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La zona de Malacatoya, ubicada 28 kilómetros al norte del centro de Granada, representa el 30 por ciento de la producción de arroz del país. Es una franja conformada por 20 comunidades rurales destinadas también a la siembra de otros productos; en el Tabacal, por ejemplo, se trabaja en el cultivo de melón para la exportación, y en Tepalón se cultiva tomate.

La comarca, de unos 236 kilómetros cuadrados, es bordeada parcialmente por el lago Cocibolca y cruzada por los ríos Malacatoya, Tipitapa o Paso de Panaloya, así como la por la Quebrada de Acoto, por lo que gran parte de la población desempleada residente en la zona se dedica a la pesca artesanal.

Los lugareños consideran que existe poca inversión gubernamental y pocos proyectos de desarrollo de gran envergadura, incluso tienen muchísimos años de estar solicitando a la municipalidad la reparación de la barcaza que une al poblado de Malacatoya con el Paso de Panaloya, y que facilita el comercio formal e informal.

Chinito bandido

Quizá la poca atención del gobierno y la condición adecuada del suelo para la actividad agrícola es lo que ha llamado el interés de inversionistas extranjeros. El más sonado de los últimos días es el ciudadano taiwanés Sheng Chin Chang, quien con su marca Arroz Indio estafó a unos seis arroceros nicaragüenses por un monto superior a los 20 millones de córdobas.

El asiático de 32 años y su gerente de producción, Roberto Caldera Pérez, se presentaron en Malacatoya con la intención de comprar arroz en granza para supuestamente trabajarlo en un trillo de la comunidad “El Rempujón”, del que se fueron sin pagar alquiler del local, mano de obra de los trabajadores, maquinaria utilizada y el servicio de energía eléctrica de unos 105 mil córdobas, entre otros servicios.

Victoria Saravia, una de las víctimas de los estafadores, empezó a cortar su producto en los primeros días de junio para entregarlo a Agri-Corp, pero al llevarlo le dijeron que no podían recibírselo porque la máquina secadora estaba en mal estado.

“Yo tenía dos camiones repletos de granza húmeda y me advirtieron que si no buscaba cómo secarla se me podía quemar, entonces me dio aflicción y me fui al Timal a alquilar un patio”, manifestó.

Según su denuncia en la Policía Nacional, al lugar llegó Caldera Pérez, quien se presentó como ejecutivo de ventas de Arroz Indio para ofrecerle 425 córdobas por quintal, pero el final el precio acordado fue de 427 córdobas. “El arreglo entre nosotros consistió en que el arroz seco que fuera saliendo yo se lo iba ir enviando a él. Y cuando terminara lo último, yo tenía que retirar mi cheque”.

Piden prórroga para pago y adiós

Quince días después, es decir, el tres de julio la señora debió retirar en el Banco de la Producción (Banpro) 835 mil córdobas por la venta de dos mil quintales de arroz en granza, pero eso no ocurrió. Más bien, ese día recibió una llamada telefónica en la que el taiwanés le pedía un plazo de diez días más, porque aparentemente los compradores del arroz en oro no habían cancelado sus deudas.

Una justificación parecida recibió Bayardo Mora Brizuela, quien a mediados de año les vendió 3,360 quintales de granza a un precio de 360 córdobas cada quintal, cuyo cheque de un millón 317 mil 888 córdobas iba a ser cobrado el 20 de junio, según expediente policial A-0167- 20009-00017, pero el banco tampoco lo pagó por falta de fondos.

Ante la ausencia del dinero y las deudas con sus proveedores, los afectados intentaron comunicarse para exigir el pago. “Nosotros le entregamos a este muchacho Caldera más de diez mil quintales en granza húmeda, por lo que debió pagarnos un poco más de cuatro millones de córdobas”, manifestó Félix Amador, familiar de una de las señoras afectadas.

Por su parte, Freddy Palacios entregó más de seis mil quintales de arroz en granza seca. “Habíamos convenido un precio de 435 córdobas por quintal, equivalente a más de dos millones 700 mil córdobas; me adelantó 200 mil córdobas, pero después se perdió de Malacatoya y no volví a verlo nunca más”. El acuerdo era que debían entregarle a Palacios 500 mil córdobas semanales, pero no cumplieron con el arreglo.

Para invertir en el negocio, Victoria tuvo que recoger gran parte del dinero entre sus hijos. “Cada uno me dio cinco mil córdobas y tuve que hacer préstamos para adquirir los insumos y trabajar. Después, cuando no me pagaron, tuve que vender seis camionadas de ganado de una finca que tengo”, lamentó. Aunque aseguró que de la deuda de 835 mil córdobas le abonaron 172 mil.

Hasta el papá de gerente de producción cayó en trampa

Extrañamente, el ocho de agosto las autoridades recibieron la denuncia de Roberto Caldera Guillén, padre del ejecutivo de ventas de la empresa, asegurando que entregó a Sheng Chin Chang 8 mil 695 quintales de granza, cuyo valor por quintal era de 23 dólares.

Este señor es dueño de una extensión de 750 manzanas de tierra, ubicadas en Malacatoya, entre ellas las fincas “Finlandia” y “Santa Clara”. Aduce que recibió sin fondos el cheque número 0020-029 del Banpro por una cantidad de 4 millones 058 mil 680 córdobas, y un segundo cheque número 32 del Banco América Central (BAC) por la misma cantidad de dinero.

Y aunque responsabilizó solamente al taiwanés, los demás afectados manifestaron en la delegación policial del departamento de Granada que debe investigarse a Roberto hijo por estar estrechamente vinculado con los negocios de Arroz Indio y quien, además, fue el que hizo los contactos con los arroceros.

“La madrastra de Roberto Caldera nos reunió en su casa, en Managua, para decirnos que hiciéramos una sola acusación, porque supuestamente el papá, que también se llama Roberto Caldera, había sido estafado igual que nosotros. En ese momento dijimos que no estábamos de acuerdo, porque solamente querían acusar al chino. Y nosotros sabemos que este muchacho también ‘está hasta las orejas’”, manifestó otra de las víctimas.

La defensa

A finales de agosto de este año el abogado Marcelo de Jesús Montiel se presentó a la Policía en Granada como representante legal del taiwanés y en una escueta conversación con END aseguró que su cliente tenía la voluntad de pagar las deudas, pero que en ese momento no contaba con los recursos.

En ese entonces reveló que había otra cosa de fondo: “A mi cliente se le perdió una gran cantidad de granza y él va a ejercer una acción penal en contra de personas que ahorita no puedo mencionar, hasta que tengamos más elementos”.

El defensor, quien ya dimitió de sus funciones, se refería al robo de casi 30 mil quintales de granza perpetrado supuestamente por Roberto Caldera, padre e hijo.

Para este trabajo periodístico intentamos conversar con el licenciado Montiel, pero respondió que debido a desacuerdos en el pago de los honorarios ya no representa al denunciado, tampoco pudo darnos el nombre del nuevo defensor porque, según él, no obtuvo autorización para hacerlo.

Extraoficialmente supimos que Sheng Chin Chang es miembro de la Cámara de Comercio Taiwanesa en Managua, por lo que nos comunicamos con la Embajada de China-Taiwan, pero nos respondieron que desconocen tanto del nuevo abogado como del paradero del asiático.

El segundo jefe de Policía de Granada, comisionado José Luis Cárcamo, explicó que según un informe de movimiento migratorio, el extranjero salió del país vía área con rumbo a El Salvador el 21 de julio y desde entonces se realizan las coordinaciones con la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) y la Policía Internacional (Interpol) para su captura.

Versión de Caldera Pérez

Del mismo modo, quisimos ponernos en contacto con Roberto Caldera Pérez, pero no respondió su teléfono celular. Sin embargo, el 18 de agosto, luego de una publicación de este diario, se presentó a las instalaciones de END para deslindar responsabilidades argumentando que su función en la empresa se limitaba a actividades operativas.

Explicó que su trabajo era buscar la materia prima y encargarse de los proveedores. “Los precios y las mismas transacciones con los productores las hacía el señor Sheng. Nunca estuve vinculado a las decisiones y gestiones financieras y administrativas de la arrocera, durante mi trayectoria dentro de la misma nunca firmé cheques”, subrayó en esa ocasión.

En esa comparecencia reafirmó que él y su familia fueron víctimas del taiwanés por una estafa que supera los 400 mil dólares. Al respecto otro de los arroceros afectados comentó: “Que eso sea verdad o que sea mentira, yo no lo sé. Eso lo va a decir la Policía”.