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Es lo de menos. Que estén oficialmente vencidas, que sean viejas y maltratadas, con hoyos y cortaduras, con antiguas y desfasadas fotografías en blanco y negro, sin firmas y con información que en la mayoría de los casos no está actualizada, todo ello es lo de menos.

Lo peligroso no está en la apariencia, dicen los expertos, sino en las manos de quien esté el vilipendiado documento de identidad ciudadana llamado cédula de identidad. ¿Por qué? Por un oscuro y tormentoso pasado reciente lleno de misterios, historias y estigmas.

De Marc Harris a Walpa Siksa

Marc Harris, el llamado zar del lavado de dinero que Estados Unidos deportó de Nicaragua a Florida en 2003, tenía su cédula original al momento de ser capturado y transportado por el FBI en avión.

No muy atrás en el tiempo, apenas en diciembre pasado, la Policía Nacional informó que en el polémico caso de Walpa Siksa, donde narcotraficantes extranjeros emboscaron a dos patrullas de la Fuerza Naval, se encontraron cédulas de identidad emitidas por el Consejo Supremo Electoral (CSE).

Los dos principales sospechosos del atentado eran un colombiano llamado Amauri Paudd Ruiz y un peruano, su socio, que operaba en Managua. Ambos tenían cédulas de identidad emitidas en Masaya.

La alteración del documento ha servido, en casos menos dramáticos, hasta para alterar edades y hacer aparecer a un deportista con menos años, con la intención de engañar a los busca talentos y granjearse una oportunidad de brillar en otras esferas deportivas, donde la fama y el dinero compran los talentos.

Es el caso del pelotero Evert Moisés Andino Alvarado, quien apareció inscrito en el campeonato de béisbol “Germán Pomares” con dos documentos de identidad: uno donde aparece nacido en 1991 y otro donde dice que vino al mundo en 1993.

No se escapa nadie

Y la historia sobre miles de cédulas clonadas y reproducidas con ayuda de las nuevas tecnologías de comunicación, han llevado las denuncias a niveles de emergencia nacional, de la que no escapa nadie, ni siquiera la esposa del Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez, a quien en 2008 le clonaron el documento de identidad para involucrarla en una red de traficantes de tierras.

El último hecho denunciado, y el único por el cual ha reaccionado el emisor de los documentos, es el caso de una joven adolescente que aceptó colaborar con un periodista de EL NUEVO DIARIO para tratar de descubrir una presunta red de proxenetas que tenían contactos en el CSE para alterar la edad de niñas y adolescentes e introducirlas al mundo de la prostitución, con cédulas que las acreditaran como mayores de edad.

El escándalo explotó, las autoridades pidieron una investigación, y aseguran que suspendieron a cuatro implicados, al tiempo que acusaron a EL NUEVO DIARIO de promover el delito de falso testimonio.

Motivos de alerta roja

La ex presidenta del CSE, Rosa Marina Zelaya, estimó que el momento es de “alerta roja y subrayada” para ese poder del Estado, la Policía Nacional y todas las entidades que tienen que ver con la expedición de la cédula de identidad, pues según ella, se corre el peligro de que el documento pierda la trascendencia que las leyes le dan como el más importante al instante de hacer transacciones de la vida civil en Nicaragua y en algunos países del istmo.

La Ley 152, de Identificación Ciudadana, aprobada en marzo de 1993, establece la Cédula de Identidad Ciudadana como el documento público que identifica a los ciudadanos nicaragüenses mayores de 16 años, y para el ejercicio del voto y demás actos que determinen las leyes de la República.

El documento es la llave para votar, participar en las elecciones, tomar posesión de cargos, celebrar contratos de trabajo y legales de todo tipo; obtener o renovar pasaporte, licencia de conducir, carné del Seguro Social, Cédula del Registro Único, pagar impuestos, realizar operaciones bancarias, gestionar oficiales legales e inscripciones en los registros del estado civil de las personas, registros públicos de la propiedad inmueble, registros mercantiles y de la propiedad industrial, y en cualquier otra institución pública.

Por ello, alarma que la credibilidad del documento se cuestione, y sobre todo de manera tan seguida y sin respuestas de las autoridades responsables.

“Todas las entidades que tienen que ver con expedición, manejo y autorización de la cédula deben actuar, y, por el otro lado, el Sistema Judicial, que es la institución en donde se pueden hacer reposiciones de partidas de nacimiento, rectificación de nombre y todo lo que se inscribe en el Registro Civil de las personas, porque para llegar hasta la obtención de las cédulas, se parte del documento partida de nacimiento”, dijo.

“Lo que ha estado aconteciendo y que está teniendo repercusiones en el mundo delincuencial de trata de blancas, narcotráfico, terrorismo y proxenetismo, tiene que servir para tomar medidas drásticas y de fondo, porque esto es algo muy serio”, señaló Zelaya.

El crimen organizado

Zelaya añadió que se deben tomar medidas cuanto antes, debido a que no es la primera vez que el documento de identificación del nicaragüense aparece en asuntos relacionados con el crimen organizado, “y aunque todos los sistemas de identificación se pueden duplicar, aquí estamos llegando a niveles muy peligrosos, que tienen repercusiones altamente negativas para la seguridad y para la calidad del documento, además, toda la repercusión legal y electoral”.

Recordó que la cédula de identidad se concibió para un período determinado de 10 años, los que ya se vencieron, porque las cédulas con todo y los proyectos pilotos se extendieron entre 1993 y 1999.

CSE ineficiente

El responsable de la emisión por ley es el CSE. Acusado de fraude, de burocracia, de altamente politizado y de ineficaz en los últimos años. El desprestigiado Poder del Estado ha mostrado una única eficiencia a nivel público: devaluar el documento con sus acciones, o lo que es peor, la falta de acciones para investigar las denuncias.

“El CSE no ha tenido capacidad de renovarlas, y eso se debe al retiro del apoyo de la comunidad internacional, porque todo el esfuerzo que se hizo con el proceso de cedulación de los años 90, cuando el Consejo gozaba de un gran respaldo y credibilidad de la población y de los cooperantes, se cayó cuando se partidiza en 2000, y no han tenido la fuerza ni la credibilidad para recobrar la confianza, y, por el contrario, la han ido perdiendo cada vez más”, dijo.

Ieepp: “País sospechoso”

El sociólogo Javier Meléndez, analista de temas de seguridad para el Instituto de Estudios y Estrategias de Políticas Públicas, dijo que la emisión de cédulas era un asunto demasiado serio y delicado como para dejarlo únicamente en manos del CSE.

“Cuando un país detecta a una persona involucrada en un acto ilegal, en un atentado terrorista o en tráfico de drogas con una cédula de un país, lo primero que debe hacerse es investigar al dueño del documento. Pero ya cuando los documentos de identidad de un país se vinculan a toda suerte de personas en actividades ilegales, a quien se investiga es al país y a todo sujeto con ese tipo de documento”, observó Meléndez.

A su criterio, eso acarrea problemas a los ciudadanos nicaragüenses que transitan fuera de las fronteras, “pero lo peligroso es que toda persona con un documento nicaragüense se vuelva sospechosa de pertenecer a una mafia, cartel o agrupación, como la estigma que sufren los colombianos”.

“Lo preocupante es que Nicaragua tiene antecedentes negativos en materia de seguridad de sus documentos oficiales, se han denunciado irregularidades con cédulas supuestamente entregadas a personajes del lavado de dinero internacional, como el caso de Marc Harris (en 2003) y a gente de las FARC, y no vayamos largo, con el caso de Walpa Siksa, los dos principales sospechosos del atentado tenían cédulas. ¿Cómo las consiguieron?”, se cuestionó.

Según el analista, ésta es una situación “donde el Estado debería ser escrupuloso en el manejo de todo lo que tenga que ver con la identidad de la persona, ya sean cédulas o pasaportes, ya que estos incidentes activan alarmas internacionales donde a nosotros los nicaragüenses nos verán como sospechosos de cualquier cosa con la documentación que presentamos”, observó.

El sociólogo dijo que debido a la caducidad de más de un millón de cédulas, al estado de maltrato del documento por el uso cotidiano, y a la falta de información actualizada que refleja el carné, “ya es un problema hacer transacciones y gestiones con la cédula en Centroamérica al amparo del CA-4”.

A su criterio, se está volviendo una dinámica que las agencias de seguridad internacional, aduanas y aerolíneas sospechen de todo documento que presenten los nicaragüenses.

“Hay una industria internacional que se dedica a ese negocio para penetrar a otros negocios ilícitos como la trata de blancas, el narcotráfico el contrabando y el tráfico de personas. Y en la medida que estas denuncias salgan a cada momento en Nicaragua, nos meten en esas sospechas globales de crimen organizado”, alertó.

“Las noticias ya no quedan en Nicaragua, traspasan fronteras, y cuando se vuelven una dinámica las denuncias, las alarmas se activan en todas partes”, señaló.

Dijo que el tema no es ya solo asunto del CSE, sino de todas las instancias de la Seguridad Nacional, como Fiscalía, Policía, Ejército y Poder Judicial.