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En Nicaragua se habla de corrupción desde hace muchos años. Es tan histórico el tema, como los paisajes de lagos y volcanes. Tan impune y tan amplia, que no bastarían 25 tomos para contar la corrupción de los últimos 30 años.

El chileno Miguel Peñailillo López, consultor junto a otros profesionales nicaragüenses del Diagnóstico de la Corrupción en Nicaragua, que financió para el gobierno el Programa Fondo Conjunto de Donantes para la Anticorrupción, señaló que el problema es tan grave, que generaciones enteras de nicaragüenses perciben la honestidad como un antivalor, que pierde seguidores ante las malas prácticas cotidianas que se venden y posicionan desde las alturas del poder, como la panacea para lograr éxito en la vida.

En síntesis, ¿qué encontró este estudio sobre corrupción en Nicaragua?
Hay varios hallazgos. Los primeros son sobre las causas históricas. Pasadas y recientes. Lo primero que podemos decir es que siempre, y en todo lugar, ha habido corrupción. En todo país. En todo momento de la historia. El problema era determinar la intensidad de la corrupción y qué características y efectos estaba teniendo sobre las personas que la sufren, que son finalmente las más pobres las que sufren mayormente la corrupción.

Analizamos todas las investigaciones que sobre las causas de la corrupción en Nicaragua se habían documentado, y encontramos que históricamente, ha habido en Nicaragua un modo excluyente de relación entre los grupos políticos y económicos.

Este modo de relación y negociación, con alta discrecionalidad por parte de los grupos políticos y económicos, caracteriza un modo de gobernabilidad del país que genera un clima de alta inestabilidad y esa inestabilidad genera riesgos de desacuerdos que se trasladan del tema original de la corrupción, al tema político. Eso lleva el caso al terreno de los arreglos políticos, mediante negociaciones y componendas, pero este método de solución es excluyente, no es transparente, no se aplica a todos los señalados de corrupción.

¿Y ese modelo de exclusión qué genera en la sociedad nicaragüense?
Desigualdad, pero es algo más complejo. Este modo de gobernabilidad genera tres efectos. El primero es que se genera una presión sobre el Estado y las normas jurídicas. Se busca la instrumentalización del Estado, lo que significa que las decisiones del Estado y sus instrumentos jurídicos para responder ante la corrupción, se ven sometidas a estos grupos que han tenido la capacidad de coartar al Estado y de modificar las normas mediante sus influencias en las esferas políticas, económicas y hasta religiosas. Aquí está el dinero y el poder. El segundo efecto es cuando se genera la exclusión social. La ciudadanía en general no forma parte de los acuerdos de las cúpulas sobre los asuntos públicos, de cómo se deben satisfacer sus necesidades. Es decir, la ciudadanía no es parte de la solución del problema que se genera con la corrupción del Estado. Y el tercer efecto es que las demandas de integridad y de transparencia son, en consecuencia, vistas como amenazas al sistema de negociaciones y componendas.

¿Y qué se requiera para vencer esos factores?

La democracia es la manera de resolver el conflicto, que es un modo distinto de gobernabilidad al modo de las componendas y de las negociaciones entre los grupos de poder. Esto es sencillo: el fortalecimiento de la democracia es la aplicación sin privilegios de los instrumentos jurídicos para solucionar los conflictos de la corrupción. Es el imperio de la ley sobre el imperio de las negociaciones. De hecho, el primer hallazgo es que en Nicaragua se requiere fortalecer la democracia, sus instituciones, para enfrentar la corrupción.

¿Cuál ha sido el comportamiento de la corrupción en Nicaragua, de acuerdo con sus investigaciones?
Históricamente ha habido gran corrupción en este país. La gran corrupción es aquella realizada por funcionarios y autoridades de primer nivel de los órganos del Estado. Tradicionalmente ha habido una historia de discrecionalidad, de apropiación del patrimonio del Estado como plataforma para ejercer el poder. Ahora bien, todas las fuentes consultadas en este estudio (más de 60 entrevistas y revisión de varios estudios y las leyes vinculadas) señalaron casos de gran corrupción en todos los gobiernos de los últimos 20 años. En todos. Hay una coincidencia en las fuentes internacionales y en las fuentes internas consultadas de que siempre ha habido, y hay casos de gran corrupción pública. No hay gobierno que no se escape a ella, lo que pueden cambiar son los estilos.

¿Qué efectos tiene la gran corrupción en Nicaragua?

La gran corrupción no sólo genera un gran beneficio, ilegítimo, para grupos políticos y económicos, sino que genera un efecto expansivo y negativo sobre el resto del aparato público y de la ciudadanía. Es decir, los funcionarios del segundo y del tercer nivel, alentados por la práctica de actos de gran corrupción de sus superiores en la jerarquía estatal, y por el nivel de impunidad que a ellos les cubre por ser parte de una estructura política y de poder, se alientan a cometer actos de corrupción más en pequeño, en la forma administrativa.

Estos funcionarios pequeños son los promotores y beneficiarios de los pequeños sobornos, de las coimas, del tráfico de influencia para beneficiar a personas de su nivel. Se crea una red de corrupción que involucra a los ciudadanos. Y esto, a su vez, promueve entre la ciudadanía el uso de otros mecanismos ilegítimos para resolver sus problemas y necesidades. Si el sistema es burocrático, pero los ciudadanos saben que hay un funcionario que acepta sobornos para agilizar los servicios públicos, recurrirán a él y verán en el soborno una forma de resolver los problemas, y lo verán normal de tanto hacerlo. Es una manera de decir desde arriba a los de abajo, que la violación de las normas en beneficio propio o partidario se puede lograr y quedar en la impunidad.

No hablamos, entonces, sólo de pérdida de recursos…

Sí, hablamos de cosas más importantes que los recursos mismos que se puedan dilapidar por malas prácticas. La gran corrupción está destruyendo los valores tradicionales de los nicaragüenses, corroe hasta la palabra, al igual que la impunidad destruye la confianza en las instituciones que deberían sancionar la corrupción.

¿Tiene un ejemplo de destrucción de valores en la sociedad nicaragüense que antes eran visibles y ahora ya no?
Sí, pero no son tangibles a simple vista. Por ejemplo, la recopilación de información sobre las normas y conductas morales de la sociedad nicaragüense reveló que existen riquísimas formas y actitudes de honestidad, pero que las mismas se han ido perdiendo. Nos dijeron, por ejemplo, que antes, no hace muchos años, el valor de la palabra era un asunto sagrado. Que los compromisos y acuerdos adquiridos no eran con base en documentos legales de obligaciones y advertencias por incumplimientos, que bastaba la palabra y un apretón de manos para sellar acuerdos que se cumplían al pie de la letra. Ahora me dicen que la palabra ha dejado de ser creíble, que es un simple instrumento, y que las personas, hijos y nietos de esa generación, asumen que es más conveniente vulnerar las normas y apropiarse de lo ajeno sin cumplir la palabra o las leyes. Es más, crecen los antivalores contenidos en frases como que ser honesto es ser tonto, dicho a lo nica, es que “al pendejo ni Dios lo quiere”. Así van indicando y creando estado de que ser honesto es un antivalor. Esos son los daños no cuantificables de la corrupción, y los más difíciles de combatir.

El diagnóstico de la corrupción dice que Nicaragua muestra bajos indicadores de cumplimiento de la ley en materia de corrupción. ¿Eso es un efecto o una causa del fenómeno?
Ambas cosas. Nicaragua es uno de los países latinoamericanos donde el imperio de la ley, leído por indicadores globales y modernos, con base en las estadísticas oficiales de casos denunciados y casos resueltos, es menor al 30 por ciento. En cambio, hay otros países como Chile, Costa Rica y Uruguay, donde estos niveles de cumplimiento alcanzan el 70 y el 80 por ciento. Quiere decir que aquí la ley, la aplicación de la ley es un desafío, y no por falta de instrumentos jurídicos, porque hay normas muy buenas, lo que ocurre es que la aplicación se ve entorpecida por las componendas políticas.

Eso significa, pero desde otro ángulo, que hay 70 por ciento de impunidad.
Eso significa que la ley, cuando se dicta, tiene muy baja capacidad de aplicación real.

¿Qué hacer ante el cáncer?

Bueno, ¿y qué se puede hacer en una sociedad como ésta, para tratar de revertir ese fenómeno?
Comenzar por lo alto. Si los actos de gran corrupción inician desde arriba y se expanden hacia abajo, quiere decir que el problema inicia allá arriba. Entonces, dar el buen ejemplo desde arriba puede ayudar a expandir el buen ejemplo de prácticas honestas hacia abajo. Hay grandes tareas, que son de todos, y la primera de ella es romper la identidad entre Estado y partido, Estado y persona, Estado y caudillo. Porque existe tradicionalmente una confusión entre los intereses de los partidos en el poder, de las personas en el poder, de los caudillos en el poder, con el interés del Estado, y nunca han sido los intereses de los grupos de poder los mismos intereses del Estado, que son los intereses de la comunidad, de la mayoría. Hay muchas tareas más, que deben ser articuladas desde todos los sectores de la sociedad, para vencer ese fenómeno que carcome a los países, pero el desafío es demasiado enorme para que lo haga un solo gobierno en un solo período. Se necesitan políticas y estrategias a largo plazo, pero que deben iniciar de inmediato.

El diagnóstico habla de percepción de corrupción. ¿No hay casos específicos?
No se trata de detectar y señalar casos de corrupción, sino de encontrar las causas por las cuales se percibe la corrupción desde hace 20 años. Obviamente, nosotros encontramos ejemplos de gran corrupción, de corrupción administrativa y de pequeña corrupción, denunciados con nombres y apellidos de personas e instituciones, fechas, pruebas y garantías, pero este informe no era dedicado a ello; si hubiéramos incorporado (lo encontrado) a este libro, prácticamente sería ilegible de tan enorme.

Hay denuncias de casos como para hacer varios tomos, pero ya hay estudios que señalan los índices de corrupción, que señalan a las instituciones más corruptas, a los personajes y a los funcionarios más vistos como corruptos. En fin, la percepción es porque las instituciones de la sociedad son capaces de detectar los casos de corrupción, de clasificarlos, de denunciarlos, pero el sistema, insisto, no es capaz de resolverlos y sancionarlos.

Usted dice que la corrupción es permanente, que lo que muta es el método, la forma. ¿Qué método de corrupción detectan ahora en relación con los gobiernos anteriores?
Esa es una pregunta difícil, porque una de las cosas que impide en Nicaragua resolver el problema es la sensibilidad del debate sobre la corrupción a nivel político. Lo que nosotros pudimos contactar con las fuentes locales y las internacionales, es que en los gobiernos anteriores la forma de corrupción se dio mediante la privatización de bienes públicos, del tráfico de influencia para beneficiar a grupos de poder a cambio de coimas, de acumulación de bienes para comprar voluntades políticas y de apropiarse directamente del patrimonio público para beneficio de un grupo político reducido. En este caso, a la actual Administración la señalan de beneficiarse mediante el tráfico de influencia, de no aplicar políticas de transparencia en el uso y manejo de fondos públicos, de favorecer empresas vinculadas con el partido de gobierno, y de hacer uso discrecional de fondos de la cooperación para beneficios y privilegios de sus proyectos políticos.

¿Y eso se califica como corrupción?

Claro, de gran corrupción, pero no estoy diciendo que eso ocurra, estoy diciendo que eso denuncian las fuentes consultadas, a excepción de los funcionarios públicos entrevistados que no perciben anomalías, y es común que eso ocurra en todas partes del mundo.