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Desde la investidura de Rodrigo Duterte en junio de 2016, la Policía anunció haber matado a 2,555 personas y otras 4,000 murieron en circunstancias inexplicables, según cifras oficiales.

En el pasado Duterte hizo comentarios a los de su ministro de Justicia, pidiendo a los policías que mataran a los toxicómanos y a los narcotraficantes.

Amnistía Internacional acusó a la Policía filipina de haber matado u ordenado matar a presuntos delincuentes como parte de la guerra contra la droga del presidente y estimó que estos asesinatos pueden equipararse a crímenes contra la humanidad.

El Gobierno defendió la política del Gobierno negando el estatuto de humanidad a los abatidos por la policía: "Los criminales, los cabecillas de la droga, los narcotraficantes no es la humanidad", dijo el ministro Vitaliano Aguirre.

Esta semana, el presidente Duterte, ordenó al Ejército detener a los policías corruptos, después de que suspendiera temporalmente su polémica guerra contra las drogas por la muerte de un empresario surcoreano a manos de agentes.

La reorganización de la Policía responde al escándalo que ha causado el descubrimiento de que presuntos agentes se escudaron en la campaña contra las drogas para secuestrar y después asesinar al empresario surcoreano Jee Ick-joo el pasado octubre.

Jee murió asfixiado en Campo Crame, la sede de la Policía Nacional, situada en Quezón, la mayor de las 15 poblaciones, que crecen a la sombra de la capital, y que forman Metro Manila.

La muerte del surcoreano en octubre salió a la luz este mes y ha suscitado fuertes críticas a la política antidroga de Duterte, además de poner en evidencia la corrupción en las fuerzas de seguridad.

El presidente aseguró el domingo pasado que primero eliminará la corrupción en los cuadros policiales y luego reanudará la "guerra contra las drogas" hasta el final de su mandato, en 2022, y no solo por el plazo de un año, como había anunciado anteriormente.

GOBIERNO MILITAR

En un discurso ante generales en el palacio presidencial de Malacañán, Duterte explicó que mientras limpia el cuerpo policial y reorganiza la aplicación de la Ley antidroga, los militares se encargarán de arrestar a los agentes corruptos.

"Yo os ordenaré los arrestos (...) si no participáis, estoy acabado. Nadie va a perseguir a los policías malos. La cultura de corrupción es profunda en la Policía", dijo el mandatario.

El jefe de la Policía Ronald De la Rosa anunció que las actividades de todas las unidades de la policía antinarcóticos serían suspendidas hasta que termine la "limpieza" anunciada por el presidente, cuyo alcance se ignora.

La política de Duterte es duramente criticada a nivel internacional y por las organizaciones de defensa de los derechos humanos.

Pero, Duterte no cambia el rumbo y permanece inmutable ante los que afirman que la Policía asesinó a civiles desarmados así como a los que acusan a las fuerzas de rellenar los bolsillos de los cadáveres con bolsas de droga o armas de fuego.

Numerosas voces se inquietan de que los policías gocen de impunidad total en el marco de la campaña contra las drogas.

El presidente siempre prometió respaldar a los policías que participan de esta "guerra" y les repite que no deben inquietarse de las consecuencias judiciales si matan a traficantes de drogas.

A principios de enero, en ocasión del cumpleaños de De la Rosa, Duterte afirmó incluso que aceptaba que los policías participen en actividades ilegales para llegar a fin de mes, siempre que no estén relacionadas a la droga.

"Hagan su comercio ilegal si quieren, pero sin la droga", dijo, lamentando luego que los policías no reciban un buen sueldo.

"No digo que haya que hacer cosas ilegales, digo que, mientras que el Gobierno no les pague más, si alguien les propone ayuda, acéptenla".

La indulgencia del Gobierno con la Policía provoca indignación de los movimientos de defensa de los derechos humanos.

"¿Cómo una fuerza de policía fascista y corrupta, en donde la impunidad es ley, podría terminar con el tráfico de drogas?", preguntó el lunes en un comunicado el secretario general de la coalición de izquierda Bayan, Renato Reyes.

"El balance (de muertos) seguirá aumentando, cada vez más criminales uniformados seguirán sembrando el caos en nuestra calles", agregó.

GUERRILLA

Las malas noticias abundaron esta semana para Filipinas, mientras sorprendían al mundo con su belleza natural durante el certamen de Miss Universo.

La guerrilla comunista Nuevo Ejército del Pueblo (NEP) --Sí, hay un frente armado en el archipiélago--. anunció de manera unilateral el fin del alto el fuego de carácter indefinido que había suscrito hace cinco meses con el Gobierno del presidente Duterte.

La tregua en vigor desde finales de agosto "expirará de forma efectiva el 10 de febrero a las 23:59" hora local, advirtió el NEP en un comunicado de su Comité Central y Comando Nacional de Operaciones.

Desde entonces "se ordenará a los mandos territoriales y unidades del NEP que tomen plenamente la iniciativa en planificar, coordinar y ejecutar campañas militares y ofensivas tácticas" contra el Ejército, la Policía, paramilitares, narcotraficantes, espías y otros grupos armados, según el escrito.

El brazo armado del ilegal Partido Comunista atribuyó su decisión a que el Gobierno de Duterte, con quien mantiene negociaciones desde hace meses, "no ha cumplido con su obligación de amnistiar y liberar a todos los presos políticos" de la organización.

Además, acusó a las Fuerzas Armadas de Filipinas de perpetrar "acciones hostiles, provocaciones o movimientos, vigilancia y otras operaciones ofensivas" disimuladas como operaciones de paz o antidroga bajo el paraguas del alto el fuego.

El NEP, calificado de grupo terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, expresó, no obstante, su disposición a seguir negociando con Manila para poner fin al conflicto armado que ha causado cerca de 30,000 muertos en los últimos 47 años.