsceno" proseguir con esta política.

ESCASO NÚMERO

Después del terremoto, los haitianos emigraron masivamente a Brasil. No obstante, a medida que la situación económica del gigante sudamericano empeoró, se dirigieron hacia el norte, siguiendo la ruta centroamericana para entrar a Estados Unidos a través de México. De acuerdo al Migration Policy Institute, para 2012 había unos 600,000 inmigrantes haitianos en Estados Unidos, la mayoría de ellos en Florida. Comprenden apenas el 1.5% del total de los extranjeros en el país. Forester considera que la política migratoria hacia los haitianos, especialmente si se la compara con los beneficios que han tenido los cubanos desde la Ley de Ajuste de 1966, es esencialmente racista. "Los haitianos son negros y no tienen el poder político de los hispanos en general, porque no tienen los números", señala.

Ahora, el futuro de los haitianos está en manos de Trump, quien ganó las elecciones con un discurso antiinmigrante.

"Espero que decida que está mal deportar a nadie a Haití en este momento y que es de nuestro interés nacional que

Haití sea fuerte y seguro", comenta Forester. Pero niega con la cabeza, escéptico.

Inicia la lucha contra deportaciones

EFE

El día que millones de indocumentados temían desde que el magnate Donald Trump presentó su candidatura a la presidencia de EE. UU. con su incendiario discurso llegó el pasado 20 de enero  y se prolongará durante los próximos cuatro años, período durante el cual activistas también  prometen luchar por su futuro. El día ha llegado y vamos a tener que salir a pelear para poder quedarnos en este país", declaró la activista Erika Andiola, ante la posibilidad de que el Gobierno anule la "Acción Diferida", que ha amparado a unos 740,000 jóvenes indocumentados como ella.
El presidente basó su campaña en una fuerte retórica migratoria que incluía, entre otros puntos, deportaciones masivas de indocumentados y levantar un muro en la frontera con México para evitar el cruce ilegal de inmigrantes, a los que denominó en su primer discurso electoral de "violadores y criminales". "Aunque no sepamos los detalles, a Trump hay que creerle porque sin dudas va a llevar a cabo algunas de sus promesas antiinmigrantes de campaña", dijo por su parte Juan Escalante, del grupo America's Voice, otro de los jóvenes que obtuvo permiso de trabajo y pudo estudiar bajo la protección del alivio migratorio aprobado en 2012 por el entonces presidente, Barack Obama.
El activista llamó a la comunidad inmigrante a no dejarse vencer por el miedo y a seguir peleando por lo que es justo, "porque es la única forma de seguir avanzando".
La lucha se dará a través de alianzas, como la planteada  por la Coalición de Illinois para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados (Icirr), que quiere combatir el plan de acción anunciado por Trump para sus primeros 100 días de gobierno. En ese plan se propone cancelar fondos federales a las ciudades santuario que protegen a los indocumentados, la construcción del muro en la frontera con México, la deportación de millones de inmigrantes y la suspensión del reasentamiento de refugiados.