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El Ministerio de Salud (Minsa), la Dirección General de Aduanas (DGA) y el Ministerio Agropecuario y Forestal (Magfor), han autorizado de manera irregular la nacionalización y comercialización de por lo menos 2,200 cajas de cigarrillos en los últimos seis meses, confirmaron indagaciones de EL NUEVO DIARIO.

Esas autorizaciones le han provocado al Estado de Nicaragua pérdidas que superan los 2.8 millones de córdobas, pues han legitimado dos casos de contrabando aduanero; y al mismo tiempo, han puesto en riesgo la salud de miles de consumidores, ya que los cigarrillos no cumplen con las leyes nicaragüenses en materia de control de comercio y de sanidad.

El asunto es investigado por la Policía Nacional y por el Ministerio Público, pero se ha manejado a “bajo perfil” por las implicaciones que tiene.

Primer caso

El primer caso fue en noviembre del año pasado, cuando un cargamento de 1,000 cajas de cigarrillos marca Silver Elephant, Goleen Deer y Win, fue retenido por un inspector sanitario del Silais Managua, en presencia de autoridades de la Dirección de Investigaciones Económicas de la Policía Nacional (DIE). Las 1,000 cajas se traducen en 500 mil cajetillas de cigarrillos.

En este caso se vio involucrada Isabel de la Concepción Martínez Paz, quien es su cónyuge en unión de hecho, de José Francisco Torres Montoya, un chinandegano que es gestor de aduanas. Martínez Paz hizo una importación ocasional, según factura DTI C235825, la cual demuestra que pagó 65 mil 15 dólares en Panamá por los cigarrillos.

Los involucrados, al ser capturados con los cigarrillos, recurrieron ante el director general de Aduanas, Eddy Medrano Soto, solicitándole que consultara al Ministerio de Salud, Minsa, si había algún problema con nacionalizar y comercializar el producto.

El 12 de noviembre de 2008, José Enrique Medina López, Director de Salud Ambiental y Epidemiología del Silais Managua, dirigió una carta a Medrano, en la que informó que la mercancía retenida no podía ser ingresada ni distribuida dentro del país.

“Estos cigarrillos no cumplen con la legislación nicaragüense vigente por no presentar fechas de vencimiento; las leyendas están escritas en inglés y su procedencia es incierta”, señaló.

“Por tanto, en uso de las facultades que la ley me confiere (Ley General de Salud y su Reglamento), basados en la Ley de Defensa de los Consumidores (Ley 182), y su Reglamento, y lo establecido en el Código Procesal Penal, esta autoridad no da lugar a la nacionalización de estos productos”, concluyó Medina.

Extraño cambio un mes después

Pero, inexplicablemente, un mes después, el mismo doctor Medina López, envió al titular de Aduanas otra carta, en la que consigna que “por esta vez, dichos productos pueden ingresar y comercializarse en el país conforme las normas de aduanas y de comercio vigentes”.

En dicho documento, fechado el 11 de diciembre de 2008, el funcionario del Silais-Managua justificó su cambio de veredicto, según él, tras haber “realizado las consultas técnicas y jurídicas correspondientes con las instancias respectivas del Ministerio de Salud”, y después de haber revisado “la documentación presentada por los interesados”.

El Código Penal en su artículo 330, del capítulo de Delitos contra la Salud Pública, señala que “el que, sin hallarse autorizado por el organismo competente, elabore, despache, suministre o comercialice sustancias nocivas para la salud o de uso restringido, será penado con prisión de seis meses a tres años e inhabilitación especial por el mismo período para ejercer, según el caso, profesión, oficio, industria o comercio relacionado con la conducta delictiva”.

Isabel Paz, al presentarse como “importadora ocasional”, no pagó los impuestos que la industria formal paga a la Dirección General de Ingresos (DGI), al comercializar el producto.

Intentamos conversar con el doctor Medina López para conocer su opinión sobre este asunto. Le dejamos un recado telefónico en su despacho la semana pasada, pero no respondió. También buscamos a Medrano en la DGA, pero éste se excusó de hablar y nos remitió a su vocero, quien prometió una versión que al final no brindó.

Segundo lote también clandestino

El segundo caso ocurrió en abril pasado. Esta vez, un lote de 1,200 cajas de cigarrillos que entró al país procedente de Panamá el 5 de ese mes, fue retenido por Policía Nacional y ocupado por la DGA. En este caso las 1,200 cajas se traducen en 600 mil cajetillas de cigarrillos.

En la operación también participó el gestor de Aduanas José Francisco Torres, según la información en manos de la Policía y del Ministerio Público.

La compra del producto en Panamá, así como la importación del mismo a Nicaragua, fue a nombre de Celia Auxiliadora Grijalva Villalta, quien es tía de Carlos Dávila Grijalva, un vendedor informal de cigarrillos del Mercado Oriental, quien según las indagaciones policiales, se conoce con Torres.

Las marcas de los cigarrillos que se pretendía importar y comercializar eran Silver Elephant, Goldeen Deer y Win, es decir, las mismas del primer caso, y todas ellas se encuentran en local de Carlos Dávila Grijalva en el Mercado Oriental.

¿Qué hace la Dirección de Alimentos aquí?

En esta ocasión, el Minsa y el Mag-For dieron luz verde para que el producto entrara sin problemas al país.

Edgardo Pérez, Director de Regulación de Alimentos del Minsa, que no tiene nada que ver con salud ambiental, envío una carta a comisionado Javier Obando, jefe de la DIE de la Policía Nacional, en la que le informa: “El Ministerio de Salud no tiene objeción para el ingreso de los cigarrillos a nombre de la Sra. Celia Auxiliadora Grijalva Villanueva”.

En tanto, el Mag-For emitió el permiso fitosanitario número 215129 con fecha de 1 de abril de 2009, con el cual, pese a señalarle los estrictos requisitos que debe cumplir la mercancía de Grijalva, le autoriza el ingreso del lote de cigarrillos. Según el mismo documento, el producto es originario de China.

Grijalva habría pagado 78 mil dólares por la mercancía, equivalentes de un millón 420 mil 368 córdobas, del pago de Derecho Arancelario de Importación, DAI, el Impuesto Selectivo al Consumo, ISC, y el Impuesto al Valor Agregado, IVA.

Sin embargo, este producto no pagó el 10 por ciento de Impuesto Sobre la Renta (IR), según el Reglamento de la Ley No. 453, Ley de Equidad Fiscal, de junio de 2003.

Se retendrá “el 10 por ciento a toda persona natural o jurídica importador que no se encuentre inscrita en las Administraciones de Rentas de la DGI, o que estando inscrita su actividad principal no sea la importación, aplicado sobre el valor en aduana de la Declaración o del Formulario Aduanero de Importación que sea mayor al equivalente en moneda de curso legal al tipo de cambio oficial a US$ 2,000.00”.

Grijalva no se encuentra inscrita bajo la figura de Grandes Contribuyentes, y, por tanto debía pagar este tributo, equivalente de 277 mil 226 córdobas.

La Defraudación Aduanera, según el Código Penal, se aplica a “quien eluda total o parcialmente el pago de los derechos e impuestos en la importación o exportación de bienes y mercancías”.

Enorme defraudación

La información revela que por el ingreso ilegal de esta última mercadería, la DGI dejó de percibir dos millones 509 mil 35 córdobas, en tanto la Alcaldía de Managua, 54 mil 891 córdobas. Esto, porque la industria tabacalera formal rinde sus tributos una vez que comercializa el producto, y siendo Grijalva una importadora informal, no se preocupó del pago de esa tasa tributaria.

El perjuicio económico para el Estado de Nicaragua, sólo por este caso, sumados los 277 mil 226 córdobas que no pagó el producto de IR, asciende a dos millones 841 mil 152 córdobas, según cálculos de la Policía Económica.

El segundo jefe de la DIE, comisionado Teodoro Bustamante, confirmó que han tratado de hablar con Celia Grijalva, sin éxito. Indicó que la ubicaron en la zona ocho de Ciudad Sandino, pero al momento de visitarla no se encontraba.

Añadió que en esa visita pudieron observar que no tiene capacidad para ser importadora, porque no tiene establecimiento, registros financieros ni facturaciones.

“La señora ha sido citada tres veces y no ha comparecido”, dijo. Precisó que quienes están “dando las vueltas para liberar el producto” son Carlos Dávila Grijalva y Francisco Torres.

Atentan contra la vida, el Estado y la industria

Carmen Hilleprandt, Gerente de Asuntos Corporativos y Legal de British American Tobacco Central América (Batca), dijo sentirse verdaderamente sorprendida por el hecho de que entidades gubernamentales hayan dado su visto bueno para que cigarrillos de contrabando ingresaran al país.

“Darle salida a estos productos es legitimar lo ilegal e impulsar más esta práctica anómala, y dice que viene de China, sin especificar quién lo distribuye. Esto significa legalizar el contrabando e ir en contra de la industria formal”, reclamó.

“Esta gente (los contrabandistas) no responde por asuntos como el vencimiento del producto, si tiene moho, si fue alterado, ni se ocupa de la distribución que implica costos para nosotros, y por eso el contrabandista te vende el producto en 50 por ciento menos. Eso nos pone en una desventaja competitiva”, explicó.

Esto, porque el tabaco paga el Impuesto Selectivo del Consumo, paga el IVA en dos etapas, la primera en Aduana equivalente al 42 por ciento de los impuestos entre IVA y el ISC; y la segunda es en la administración tributaria, en donde se paga el 65 por ciento.

Diputado Callejas: “Algún mimado hay aquí”

Luis Callejas, promotor de la iniciativa de “Ley para el Control del Tabaco”, y miembro de la Comisión de Salud y Seguridad Social, dijo que las autoridades de gobierno deben explicar de qué se trata el asunto.

“Esto viola abiertamente la Ley General de Salud, la Ley del Consumidor y la Ley de Derechos Humanos de los No Fumadores, además, que es un irrespeto para todos aquellos que fuman, porque les van a vender un producto del que nadie sabe decir de dónde viene y lo que contiene”, dijo.

Recordó que Nicaragua ratificó el año pasado el Convenio Marco de Control del Tabaco (CMCT), un instrumento internacional que procura batallar contra el tabaquismo.

“Ese convenio debe respetarse, y cuando vemos que autoridades de Salud, Aduana y otros, se ponen de acuerdo para dejar entrar este tipo de productos, lo que uno piensa es que algún mimado hay metido, al que le están haciendo el favor para que meta contrabando”, sostuvo el legislador.

Añadió que la postura de las autoridades de Salud en el caso debería ser confiscar el producto y proceder a destruirlo de inmediato, así como pedir explicaciones a los implicados.

Inspección “in situ” y ninguna aclaración

END confirmó que los cigarrillos se venden en un módulo del Mercado Oriental en Managua, ubicado, de las oficinas de la Estación IV de la Policía Nacional, una cuadra al norte 75 varas al este, en el lugar conocido como “Palmerito Chapín”.

Visitamos el sitio la tarde del viernes, y logramos conversar con Carlos Dávila Grijalva, de 38 años, quien según nuestras indagaciones se encargaría de comercializar las 1,200 cajas de cigarrillos.

Durante el encuentro, la persona negó haber realizado algún acto de contrabando, y aseguró que el producto aún se encontraba en poder de las autoridades aduaneras.

Le solicitamos que nos mostrara documentación que confirmara que la importación de la mercancía se realizó legalmente, pero no fue capaz de mostrar un solo papel, así como tampoco nos permitió el ingreso a la bodega donde había almacenada decenas de cartones sellados, para verificar si se trataba del cigarrillo retenido inicialmente por las autoridades aduaneras. “Andá preguntales a ellos. ¿Acaso me han entregado el producto? Esas cajas no están aquí”, respondió Dávila, quien sostuvo durante todo el tiempo, que “ese cigarro es legal”.

“¿Si al final le entregan el paquete que está retenido en Aduanas, como dice usted, entonces lo va a vender?”, le preguntamos. “Pues claro”, contestó.