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Empresarios dedicados al cultivo, procesamiento y exportación de camarón en las playas del Estero Real, al occidente de Nicaragua, están preocupados por una demanda contra el Estado, de una familia chinandegana que pretende se le reconozcan derechos de propiedad sobre playas salitrosas, a pesar de que la ley establece desde hace un siglo que las playas pertenecen al Estado.

Las empresas camaroneras establecidas allí recibieron concesiones del Estado y pagan cánones de arriendo, desde hace 25 años. En el caso de la inversión más antigua, Camarones del Pacífico (CAMPA), hoy tiene un valor de al menos US$30 millones en un área de 1,400 manzanas.

Esa demanda al Estado, iniciada por la familia Navarro Soza, “crea, innecesariamente, un ambiente malo para la inversión”, afirma Alfredo Marín, secretario de la junta directiva de CAMPA.

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Ninguna de las empresas camaroneras ha sido demandada, pero CAMPA publicó un comunicado en los periódicos aclarando que “las playas no son privadas”, y cita la Ley Agraria de 1917, aún vigente. En el Estero Real, el gobierno ha dado en concesión un área de más de 6 mil manzanas para granjas camaroneras de capital nicaragüense y extranjero. Y el total concesionado por el Estado en esa zona llega a las 10,000 manzanas, al tomar en cuenta las concesiones a pequeños acuicultores. END

El ciudadano español José María Martín, representante de la empresa Jaime Soriano S.A., con granjas camaroneras en Honduras y en Nicaragua, dijo a El Nuevo Diario que están paralizando nuevas inversiones hasta que haya un fallo judicial sobre la demanda de la familia Navarro Soza.

“Cómo van a llegar ahora estos señores, diciendo que esto (la playa) es suyo. ¿De dónde? ¿Con qué base? No entiendo de dónde viene todo esto”, expresó Martín.

Indicó que en Honduras, como en Nicaragua, las playas del Estéreo Real son del Estado, el que da las concesiones y al que se le paga el canon de arriendo.

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Alfredo Marín explicó que por eso CAMPA emitió un comunicado, y dijo: “No podemos permitir que se use nuestro silencio para hacer algo incorrecto. Las playas han sido del Estado y ahora la familia Navarro Soza pretendería que todas las playas son privadas”.

La inversión total en granjas y plantas procesadoras de camarón en el lugar del Estero Real es de al menos US$200 millones y las exportaciones, el año pasado, fueron de unos US$120 millones.

Aunque las tierras de la familia Navarro Soza están a más o menos cuatro kilómetros de distancia de la costa, estos reclaman un área que se inunda de agua salada, tal como admiten en su demanda.

Si se inunda con agua salada-salitrosa por motivos de las mareas, esa demanda carece de validez, opina Alfredo Marín, porque la ley precisa que los mares y playas saladas adyacentes pertenecen al Estado. “Si se inundan con agua salada, son playas”, recalca.

En el Estero Real la marea se mete aproximadamente de quince a veinte kilómetros, relata Marín, quien inició el primer proyecto de crianza de camarones en 1989 con Antonio Lacayo Oyanguren, luego ministro de la Presidencia en el gobierno de Violeta Chamorro (1990 – 1997).

“El Estado hizo bien al dar las concesiones” a las empresas camaroneras, enfatiza Marín. “Son concesiones establecidas desde hace décadas”.

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Sin embargo, la presión legal que hacen estos demandantes contra el Estado podría afectar las inversiones en cultivo de camarón, por el temor de los inversionistas a que cambien las reglas en este campo.

“Nicaragua tiene muchos problemas, es un país pobre; cada gota de inversión, moja; así como cada gota que no caiga, duele. Nos parece que es un daño innecesario y, por eso, es importante que el sector privado saliéramos a dar la cara; cumplimos con nuestra obligación moral y profesional con Nicaragua”, reflexiona Alfredo Marín al referirse al comunicado publicado por su empresa.

“No es aceptable, para nosotros, el silencio”

Alfredo Marín, directivo de CAMPA, empresa que cultiva y procesa camarón en el Estero Real

¿Por qué la empresa CAMPA publica una aclaración sobre la propiedad de las playas, si nadie está demandando a CAMPA?

Aunque CAMPA no está siendo demandada, ni ninguna camaronera en la zona está siendo demandada, porque sería absurdo; tenemos 25 años pagando cánones. Si te quedas callado, estás permitiendo que se use tu nombre y tu silencio para que se pueda llevar a cabo una acción que yo considero que no es la más correcta. Ellos (los demandantes) me parece que estarían equivocados. Las playas, los esteros, las costas, todo eso, son del Estado y han sido del Estado de por vida. Lo que hace la ley de 1917 es restablecer eso. Son tan planos los esteros que las mareas se meten de quince a veinte kilómetros. Ellos dicen que es difícil dividir el terreno porque se inunda de agua salada. Con solo esa declaración queda totalmente negado cualquier intento de propiedad. Si se inunda con agua salada, pertenece al Estado. El terreno de ellos está a más de cuatro kilómetros del Lugar Playa Palo Herrado, que se inunda. ¿Cómo van a pegar ese brinco? Entonces, no es aceptable para nosotros el silencio, porque sería ser un cómplice del error. Alfredo Marín

¿Cómo se explica que la familia Navarro Soza haga esta demanda, si la ley es clara?

Estoy seguro que lo hacen de buena fe, pero si la ley les favoreciera tendrían un enorme beneficio económico porque en total, en el Estero Real, hay 40 mil manzanas en la misma condición, que son lugares- playas, que se inundan en la marea alta. Si esta primera iniciativa tuviera éxito, a alguien se le podría ocurrir que es un paquete enorme, pero esta gente no tiene un interés económico y andan buscando nada más que la verdad. Hay 40 mil manzanas que colindan con tierra firme. La ironía es que estos señores, que le están reclamando al Estado, no colindan con la playa, están a más de cuatro kilómetros de la playa. Uno de los argumentos de ellos, que no me explico cómo se les ocurrió usar, es que en una misma escritura pública se registran dos propiedades. Te voy a poner un ejemplo dramático: Una en León y una en Granada. Ellos dicen que en una finca que está aquí y en otra finca a cuatro kilómetros más allá, pasando por otra finca de por medio, también tienen un derecho de propiedad. Dicen que el notario se equivocó y se le olvidó registrar ese derecho hace 46 años. Quieren establecer la verdad porque pretenden ellos, creo yo, que todas las playas sean privadas. Y si ellos ganan esto, si ellos tuvieran razón, todas las playas de Nicaragua serían privadas. Si uno que ni siquiera es vecino de la playa, que está cuatro kilómetros adentro, dice que tiene derecho sobre la playa, imagínate cómo sería el rielazo. Insisto en que ellos no tienen mala intención de beneficiarse económicamente, sino que ellos, sencillamente, creen que tienen ese derecho y les hace ilusión tener esa playa o que el Estado los indemnice.

¿Qué consecuencias jurídicas tendría un fallo a favor de estos demandantes?

No soy abogado, pero, parece que en las playas del Estero Real y en todas las playas de Nicaragua la implicancia sería que el derecho de propiedad no sería después de la marea alta, sino de la marea baja.

¿Cuál será el siguiente paso de CAMPA?

Nosotros, en mi junta directiva, hemos hecho un esfuerzo por cumplir, como nicaragüenses, con lo que nosotros vemos que es lo establecido desde hace más de 100 años en la Ley de Nicaragua; y que era importante que se hiciera ese esfuerzo, a pesar de que nadie nos está demandando. El punto toral es que quede establecido de que no podemos estar jugando con cosas que ya están establecidas desde hace décadas, que son muy claras, por el daño que se le hace a Nicaragua. Los empresarios pretenden que haya transparencia de parte del gobierno, y no pueden, por eso, callar ante actos erróneos. El silencio de los empresarios, en casos como este, sería dañino para Nicaragua.

¿Qué efectos tiene esto en la inversión privada?

Ya hay reacción, porque están empezando a preguntar los españoles: “¿Qué está pasando?”. Estas señales son malas, porque es una cosa tan clara, establecida por más de 100 años, y no vengás a decir ahora que las concesiones que el Estado ha dado en las playas, desde el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro, estaban mal dadas. Le quita credibilidad. Si se inundan con agua salada, son playas, y si son playas son del Estado. Estas cosas, innecesariamente, crean un ambiente malo para la inversión. Si vos sos un empresario, decís, ¿y hay, después de 25 años vienen a decir que no? Son cosas que incomodan y oscurecen la realidad. Creo que no se han dado concesiones nuevas desde el gobierno de Enrique Bolaños

“Están jugando con el comer y el salario de 2,500 familias”

José María Martín, representante de la empresa española Jorge Soriano S.A., con inversiones en cultivo de camarón en Honduras y Nicaragua.

¿Qué opina sobre la demanda al Estado nicaragüense por una playa en el Estero Real?

Tengo total confianza en el Estado y el gobierno de Nicaragua, y estoy muy preocupado por la situación que estamos pasando, por estos señores (los demandantes).

¿Qué le preocupa? 

Creo que el Estado va a proteger los derechos de los inversionistas. Sí, estamos preocupados por no saber cuándo va a terminar esta situación. Tenemos US$15 millones invertidos entre CAMPA, la planta de proceso y la granja camaronera y queremos seguir invirtiendo, pero, no te sientes seguro hasta que se solucione esta situación.

Ustedes también tienen cultivos de camarón en Honduras. ¿Cómo son las reglas allá?

José María MartínEn Honduras, las concesiones son otorgadas por el gobierno de Honduras y renovadas, y pagas un canon por esa concesión, igual que en Nicaragua. Ese canon siempre se ha pagado religiosamente, sin atrasar ningún pago, y pagando esos impuestos.

¿Son similares a las vigentes en Nicaragua?

Sí, son igualitas, son renovables cada cinco años, cada 10 años, cada 20 años, y se renuevan sin ningún problema. Pagas el canon anual al Estado y son renovables. No hay ninguna… que tengas miedo de que no vaya a ser renovada. Estás haciendo una inversión y hay una ley y un acuerdo de protección de inversión. Nicaragua lo tiene, entre el gobierno de Nicaragua y el Reino de España; fue firmado en Managua por el ministro de Relaciones Exteriores. Entonces, yo me siento protegido y confío plenamente en el gobierno de Nicaragua.

¿Qué ha conversado de este asunto con otros inversionistas?

Están en la misma situación y cuando escuchan esto, claro… Llevo ya 20 años (en este negocio) y nunca he tenido tanta preocupación como la que he vivido en estos momentos. Entonces, queremos seguir invirtiendo, pero en estos momentos estamos paralizando prácticamente todo, porque ellos están jugando con el comer y el salario de 2,500 familias directas. No le puedo decir todo lo que hay indirecto, el de la ferretería, el que vende las bicicletas, el de la pulpería…

¿Ha hablado recientemente con algún funcionario de gobierno y se lo ha expuesto?

Yo directamente no, pero sí nuestro grupo ha estado hablando, han estado en varias conversaciones.

¿Qué respuestas han recibido?

Por parte del gobierno, que van a revisar, y creemos que se va a solucionar…

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