Luis Galeano
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Última parte

El cardenal Miguel Obando y Bravo solicitó a la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro el ilegal pago de la indemnización de 9.2 millones de córdobas a la madre del presidente del Consejo Supremo Electoral, CSE, Roberto Rivas Reyes, Josefa Reyes, por la finca “La Garnacha”.

Documentación en manos de END revela que Obando y Bravo pidió a la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro, en los últimos días de su gobierno, que se pagara la ilegal indemnización.

EL NUEVO DIARIO desde el pasado miércoles ha intentado conversar con su eminencia para conocer su versión frente a los documentos, pero ese día nos indicaron que no se encontraba en la Universidad Católica, Unica, en donde funge como rector. Se nos informó que podríamos encontrarlo ayer, jueves, por la mañana, pero al llegar a esa Alma Máter nos indicaron que se encontraba fuera de Managua, y, por tanto, no pudimos hablar con él del tema. Doña Violeta se encuentra enferma, y desde hace tiempo no brinda entrevistas a los medios de comunicación.

Rivas Reyes negoció directamente en las oficinas de la Comisión de Promoción Social Arquidiocesana, Coprosa, de Managua, con Reynaldo Valenzuela Castillo la venta de la finca “La Garnacha”, mientras movía su influencia para conseguir que el Estado pagara una indemnización a su madre, Josefa Reyes.

Un documento del Viceministerio de la Propiedad, específicamente de la Oficina de Inspecciones a Nivel Nacional, adscrito a la Oficina de Cuantificación de Indemnizaciones, OCI, elaborado el 23 de junio de 1997 por Winston Cuadra Zúniga, dice que en las gestiones del pago supuestamente participó Obando, y que parte de las negociaciones se dieron en Coprosa.

Le pagó a los ex Resistencia y a los Reyes

Armando Reyes, desde EU, recomendó a Valenzuela y a su hijo Héctor, delegado del INRA, que “se pusieran en contacto con el señor Roberto Rivas Reyes, apoderado de la señora Chepita Reyes de Rivas, ambos empleados de Coprosa, institución presidida por Su Eminencia, el cardenal Miguel Obando y Bravo”.

Según el reporte de Cuadra Zúniga, Rivas le aseguró a Valenzuela que los documentos que tenían los ex Resistencia eran válidos porque estaban firmados por Gustavo Tablada, uno de los representantes del INRA.

“Se quedó --y así se efectuó-- que el señor Valenzuela pagaría C$1,000 (U$ 200 dólares) por cada manzana a cada miembro de la Resistencia como a la familia Reyes; cuando doña Chepita se dio cuenta, ya la finca estaba sin Resistencia, sólo quedaban ocho miembros”, dice el documento.

“La señora Reyes, a través de los buenos oficios del Cardenal, habla con doña Violeta y le plantea le regresen La Garnacha o se la indemnicen, sin explicar que el señor Valenzuela ya había cancelado la propiedad, tanto a la familia Reyes, como a la Resistencia”, agrega el informe.

Cuadra Zúniga dice que Reynaldo Valenzuela “no sabe si indemnizaron a la señora, y que si lo hicieron, estafó a doña Violeta”.

El juicio recomendado por Fiallos y la reacción de Coprosa
Valenzuela, indicó a Cuadra Zúniga, que a sugerencia del entonces director del INRA, Álvaro Fiallos, interpuso un juicio en los juzgados de Matagalpa para que se le declarara como dueño de Ranchería, el cual fue fallado a su favor por la jueza del crimen Eveling Betancourt, el 6 de noviembre de 1996.

“Por esta razón y por medio de Coprosa, el señor Roberto Rivas mandó a una comunidad indígena, que nadie conoce, a invadir parte de la finca, como unas 1,000 manzanas”, señala el reporte de Cuadra Zúniga.

Fue por ello que Valenzuela solicitó a las autoridades del INRA, al Ministerio de Finanzas o a cualquier entidad que pudiera ayudarle, para que orientaran el desalojo de la finca, pues ya había gastado más de 5.5 millones de córdobas, entre pagos, juicios y otros gastos.

El silencio de Rivas
Desde antes que iniciáramos las publicaciones de este trabajo periodístico, a finales de mayo, solicitamos entrevista al titular del CSE Roberto Rivas, sin encontrar respuesta positiva.

Rivas ha sido señalado de enriquecimiento ilícito, en la Fiscalía, y de defraudación aduanera, al introducir libre de impuesto un yate, entre otras cosas. Hoy es un funcionario que a pesar de ganar cerca de US$ 5,000 al mes, se dice que es dueño de un avión particular en el que viaja a Costa Rica y es miembro de sociedades en Nicaragua y en Costa Rica, una de ellas dueña de una mansión en un exclusivo reparto en San José, que cuesta alrededor de un millón de dólares.

El trabajo periodístico demostró que el pago de 9.2 millones de córdobas a la madre de Rivas, se hizo con base en documentos que no tenían validez jurídica, pero que además incluyeron, en el inventario, bienes exageradamente abultados, y, además, otros que eran de ramas distintas de los Reyes Herrera.

El ex Procurador General de la República, Julio Centeno, dijo que conoció del caso gracias a la investigación de la OCI, pero que no hizo nada por falta de mayor información, aunque el ex titular de esa entidad, Guillermo Argüello Poessy, dijo que, para proceder, bastaba con decir que la propiedad por la que se había pagado la millonaria indemnización no se había podido inscribir a favor del Estado.

El doctor Luis Vega Miranda, ex asesor legal de la OCI, quien hizo un seguimiento sobre el pago a doña Chepita, determinó que no había legalidad en el mismo, y que pudo haber pagado hasta dos veces la misma propiedad”

El procurador Hernán Estrada dijo que este caso es uno de los que pondrá en una especie de “galería o museo de la corrupción”, pero no habló de medidas legales concretas para resarcir el daño que se le causó al Estado.