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Nadie ha podido hablar con Guligeina Tashimaimaiti desde diciembre, cuando decidió regresar a la región china de Xinjiang preocupada por el acoso a sus padres. Ahora está retenida en uno de los campos de reeducación del Gobierno y su único delito es ser uigur, minoría étnica de religión musulmana.

“No puedo soportar este dolor. No he escuchado su voz en casi un año. Somos seres humanos. Es algo intolerable”, dice emocionada Gulzire, al recordar a su hermana pequeña, de 31 años.

Habla con Efe desde Alemania, donde vive con su marido y sus dos hijos desde hace ocho años. “Tengo miedo”, dice, al reconocer que no puede hacer nada para ayudarla.

Su caso se suma al de cientos de miles de familias que sufren la represión sistemática de las autoridades chinas en Xinjiang, donde el Gobierno realiza detenciones arbitrarias y masivas con el pretexto de luchar contra el terrorismo y el extremismo.

Mientras China la considera una terrorista en potencia, Guligeina acaba de terminar su tesis en la Universidad de Tecnología de Malasia y estaba a punto de empezar un doctorado. Pero ni siquiera pudo asistir a su ceremonia de graduación porque China se lo impidió.

Nació en Yili (Xinjiang), a donde decidió viajar el año pasado cuando supo que su padre había sido interrogado por la Policía, al parecer, porque ella y su hermana estaban viviendo en el extranjero.

Incluso, le amenazaron con detenerlo si sus hijas no volvían. Desde que pisó Xinjiang, su familia ha perdido el contacto con ella. “Un amigo me dijo por WeChat -el WhatsApp chino- que había sido llevada a un centro de reeducación”, cuenta Gulzire, que desde hace meses no puede contactar con su hermana, ni con sus padres.

“Mis padres ya no responden a mis llamadas y me borraron de WeChat”, dice, algo que muchas familias uigures se ven forzadas a hacer para no meterse en problemas con la Policía, ya que hablar con personas en el extranjero puede ser motivo de arresto.

Campos de reducción

Cerca de un millón de musulmanes en la región se encuentran detenidos -sin estar acusados formalmente de ningún delito- en campos de reeducación, donde organizaciones internacionales como Amnistía Internacional (AI) denuncian que se producen muertes bajo custodia, torturas y “lavados de cerebro”.

Pese a la presión internacional, China defiende las medidas y asegura que buscan combatir las actividades separatistas y terroristas, así como mantener la seguridad nacional.

“Hay gente que ha muerto en los centros de reeducación y los cadáveres han sido enterrados sin ser llevados a sus casas”, asegura Gulzire, atemorizada por lo que le pueda ocurrir a su hermana en uno de esos centros, donde exdetenidos han alertado de suicidios de otros presos.

También Bota Kussaiyn está muy preocupada por su padre, Kussaiyn Sagymbai, de 54 años, encerrado en uno de estos centros desde noviembre del año pasado.

Toda la familia vivía en Kazajistán desde hacía unos años, pero su padre, que todavía no tiene la nacionalidad kazaja, decidió volver a China para ir al médico. Fue entonces cuando le detuvieron.

“Tengo ganas de escuchar su voz, porque ahora ni siquiera sé si está vivo”, afirma a Efe entre lágrimas Bota Kussaiyn. “Tenemos miedo. Cada día estoy atenta a las noticias, pero cada vez tenemos menos esperanza”, lamenta.

Según le han contado, fue arrestado por haber estado viviendo en Kazajistán. “Mi padre solo es un campesino y pastor”, dice, “muy buena persona y nos ha educado (a sus hijos) para que lo seamos”.