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Un Tribunal de Guatemala ordenó el jueves la realización de un examen médico a dos de los cinco militares retirados acusados de la desaparición forzada del joven Marco Antonio Molina Theissen y las violaciones reiteradas a su hermana Emma hace casi 37 años.

La decisión la adoptó el Tribunal de Mayor Riesgo C durante el primer día de juicio en contra de Manuel Benedicto Lucas García, quien perteneció al Estado Mayor del Ejército entre 1981 y 1982; Manuel Antonio Callejas, exjefe de Inteligencia Militar; los coroneles Francisco Luis Gordillo Martínez y Edilberto Letona Lina,comandante y subcomandate de la base donde estuvo secuestrada Emma, y Hugo Ramiro Zaldaña Rojas, ex S2 del Estado Mayor.

El examen, que deberá practicar el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, se le deberá practicar a Lucas García y a Gordillo, después de que la defensa de este último solicitara que todos los acusados comparecieran por videoconferencia en este caso atendiendo a razones humanitarias, pues los acusados tienen entre 70 y 80 años.

Esto debido a un incidente que tuvo lugar este miércoles cuando trasladaban a Gordillo a Torre de Tribunales, pues supuestamente lo hirieron en las muñecas por las esposas cuando eran trasladados “como si fueran perros” en la palangana de un vehículo.

“Mi patrocinado fue víctima hoy de ese hecho. No quiero que sea un circo esto. Tienen más de 80 años 4 de los 5 acusados”, manifestó el letrado, y agregó que en el caso de pandilleros de alta peligrosidad se les otorga esta medida.

Pero el Tribunal, que atendió esta petición para los cinco militares retirados, denegó el planteamiento y ordenó el examen médico a los dos mencionados, aunque dijo que tendrá en cuenta la integridad y la salud de los acusados y no realizará audiencias ni todos los días ni todas las semanas.

Los militares retirados fueron arrestados en enero de 2016 por la captura, tortura y violación de Emma Molina, el 27 de septiembre de 1981 cuando se dirigía de Quetzaltenango a la capital.

La mujer fue llevada a la base militar de ese departamento donde fue torturada y violada, pero logró escapar de ese cuartel nueve días después, aunque en represalia por su fuga, los militares secuestraron en la capital el 6 de octubre de 1981 a su hermano Marco Antonio, de 14 años, quien hasta ahora sigue desaparecido.

La familia espera que los militares retirados sean sentenciados y que el juicio permita que les entregue los restos del menor.

En el 2004, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) determinó la responsabilidad internacional del Estado guatemalteco por la desaparición forzada de Marco Antonio y en su sentencia de reparaciones ordenó que se llevara adelante un proceso para identificar, juzgar y sancionar a todos los responsables.