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Guatemala empezó el juves  a revivir uno de los episodios más lúgubres de su pasado con el inicio de un juicio a cinco militares retirados acusados de la desaparición forzada del joven de 14 años Marco Antonio Molina Theissen y las violaciones reiteradas a su hermana Emma Guadalupe hace casi 37 años.

Ante el Tribunal de Mayor Riesgo C que juzgará esta causa, se personaron este jueves la familia de Marco Antonio y los cinco militares acusados de delitos de lesa humanidad y violación, Francisco Gordillo, Edilberto Letona, Hugo Zaldaña, Manuel Callejas y Benedicto Lucas García, aunque a estos últimos tres les suman desaparición forzada por el joven que aún están en paradero desconocido.

Los abogados de los cinco ancianos acusados pidieron, atendiendo a razones humanitarias por su delicado estado de salud y su edad, que los militares puedan comparecer por videoconferencia hasta el día en el que se dicte su sentencia, pues no se les garantizan las condiciones humanas básicas.

La defensa de Gordillo, comandante de la base militar “Manuel Lisandro Barrillas” de Quetzaltenango -donde estuvo secuestrada Emma Guadalupe durante 9 días- explicó que los ancianos son trasladados “como perros” y que su patrocinado fue herido este jueves en una muñeca.Marco Antonio Molina Theissen

Pero el Tribunal, presidido por el juez Pablo Xitumul, denegó esta petición argumentando que todos los sujetos procesales tienen “el derecho y el deber” de escuchar todo lo que pase en este debate de principio a fin ade “viva voz”, por lo que desestimó la solicitud y en su lugar pidió un examen médico a dos de ellos.

A este diagnóstico, que deberá elaborar el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, serán sometidos el propio Gordillo y Lucas García, quien fue jefe del Estado Mayor de la Defensa entre 1981 y

1982 y que supuestamente ha sufrido ya tres operaciones y tiene programada otra de colon para el sábado 10 de marzo.

Tomando en cuenta la situación de los sujetos procesales, el Tribunal advirtió que no celebrará audiencias ni todos los días ni todas las semanas y programó la siguiente vista para el próximo lunes, después de que algunos de los acusados se declararán este primer día inocentes de los cargos que se les imputa.

Año 1981

Era el 6 de octubre de 1981 cuando Marco Antonio, en ese entonces de 14 años, estaba en su casa con su madre y dos sujetos armados entraron a la fuerza para llevarse al niño. Lo ataron con grilletes, lo metieron en un costal y luego lo introdujeron en la parte trasera de un vehículo con placas oficiales.

Era la última vez que Emma, perteneciente a una familia considerada “subversiva” por sus críticas al Gobierno, vería a su hijo, pero no era la primera vez que sufría los embates de la guerra que por 36 años (1960-1996) desangró al país.

Una semana antes, la hermana de Marco Antonio, Emma Guadalupue -militante de la Juventud Patriótica del Trabajo- fue detenida y retenida durante nueve días en la base militar de Quetzaltenango, donde fue golpeada, interrogada y torturada, además de sufrir múltiples violaciones sexuales.

Emma Guadalupue escapó, pero unos días después, por su huida y debido a que no la encontraron en casa, se llevaron a Marco Antonio, un caso que ve por fin la luz más de 20 años después de la firma de la paz, cuando aún hay miles de familias que siguen buscando la verdad, dijo la experta en justicia transicional Jo-Marie Burt.

En este inicio de debate, donde la Fiscalía presentó sus primeros argumentos, la defensa de los militares pidieron “no retorcer la ley” y aseguraron que la fiscalía y los querellantes adhesivos en el proceso están “haciendo un montaje”, un hecho que van demostrar en todo este juicio.

La defensa de García aseguró que aunque lo que sucedió durante la

guerra civil “no fue agradable”, hay manuales que explican la existencia de “dos posiciones” que se consideraban enemigas entre ellas, pero nunca hubo la figura “del enemigo interno” ni un plan de guerra.

“Los niños fueron víctimas de un grupo que peleó por imponer una ideología, un sistema político nuevo, y un grupo que defendía el sistema actual, el que estaba imperando en el momento”, resumió.

Criticó además que acusen al Ejército de ser “una organización criminal” al estilo de “las FARC, los cárteles del narcotráfico o las maras”, cuando se trata de una institución del Estado recogida en la propia Constitución.

Estas declaraciones se producían mientras dos familiares de los retirados criticaban en voz baja a las víctimas. Las dos mujeres, según escuchó Acan-Efe, acusaban a los indígenas de “tener piojos, ir mal vestidas”, ser unas “muertas de hambre” que “no se peinan” y que no quieren trabajar, solo quieren dinero del “resarcimiento”.

En el 2004, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) determinó la responsabilidad internacional del Estado guatemalteco por la desaparición forzada de Marco Antonio y en su sentencia de reparaciones ordenó que se llevara adelante un proceso para identificar, juzgar y sancionar a todos los responsables.

El lunes está previsto que se continúe con este proceso a puerta abierta, a pesar de que la defensa de los militares intentó que se prohibiera la entrada a los medios de comunicación.