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Representantes de organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos y médicas consideraron que no importa si se le denomina aborto por indicación médica, emergencia obstétrica o aborto terapéutico, lo que verdaderamente es importante es salvar la vida a las mujeres.

La ginecóloga e investigadora de temas de salud, Ana María Pizarro, perteneciente al Movimiento Autónomo de Mujeres, dijo que si el Estado está evitando las muertes maternas aplicando el Manual de Emergencia Obstétrica, ella sería la primera en felicitar a este gobierno.

Ante la negativa del Ministerio de Salud, Minsa, argumentando que la intervención que realizan la denominan aborto por indicación médica, Pizarro expresa que los abortos terapéuticos, en el caso del manual, no son más que procedimientos para las emergencias obstétricas.

“Entre ambas acciones científicamente no hay ninguna diferencia”, afirmó, mencionando que en todo caso hay interrupción del embarazo cuando, por ejemplo, éste es ectópico, o complicado por afectaciones determinantes.

En tanto, la definición de aborto terapéutico es clara: “Es el que es justificado con razones médicas para salvar la vida de la madre, cuando la continuación del embarazo o el parto significan un riesgo grave para su vida”.

“Estaríamos ante una situación interesante, porque el Estado nicaragüense reconocería que no puede cumplir la ley que el propio Estado promovió al abolir una ley establecida desde hace 171 años en la historia de Nicaragua. Si están practicando los abortos terapéuticos, lo único que estarían haciendo es cumpliendo con una obligación con las mujeres nicaragüenses. Esto debería ser una orden pública para todos los centros de servicios médicos del país”.

Indicó que el enredo en medio de esto es la Iglesia, que es una asociación civil que presiona al Estado, amenazando con la excomunión a la dirigencia política del país. Entonces, los políticos no actúan como servidores públicos de un Estado laico, sino como feligreses.

Muerte materna es un tema grave

Criticó que lo más importante no es si el Ministerio de Salud, Minsa, hace abortos o no, sino las muertes maternas, algunas de las cuales fueron provocadas por intentos de abortos inseguros o un dudoso servicio del personal médico.

Según el reporte del Minsa, hasta el 7 de mayo de 2009, se contabilizaron 33 muertes maternas, mientras en 2008 la cantidad fue 20 en ese mismo período. Las principales víctimas fueron las mujeres de entre los 20 y los 34 años, con 22 fallecidas este año, y en segundo lugar están las menores de 20 años que representan seis.

“Significa un incremento del 65 por ciento. Un dato altamente alarmante, por lo que pregunté al ministro de Salud qué estaban haciendo, entonces, contra esta epidemia”, indicó Pizarro.

Destacó que en estos momentos se debate entre una alta estadística de muertes maternas, y un informe de Amnistía Internacional que describe como “un horror y una vergüenza” la penalización del aborto terapéutico, y está dando la vuelta al mundo, en medio de la evaluación del Programa de Acción del Cairo.

“Esto significa que como Estado tienen que tomar una medida urgente, y si la están tomando eso, lo celebro”, señaló.

La especialista dijo que si una forma de detener las cifras es atender profesionalmente las emergencias obstétricas, entonces ella lo aplaude.

Estado obligado a eliminar penalización

Wendy Flores, abogada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, perteneciente al Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico, dijo que --a pesar de ahora negar lo dicho--, la “confesión” de Edmundo Sánchez, Director de Vigilancia para la Salud Pública del Minsa, no está divorciada de la necesidad que la ley permita la práctica del aborto terapéutico, lo cual considera la única forma para salvarle la vida a una mujer en casos de malformaciones congénitas, enfermedades críticas, y las docenas de casos de violación a niñas, cuyos cuerpos no están preparados para la concepción.

“Lo que ha dicho el funcionario del Minsa de verse en la necesidad de practicar un aborto por indicación médica, justifica aún más la obligación que tiene el Estado a través del Poder Judicial de declarar la inconstitucionalidad de la ley que prohíbe el aborto terapéutico”, expresó.

La abogada del Cenidh, señala que a pesar de que los médicos y los hospitales estén entendidos de la situación, no en todos los hospitales actúan de igual manera, porque existe incertidumbre e inseguridad jurídica que incurre en el incremento de los índices de mortalidad materna.

Si bien es cierto que sólo cinco murieron por la práctica de un aborto clandestino, otras fallecieron por enfermedades que necesitan tratamiento, como cáncer y el Sida, pero su embarazo y la penalización del aborto terapéutico impide a los médicos aplicarle los tratamientos rigurosos para esas enfermedades.

“La penalización del aborto en todas sus formas, lo que demuestra es que Nicaragua sigue incumpliendo con sus compromisos en derechos humanos. ¿Qué opciones tiene una mujer con cardiopatía si resulta embarazada, siendo que su condición agrava su salud y su vida? ¿Qué opciones se les da a las niñas abusadas sexualmente?”, inquirió.

Flores rechazó, por otra parte, que las mujeres sean obligadas a llevar un bebé que no vivirá cuando nazca, lo cual ha sido internacionalmente señalado como una tortura.

“Lo que recogió para su cuna, mejor utilícelo para el ataúd, pero no lo mate”, fue la recomendación que los médicos dieron a una mujer cuya criatura en gestación, tenía una malformación congénita, y que al nacer duraría unas horas antes de morir. Sin embargo, el embarazo no podía detenerse, ya que eso sería un aborto, penalizado por la ley nicaragüense que no mira excepciones.

“El caso mencionado lo vimos el año pasado en el Cenidh. Ella era una mujer trabajadora de una maquila en Tipitapa, y se le obligó a llevar al término su embarazo a pesar de que los doctores, desde los primeros dos meses, supieron que el niño era anencefálico, o sea, que carecía de partes del cerebro, entre otras malformaciones”.

Comentó que por situación similar el Estado de Perú fue condenado por el Comité de Derechos Humanos, en el caso de una joven de 17 años a la que se consideró haberla sometido a esa tortura. Ya que hasta la obligaron a amamantar al bebé agonizante, que si bien nacen con vida, no pueden vivir fuera del útero, porque no tienen el cerebro para desarrollar sus funciones básicas.

“La mujer sobrellevó problemas psicológicos graves. Además de enfrentar a su niño de 5 años, que tenía las expectativas de tener un hermanito que no era tal, y que prácticamente tendrían que enterrarlo en cuanto naciera”.

Flores dijo que el problema es gravísimo, pero también es atroz que un Estado no pueda comprenderlo. Por eso mencionó que en nuestro país la penalización del aborto terapéutico es tortura contra las mujeres, pues está demostrado que el impacto sicológico es mayor cuando se obliga por meses a las mujeres a llevar en su interior un cuerpo sin vida.

Al preguntarle si al admitir el Estado, a través del Minsa, que está realizando abortos, estarían incumpliendo con la ley, Flores dijo: “Se podría decir que sí. El problema es que este Estado tiene una doble moral, por un lado para quedar bien con la Iglesia penaliza totalmente el aborto, y para darle una salida a los médicos gineco-obstetras aprueban normas y procedimientos protocolarios de carácter médico que conllevan a un aborto terapéutico”.

Marcadas y obligadas al embarazo

Sobre el caso, Magali Quintana, de las Católicas por el Derecho a Decidir, menciona que el presidente Daniel Ortega no se atreve a entrar en contradicción con la jerarquía de la Iglesia Católica, y, mientras tanto, sus instituciones tratan de ofrecer una alternativa, ya que tienen la vigilancia internacional para que se respeten los derechos humanos.

Una de las situaciones que el Estado debería combatir con mayor fuerza son los abusos sexuales, sobre todo donde las víctimas son niñas.

Según un análisis cuantitativo sobre artículos periodísticos sobre violencia sexual en 2008, en 693 artículos de prensa sobre violencia sexual, las principales víctimas fueron menores de edad.

A nivel general, las principales víctimas fueron menores que representaron el 53.9 por ciento del total. Es así que 334 mujeres que resultaron afectadas eran menores de 21 años. El 26 por ciento está comprendido entre las edades de 10 a 13 años; el 24.6 por ciento entre los 14 y 17 años; el 11.1 por ciento de 1 a 6 años; el 8.7 tiene entre los 18 y 20 años, y el 8.1 por ciento tiene entre los 7 a 9 años.

Entre los victimarios, el 25.9 por ciento fueron los padres, y los padrastros el 16.2 por ciento. Entre otros agresores, se encontró que 6 eran pastores, los que estuvieron involucrados en los abusos sexuales de 12 víctimas.

De las 318 mujeres comprendidas entre los 1 a los 20 años, que fueron violadas, 48 quedaron embarazadas producto de la violación. De ellas, el 58.7 por ciento tenían entre 14 y 17 años, y el 32.6 por ciento de 10 a 12 años.

Unfpa recomienda consenso y acciones de prevención
Junko Sazaki, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas, Unfpa, señaló que, en el caso del aborto terapéutico en Nicaragua, la discusión nuevamente fue puesta en agenda por Amnistía Internacional, algo que consideró muy sano. Señaló muy importante hacer hincapié de lo que pasa en el país, y saber si con la penalización dejó de subir la mortalidad materna o no.

Comentó que, según los datos oficiales del primer semestre, si bien es cierto que la cifras de muertes maternas se incrementaron, se debe esperar a tener el consolidado del año para hacer una valoración más acertada.

“Es importante que se haga una investigación, obtener datos más exactos y analizar la situación”, dijo, recalcando que el fondo de cooperación no aprueba el aborto como una forma de plantificación familiar.

En un país con altas tasas de embarazos adolescentes y altas cifras de violencia sexual, primero recomendó la necesidad de difundir información y los servicios de planificación familiar para reducir los embarazos no deseados, teniendo en cuenta que la prevención de un embarazo es el primer paso de la solución, el cual es seguido de un continuo seguimiento a la gestación del bebé.

Por otra parte, “la aprobación del aborto terapéutico es una decisión soberana de cada Estado, lo cual las Naciones Unidas respetamos”, comentó que sólo hay cuatro países en el mundo donde existe la prohibición total del aborto.