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En el aniversario del histórico acuerdo de paz en Colombia, la exguerrilla FARC denunció el viernes el incumplimiento de lo pactado, pese al compromiso del Gobierno de sacar adelante el convenio que alivió medio siglo de guerra interna. 

Aun cuando ha salvado miles de vidas, el acuerdo que significó el desarme y transformación en partido del grupo rebelde más poderoso de América, no despierta el entusiasmo general y en el caso de los exguerrilleros reina la incertidumbre. 

En el mismo Teatro Colón de Bogotá, donde sellaron la paz, el presidente Juan Manuel Santos y el excomandante guerrillero Rodrigo Londoño (Timochenko) se reencontraron y apenas estrecharon las manos antes de cada uno ofrecer su balance.

El jefe de la ahora llamada Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) fue enfático: “Lo que nos están implementando no fue el acuerdo que se firmó hace un año aquí”.

Previamente, Santos también cuestionó a su contraparte: “Hay quienes ven el vaso medio lleno y otros que siempre lo quieren ver medio vacío. Ahora las FARC, partido político, y la extrema derecha coinciden en esto último”.

El presidente y Londoño se reunirán durante la jornada para tratar los retrasos e incumplimientos del pacto con el que empezó a extinguirse un enfrentamiento con casi ocho millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados, y que involucra al narcotráfico y otros grupos armados.

“Ha habido demoras, ha habido dificultades, que hemos cometido errores, yo he cometido errores, pero estamos trabajando sin descanso para avanzar”, se defendió Santos, que dejará el poder en agosto. 

¿Qué convirtió en reproche lo que debía ser una fiesta? 

Traba legislativa 

El 15 de agosto las FARC entregaron a la ONU su último fusil. Casi 7,000 hombres y mujeres dejaron de combatir y las muertes por el conflicto, que al inicio de los diálogos llegaban a 3,000 por año, se redujeron a 78, según cifras oficiales.

Tras el desarme avalado por Naciones Unidas, las FARC, que mantuvieron sus siglas de guerra pero le dieron un nuevo significado, preparan su estreno electoral en los comicios de 2018. 

Pero el acuerdo de 310 páginas prevé además reformas rurales y políticas que no han salido del papel. Y lo que más preocupa es la suerte que pueda correr la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que juzgará los crímenes atroces cometidos durante el conflicto. 

El Congreso, con una inestable mayoría oficialista, todavía no reglamenta el sistema bajo el cual guerrilleros y militares podrán recibir penas alternativas a la cárcel si confiesan sus delitos, reparan a las víctimas y se comprometen a nunca más ejercer la violencia.

A juicio de la FARC, el Legislativo, que tiene hasta fin de mes para aprobar la normativa por vía rápida, pretende modificar lo acordado para perjudicarlos.

“El mismo Congreso que aprobó hace un año el acuerdo de paz, hoy está empeñado de modo vergonzoso en hacerlo trizas en una conducta que envilece al Estado colombiano”, clamó Timochenko.

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