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Al escuchar su nombre por los altoparlantes, Nubia Williams se puso de pie y caminó hacia la mesa ubicada en el centro del local. Avanzó, saludó y recibió los documentos. Fue cuando exhaló un suspiro de descanso, ya que después de tantos años, sus seis hijos dejaban de estar ilegales ante el Estado, pues le entregaron las partidas de nacimiento de cada uno de ellos.

“Estoy contenta, ahora mis hijos podrán tener cédula, y si un día tuvieran que estudiar fuera del municipio, no tendrán problemas”, dice la madre, ciudadana de Karawala, en la Desembocadura del río Grande. En promedio, uno de cada dos niños en la Región Autónoma Atlántico Sur legalmente no existe en Nicaragua. Karawala queda a cinco horas en panga de Bluefields y es el primero de cuatro municipios en esta región en el que, a finales de marzo, se realizó la entrega de certificados de nacimiento a niños y adolescentes.

El proyecto “Derecho a un nombre y una nacionalidad” se inició en diciembre del año pasado en la Desembocadura del río Grande, Kukra Hill, El Rama y Muelle de los Bueyes. El acto de la entrega, que se realizó en Karawala, así como en las comunidades de Sandy Bay, Walpa, La Barra y Kara, a finales de marzo, es la parte culminante de este programa de inscripción de personas en el Registro Público.

Desde 2005, varios organismos como Unicef, Save the Children y Plan Internacional, a través de ONG locales, se dedican a la lucha contra el fenómeno del subregistro infantil, junto con las oficinas de los registros civiles de las alcaldías y los jueces locales, a los cuales se ha sumado el Consejo Supremo Electoral. En los primeros tres años, 96 mil niños fueron inscritos en la Región Autónomo del Atlántico Norte.

En Karawala viven un poco más de 3 mil habitantes; 1,283 son niños y niñas que en el acto de entrega recibieron su partida de nacimiento, lo que representa casi la mitad de la población municipal. Según Bryan Hunter, Director de la organización no gubernamental Save the Children en Nicaragua, con esta cifra se logró reducir a cero el subregistro en este municipio para este año. Hunter está satisfecho con el resultado, ya que muestra “que con poca inversión y en muy poco tiempo se puede lograr bastante si todas las autoridades relevantes trabajan juntas.”

Vigilar estadísticas
Al mismo tiempo, Hunter se permite una autocrítica, al decir que más allá de contar cuántos niños han sido registrados, sería necesario chequear dentro de un año si los resultados han cambiado, si realmente los mecanismos de registro funcionan. “No sólo quiero asegurar que se logró el cero subregistro infantil, sino también que no hay niños que han quedado fuera de nuestro alcance”, especifica él.

El mismo interés en asegurar la sostenibilidad manifiesta Hugo Rodríguez, consultor en el Registro Civil del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Para él, este proyecto de inscripción “pone un parche donde hay una fuga, ya que el Registro Civil cuenta con una legislación obsoleta, hecha en una época cuando el vehículo más veloz era una carreta de bueyes”.

Con esto, Rodríguez hace referencia al Código Civil del año 1904, que regula el Registro del Estado Civil de las personas por medio de los artículos 499 hasta el 595. Unicef, junto con los organismos antes citados y otras organizaciones civiles, actualmente está promoviendo una nueva legislación, que según él pueda eliminar las barreras legales que impiden a miles de niños y niñas ser inscritos de manera fácil en las oficinas del Registro Civil. La iniciativa de la reforma se lanzó en mayo 2008 y actualmente está siendo estudiada por la Comisión de Población, Desarrollo y Municipios de la Asamblea Nacional.

Una de estas barreras, por ejemplo, son las multas establecidas en el Código Civil para los padres que no inscriben a su hijo en los primeros ocho días después del nacimiento. La multa en principio es de cinco córdobas. “Pero cada alcaldía tasa a su manera; algunos no cobran nada, otros, para emitir certificados de negativas de nacimiento, cobran hasta 100 córdobas por cada año que pasa sin que el niño sea inscrito”, cuenta Rodríguez.

Extender cobertura

A parte de las barreras legales y administrativas, están las geográficas, como son las largas distancias y el difícil acceso que impide a miles de padres y madres llegar hasta las cabeceras municipales, donde funcionan las oficinas de registro. José Luis Villavicencio, Magistrado del Consejo Supremo Electoral, conoce bien el problema de la lejanía en esta región: “Estamos estableciendo una coordinación para crear nuevas subsedes de las alcaldías en las zonas rurales, para que registradores auxiliares puedan alcanzar las zonas rurales”. Estos registradores provisionales funcionan como delegados que anotan el nacimiento de una persona en libros provisionales y trasladan los datos al registrador civil. Otra forma para combatir la lejanía son, según el magistrado, registros móviles que se trasladan de un municipio a otro.

Unicef estima que los gastos por cada municipio son de 30 mil dólares. El Consejo Supremo Electoral no tiene ningún aporte financiero en estos proyectos, y los fondos del trabajo con el subregistro no están cubiertos por el gobierno. Para evitar que no se incremente el subregistro infantil de nuevo, el magistrado Villavicencio estima que el gobierno tendría que proporcionar entre 20 y 25 millones de córdobas anuales.

En cuanto a la iniciativa de reformar el Código Civil, dice estar de acuerdo con que haya una actualización, para que se puedan legalizar nuevas prácticas, como las subsedes y la digitalización del Registro Civil. Pero se opone a un “sistema de inscripción demasiado abierto, sin suficientes controles, en el que cualquier persona, que no sea el hospital, la partera autorizada o alguna autoridad local, pueda certificar un nacimiento para la inscripción en el Registro Civil.”


Comadronas facultadas por ley, pero bloqueadas
Especialistas consultados destacaron el hecho de la actual ley ya despeja los problemas de subregistro al facilitar que las parteras y comadronas están facultadas a emitir constancias de nacimiento.

Sin embargo, a las más de 5 mil parteras en el país “administrativamente no se les permite emitir constancias de nacimiento, sino que sólo los médicos las pueden extender. Pero no todas las unidades de salud cuentan con médicos, y las brigadas de salud no logran cubrir a todas las comunidades, lo cual constituye una gran barrera que facilita la existencia de un subregistro infantil de los más altos del Continente”, explica Hugo Rodríguez de Unicef.