Luis Galeano
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III PARTE

El indebido pago de la indemnización de 9.2 millones de córdobas a Josefa Reyes, madre del presidente del Consejo Supremo Electoral, CSE, Roberto Rivas Reyes, realizado en los últimos días del gobierno de doña Violeta, fue informado al Procurador General de Justicia (PGR) Julio Centeno el 14 de mayo de 1997, sin embargo, éste no efectuó acción alguna para resarcir el daño a las arcas públicas, porque supuestamente no obtuvo la información suficiente para ello.

León Felipe Sampson Vanegas, notario IV del Estado, informó por medio de una carta a Centeno Gómez, sobre la negativa de inscripción a favor del Estado de la propiedad 19093, referida a La Garnacha, la cual había sido indemnizada a Josefa Dolores Reyes de Rivas el 3 de diciembre de 1996.

“La negativa obedece a que existe un asiento 5, folios 95-96 del tomo 937, a favor de Reynaldo Valenzuela Castillo, en donde por sentencia judicial se le declara como dueño en dominio y posesión de la propiedad en su totalidad”, dice la carta de Sampson a Centeno.

La carta la recibieron también el subprocurador general de Justicia Denis Maltés --mejor conocido como el escriturador de Geninsa, de Arnoldo Alemán--, el hoy fallecido Miguel Robelo, Secretario General de la PGR, y Rubén Buitrago, asistente Ejecutivo del Viceministerio de Hacienda.

La revisión del expediente en la PGR revela que Reynaldo Valenzuela Castillo, con base en una sentencia dictada por la juez primero de Distrito del Crimen de Matagalpa, Eveling Betancourt, el 6 de noviembre de 1996, fue declarado como dueño en posesión y dominio de La Garnacha.

Valenzuela compró La Garnacha a miembros de la ex Resistencia Nicaragüense en 1992, que no se sabe con qué título la obtuvieron.

“No hicimos nada por falta de información”

Centeno al ser consultado ayer, confirmó que la carta fue recibida en su despacho, pero que posteriormente no obtuvo mayor información para proceder como correspondía en el caso.

“Eso se dio en tiempos de doña Violeta, y el finiquito lo hizo Francisco Lezama. La OCI era dirigida por Guillermo Argüello Poessy en aquel entonces, le pregunté (sobre esto) al doctor (Denis) Maltés, me dijo que no recuerda haber recibido más información, el doctor (Miguel) Robelo ya murió y de Rubén Buitrago no sé nada”, dijo Centeno.

“No hicimos nada porque teníamos que esperar el informe de la OCI, que era la que manejaba el asunto, la indemnización se pagó sin que el Estado tuviese algo a cambio, pero teníamos que esperar más información, porque hacer algo era dar palo a lo desconocido”, añadió el hoy fiscal de la República.

Bastaba con la carta para actuar, dice Argüello Poessy

El ex titular de la OCI, hoy presidente de la Contraloría, Guillermo Argüello Poessy, respondió que no era necesario enviar más información que la carta al doctor Centeno, “porque el que tiene obligación de velar y hacer valer los intereses del Estado es precisamente el Procurador, no la OCI. Se trató de una denuncia clara y con eso bastaba”.

Confirmó que la investigación del caso de la indemnización de la madre de Roberto Rivas, se hizo luego de que uno de sus sobrinos llegó a reclamar una indemnización igual a la que se había pagado a su tía.

“Eso se derivó de un trabajo profundo de revisión de documentos en la OCI, el Ministerio de Hacienda, los registros de la propiedad y testimonios, elaborado por el doctor Luis Vega Miranda, un excelente profesional del que nadie puede decir inventó algo”, dijo Argüello Poessy.

“Pero no existe evidencia --o al menos yo no la conozco--, de que el Procurador haya actuado como correspondía en este caso”, concluyó.

Centeno dijo que en la actualidad, sólo el procurador general, Hernán Estrada, es el que está en la facultad de actuar, “porque esos casos no caducan, pero habría que preguntarle a ver qué dice”.

Documentos confirman se irrespetó voluntad del general Reyes
Los documentos del caso a los que ha tenido acceso END, demuestran que además de todas las ilegalidades del pago, la voluntad del general Rigoberto Reyes Aráuz, que era que a su muerte las fincas que formaban parte de Ranchería se repartieran entre sus herederos en partes iguales, tampoco se respetó.

Su nieto, Rigoberto Reyes Herrera, aseguró que cuando su tía Josefa Reyes --la madre del presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas Reyes y asistente del cardenal Miguel Obando-- cobró la millonaria indemnización por la finca La Garnacha al Estado, incluyó bienes que no le pertenecían y los papeles lo confirman.

Una promesa de venta (Escritura No 180) que se haría efectiva a la muerte del general Reyes indicaba que una cuarta parte de Ranchería quedaría a Rigoberto Reyes Herrera, a Mariano Reyes Herrera y a Leana Reyes Castro; una cuarta parte a Josefa Reyes de Rivas, quien adquirió el asiento cuatro; otra cuarta parte a Enrique, María y Eduardo Reyes Iduya, y la última cuarta parte a Danilo Blandón y a Julio Blandón Reyes. Todos ellos tendrían 404 manzanas, pero gracias a la medición de un ingeniero particular, en el caso de doña Chepita aumentaron hasta 730.

Pero no sólo eso aumentó, porque esa misma escritura indicaba que a Josefa Reyes le correspondía “1/8 (un octavo) de ganado vacuno y caballar de la hacienda”, algo que contrasta abiertamente con lo que fue reclamado por la madre de Roberto Rivas Reyes.

El inventario de bienes que supuestamente había en La Garnacha y que ratificó el 9 de agosto de 1996, el ingeniero Álvaro Fiallos Oyanguren, actual director del Instituto de Desarrollo Rural (IDR), en aquel entonces titular del Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria (INRA), demuestra lo inverosímil del reclamo en cuanto al ganado.

“Cien caballos mansos de trabajo, 300 yeguas, 60 caballos chúcaros, cuatro garañones árabes, un burro de Kentucky (que había muerto por accidente en1959), 3,200 cabezas de ganado vacuno, 160 novillos gordos, 350 terneros (hembras y machos), 1,600 hembras reproductoras, 700 vaquillas, 380 vacas Brahaman pedigrí, un establo completo y 68 equipos de montar (albardas con sus aperos)”.

Todo ello suma un total de 6,855 animales que fueron valorados, según la documentación de la OCI, en 6 millones 929 mil 500 córdobas, que formaron parte de los 9.2 millones que desembolsó el Estado con base en un reclamo que hizo la madre de Roberto Rivas, el cual fue soportado con escrituras de dos notarios que se encontraban “suspensas” y que por tanto no tenían razón de ser.

De haberse cumplido con la voluntad del general Reyes, a su hija Josefa le hubiesen correspondido en base al 1/8 del total de bestias, no más de 600 animales entre ganado y caballos.

De las herramientas y maquinaria

La misma escritura de Promesa de Venta del general Reyes Aráuz dejó claro que lo referente a maquinaria y herramientas mecánicas, quedaban fuera de la venta que se haría efectiva hasta que muriera el papá de doña Chepita, pero también fueron incluidas en el inventario por el que se pagó la indemnización.

Y así fue que Fiallos ratificó que en La Garnacha había y tenía que pagarse: tres unidades de radio teléfono, dos teléfonos, 30 rollos de alambre para teléfonos, 980 rollos de alambres de púas, un tanque de 4,000 galones para agua, una bomba para sacar agua con su correspondiente cañería, 20 campamentos para trabajadores, un aserrío de 50 HP (caballos de fuerza) de sierra circular, 10 motosierras Homelite, tres descremadoras de 400 litros, un trapiche (maquina para elaborar dulce) eléctrico.

Un camión volquete, dos tractores John Deere con sus correspondientes herramientas, un camión Ford de ocho toneladas de 1977, un trailer grande de cuatro llantas, nuevo, con capacidad de sesenta quintales.

Asimismo, se incluyó un jeep Toyota año 1979; dos camionetas Chevrolet 4 x 4 de tina con capacidad para 40 quintales; un carro Ford Granada, año 1979; tres tractores de Oruga, dos tractores D4 Vía Ancha (Caterpillar) de 1976 y de 1972, un tractor de cultivo Massey Ferguson con todos los implementos, es decir, arado, gradas, aporcadora (rejas) con juegos completos de carpintería, talabartería “y otros usos”.

En los documentos también se observa un welder (soldador), dos tanques grandes de acetileno y sus implementos de trabajo, un aeromotor, “un motor diesel para la luz” (planta eléctrica), una instalación completa de concreto para elaborar queso, 212 pichingas de 40 litros de leche cada una, una instalación completa de corrales sencillos de madera, un silo para granos, dos garajes para carro, uno con fosa, y 2,400 litros de leche diario. Por la maquinaria el Estado pagó 132 mil 635 córdobas.

Mañana

* Procurador Hernán Estrada habla del caso y de la “Galería de la corrupción”

* Más documentos y testimonios de la inverosímil indemnización a doña Chepita Reyes