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II Parte

Cuando el Estado de Nicaragua por medio de la Procuraduría General de Justicia intentó inscribir a su favor la finca “La Garnacha”, por la cual se pagó en 1996 una indemnización de 9.2 millones de córdobas a Josefa Reyes, madre del presidente del Consejo Supremo Electoral, CSE, Roberto Rivas Reyes, se encontró conque el bien estaba a nombre de Reynaldo Castillo Valenzuela, y, por tanto, no pudo hacerlo.

Documentos en manos de EL NUEVO DIARIO y testimonios recogidos durante esta investigación, demuestran que el pago de esa indemnización hecha efectiva el 3 de diciembre de 1996 no tenía sustento legal, pues se hizo con base en Escrituras Públicas que se encontraban “suspensas” al momento del reclamo.

“Posterior al otorgamiento del finiquito, el notario del Estado procedió a solicitar la inscripción del inmueble referido, recibiendo una Declaración Denegatoria, por existir una inscripción a favor del Sr. Reynaldo Valenzuela Castillo”, dicen documentos de la Procuraduría General de la República (PGR) que forman parte del expediente del caso Ranchería.

El pago se hizo un mes y siete días antes de que doña Violeta Barrios de Chamorro entregara el poder a Arnoldo Alemán. En ese entonces, el ministro de Finanzas era Emilio Pereira Alegría, y, según una investigación de la Oficina de Cuantificación de Indemnizaciones, OCI, el arreglo se efectuó en el protocolo del hoy fallecido abogado Francisco Lezama, en una reunión celebrada en el cuarto piso del edificio del Ministerio de Finanzas de aquel momento, en lo que muchos conocieron como los arreglos “extra OCI”.

Ni Reyes ni el Estado se personaron en demanda

La revisión del expediente en la PGR demuestra que Reynaldo Valenzuela Castillo, con base en una sentencia firme dictada por la juez primero de Distrito del Crimen de Matagalpa, Eveling Betancourt, el 6 de noviembre de 1996, fue declarado como dueño en posesión y dominio de La Garnacha.

En la sentencia que tuvimos a la vista, se observa que Valenzuela compró La Garnacha a miembros de la ex Resistencia Nicaragüense en 1992. La demanda de Reynaldo Valenzuela fue contra la sociedad Ranchería, para que depusieran posiciones sobre la propiedad que había sido confiscada.

El “Informe del caso Josefa Reyes de Rivas”, de la OCI, elaborado en junio de 1996 por el asesor legal de esa entidad, Luis Vega Miranda, indica que llamó mucho la atención que si hubo una demanda en contra de Ranchería, de la que formaba parte La Garnacha, la mamá del titular del CSE debió oponerse, o, en último caso, hacer saber al judicial de la causa que no estaba en posesión de la finca, pero eso no ocurrió.

“La Garnacha estaba en trámite de ser traspasada al Estado, el que tenía supuestamente un derecho posesorio y debió ser oído en la demanda, pero eso tampoco ocurrió”, indica el documento de Vega, quien confirmó en entrevista con END la autoría y contenido del mismo.

La Garnacha está en Muy Muy. Se trata de la propiedad No. 19093 que formaba parte de la sociedad Ranchería, de la que era socio mayoritario el general Rigoberto Reyes, padre de Josefa Reyes, cuando fue confiscada en los años 80 con base en los decretos tres y 38.

Una promesa de venta que se haría efectiva a la muerte del general Reyes, indicaba que una cuarta parte de Ranchería quedaría a Rigoberto Reyes Herrera, a Mariano Reyes Herrera y a Leana Reyes Castro; una cuarta parte a Josefa Reyes de Rivas, quien adquirió el asiento cuatro, otra cuarta parte a Enrique, María y Eduardo Reyes Iduya, y la última cuarta parte a Danilo Blandón y Julio Blandón Reyes. Todos ellos tendrían 404 manzanas, pero gracias a la medición de un ingeniero particular, en el caso de doña Chepita aumentaron hasta 730.

No hubo libertad de gravamen

En el expediente que guarda en sus archivos la PGR, se confirma que el Estado nunca inscribió La Garnacha a su favor. Por lo menos tres documentos que tuvimos a la vista la semana pasada, señalan que dicha inscripción a favor del Estado no se pudo llevar a cabo. La inspección ocular realizada por END ocurrió a mediados de la semana pasada, con autorización del procurador general, Hernán Estrada.

El informe de Luis Vega Miranda confirma que los abogados del Estado en los últimos días del gobierno de doña Violeta, no actuaron en defensa de los intereses públicos, sino lo contrario.

Ese documento indica que “existió negligencia” de los notarios y de las autoridades implicadas en este pago, “al no solicitar al momento de la elaboración del finiquito, la libertad de gravamen actualizada y el Certificado Catastral de Traspaso a favor del Estado, que son documentos indispensables; y en este caso se debió solicitar una Historia registral del Inmueble”.

De haberse hecho de manera efectiva, se hubiese detectado a tiempo que La Garnacha no era de Josefa Reyes, y que, por tanto, el Estado no podía efectuar dicho pago, el cual se elaboró a través de la Escritura No. 42 (Aceptación de indemnización y finiquito).

“La señora Josefa Reyes de Rivas ya no era dueña, y no estaba en capacidad legal de transmitirle nada al Estado”, dice el documento de la OCI, el que señala que el reclamo se hizo con base en las escrituras que estaban “suspensas” de los abogados Juan José Mairena y Edmundo Montenegro Miranda.

CSJ no investigó

Luis Vega Miranda recomendó en su informe pedir a la Corte Suprema de Justicia, CSJ, las Escrituras que sirvieron para hacer el reclamo y hacer una investigación profunda sobre el actuar de los dos notarios.

“Cuando yo hice este informe se recomendó, efectivamente, profundizar sobre las anomalías en las que se incurrió, pero no supe el final de la historia porque me enviaron a la Oficina de Ordenamiento Territorial, OOT”, dijo Vega durante la entrevista con END.

Pero este medio sí indagó en la CSJ si existía algún rastro de queja o investigación relacionada con los abogados Mairena y Montenegro, y el resultado fue que el primero se encuentra registrado en la Oficina de Control de Notarios con el número 0488, y no se ha presentado queja alguna en su contra, pero fue amonestado en 1996 cuando se le previno de “ser más cuidadoso en el ejercicio de su profesión”.

En esa oportunidad, la Corte Suprema de Justicia levantó un informativo por haber presentado su índice de protocolo del año 91 al año 95, fuera de la fecha que establece la ley.

 En el caso del abogado Edmundo Felipe Montenegro Miranda, también está registrado con el número 0562, y su expediente está completamente limpio. (Con la colaboración de Mauricio Miranda)

Reynaldo Valenzuela dueño de La Garnacha:
“Es impresionante que hayan cobrado por mi finca”

Reynaldo Valenzuela nos recibió en su casa ubicada en las cercanías de la Catedral de Estelí. No le gusta la publicidad, por eso no aceptó fotos de frente, porque además le parece un riesgo. Sin embargo, confirmó que La Garnacha ha sido de él desde 1992, y dijo estar sorprendido de que el Estado haya desembolsado tanto dinero por el reclamo hecho por Chepita Reyes.

“Esa finca la compré a la Resistencia, ellos me la vendieron y tengo toda la documentación que me respalda, se trató de un acto legal, y anduve gestionando su legalización en tribunales y hasta en seis oficinas del gobierno”, dijo Valenzuela.

Valenzuela explicó que La Garnacha era “un potrero de Ranchería”, y cuando se hizo ese reclamo en 1996, doña Josefa Reyes no tenía nada que entregar al Estado.

Añadió que en aquel momento, en cierta ocasión, le visitaron tres funcionarios de la OCI y lo entrevistaron sobre cómo había obtenido la finca, les mostró los documentos y relató el trato con los ex combatientes.

“Ellos me dijeron que estaban claros de que la finca no era de ella, y que estaba cobrando la indemnización sin base, pero hasta ahí no supe más, es hasta ahora que veo que le pagaron, y es impresionante que lo hayan hecho por mi finca”, señaló Valenzuela.

Asimismo, dijo que en esos años en una ocasión intentó hablar con ella del asunto, pero que nunca pudo.

Mañana:

* Documentos confirman que madre de Roberto Rivas cobró bienes de los Reyes Herrera
* Maquinaria y herramientas que no eran parte de la herencia del Gral. Reyes también pagados
* Autoridades de Alemán supieron del pago indebido, pero nunca hicieron nada contra el entonces aliado del PLC en el CSE