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  • EFE

La operación antidrogas en Bangladesh, comparada por activistas de derechos humanos con la del presidente filipino, Rodrigo Duterte, dejó ayer 9 muertos, elevando el total en los últimos diez días a 59, además de 3.300 detenidos, una campaña con la que el Gobierno busca acabar con el “tsunami” de las drogas.

Poco después del mediodía, en el norteño distrito de Gaibanda, la Policía mataba como parte de la operación antidroga a un supuesto narcotraficante con una docena de casos contra él desde 2005, dijo a Efe un portavoz de la Policía local, Khan Mohammad Shahriar. 

Su muerte elevaba hasta 59 el total de supuestos narcotraficantes caídos en diferentes puntos de todo el país desde que el pasado 15 de mayo se produjo el primer fallecido en la operación, 9 de ellos en las últimas horas, según confirmaron a Efe varias fuentes de las fuerzas de seguridad bangladesíes.

Entre ellos, 20 murieron a manos del Batallón de Acción Rápida (RAB), un cuerpo de elite policial, y 39 en choques con la Policía, de acuerdo con esas fuentes, ya que el Gobierno no ha facilitado un informe oficial global sobre estas acciones.

Mizanur Rahman, ayudante principal del director del Batallón RAB, añadió además a Efe que también han “arrestado a unas 3,300 personas en la operación” y afirmó que condenaron a penas de multas y cárcel a 2,795 traficantes y consumidores de estupefacientes en juicios realizados por tribunales itinerantes.

La primera ministra, Sheikh Hasina, anunció el pasado 3 de mayo el lanzamiento de la operación antidrogas destacando la campaña contra grupos insurgentes en la que han muerto decenas de supuestos yihadistas en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y miles de personas resultaron detenidas.

“Hemos logrado el éxito en las operaciones contra los insurgentes. Ahora tendrá que continuar contra el abuso de drogas”, dijo Hasina entonces, a apenas días para el inicio del mes sagrado del Ramadán.

Obaidul Quader, secretario general del partido gubernamental Liga Awami y ministro de Transportes, reafirmó hoy en declaraciones a la prensa en Narayangaj, en el centro del país, que seguirán el mandato de Hasina contra las drogas, un mal que se “extiende como un tsunami por las aldeas” de todo el país.

El problema con las drogas en Bangladesh se centra sobre todo en dos sustancias, la Yaba o “medicina loca” en tai, que se distribuye en tabletas de pastillas provenientes sobre todo de la vecina Birmania (Myanmar) y que es un potente estimulante, y el jarabe para la tos Phensedyl, procedente de la India y que sustituye al alcohol.

El director general del Departamento de Control de Narcóticos de Bangladesh, Jamal Uddin Ahmed, explicó a Efe que esta “campaña especial” resulta fundamental para que sea exitosa la lucha contra el consumo de estupefacientes, muy expandido en todo el país y que ha alcanzado ya a la base social, el “ámbito comunitario”.

Sin embargo, activistas de derechos humanos en Bangladesh, como el abogado Jotiirmoy Barua, han denunciado esta campaña tildándola como ilegal al considerar que “los indicadores apuntan a que la campaña es similar a la que está en marcha en Filipinas”.

Las fuerzas de seguridad bangladesíes y en particular el RAB han sido acusados reiteradamente por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos de asesinatos extrajudiciales en supuestos enfrentamientos con criminales y terroristas.

Ruhul Kabir Rizvi, secretario adjunto del Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP), la principal formación opositora, también criticó el modo en que se estaba desarrollando la operación antidrogas, al optar por la violencia en lugar de la vía judicial.

“Nadie tiene el derecho de agarrar a alguien y matarlo de manera ilegal. El Estado tiene la responsabilidad de llevar al criminal ante la justicia”, afirmó a Efe Rizvi, que aseguró que detrás de esta campaña el Gobierno tiene “motivaciones políticas”.

Las próximas elecciones generales en Bangladesh están previstas para finales de este año. EFE