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Mientras sostenemos la retardación de justicia y la necesidad de hasta diez años para poner al día los procesos judiciales, la Policía Nacional ha reducido su capacidad de esclarecimiento en el último año, en medio de un incremento de la actividad delictiva, para lo cual no tiene capacidad de respuesta, según el informe comparativo “Acceso a la justicia 2009”, elaborado por la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH.

Según el informe, vale destacar que Nicaragua se encamina a la actualización de su marco jurídico, lo cual es un proceso paulatino, sin embargo, las deficiencias actuales son evidentes y sostenidas.

Sólo en el Complejo Judicial Nejapa, en el área penal, si se toma en cuenta que al inicio de 2008 existía un arrastre de 19 mil 589 expedientes de 2007, y durante 2008 se finalizaron 20 mil 479, estamos hablando de que la retardación de justicia sólo fue superada en un 7 por ciento, así se refleja que el índice de congestión de casos llegó al 107 por ciento en relación con los que entraron en ese año.

2009 inició arrastrando 18 mil 273 expedientes, pero la información de resolución no estuvo disponible para la CPDH, por lo cual no pudieron analizar el nivel de respuesta o si existe alguna mejora en el último año.

Mientras tanto, en igual período, si se analizan las áreas del Distrito Penal de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria y del Distrito Penal de Juicio, ahí ni siquiera lograron resolver la cantidad de casos del año, implicando que la retardación de justicia es mucho mayor en esa área.

“Lo anterior indica que el problema de retardación de justicia continúa, y que a pesar de los casi dos años de implementación del nuevo Modelo de Gestión Judicial, el porcentaje en que se va reduciendo la retardación --el 7 por ciento-- es aún insuficiente. A este nivel llevaría más de 10 años poner al día los procesos”, dicta el documento.

El mismo agrega que la retardación de justicia desde la perspectiva de la ciudadanía no ha mejorado. De igual forma, los abogados litigantes manifiestan que el nuevo modelo en vez de resolver el problema lo ha agudizado.

En un proceso de observación en los juzgados en 15 municipios del país, en el caso del trato funcionario-usuario, fue positivo, ya que los funcionarios utilizan un lenguaje sencillo en un 87 por ciento. Tono amable y atención a inquietudes y demandas de usuarios fue del 93 por ciento, pero en capacidad de respuesta se obtuvo el 60 por ciento.

En el caso de la eficiencia reflejada en los trámites que se realizan en los juzgados, el 67 por ciento de los usuarios considera que son lentos, burocráticos e ineficientes. Mientras tanto, el 62 por ciento de los consultados no conoce ningún mecanismo de queja. De los que lo conocen, sólo el 14.6 por ciento lo ha usado, aunque el 37 por ciento siente que ha tenido motivos para quejarse.

Municipalmente, en el juzgado de Granada el 100 por ciento de los encuestados manifestó tener motivos de queja por el mal servicio que brindan. El juzgado de Estelí le sigue con el 90 por ciento.

Sobre la Policía Nacional
En el caso de la Policía Nacional también hay malestar por su capacidad de respuesta. Según las estadísticas, de enero a agosto del año pasado, el índice delictivo aumentó en un 6.7 por ciento, respecto al mismo período de 2008.

Asimismo, la capacidad de esclarecimiento de casos se redujo en un 4.8 por ciento al momento de hacer los comparativos 2008-2009. En 2009, la Policía recibió más casos y resolvió menos, quedando clara la reducción del 5 por ciento de la efectividad policial en el esclarecimiento de la acción delictiva. En 2008 fueron 103 mil 757 casos y resolvieron 47 mil 478, para una resolución del 46 por ciento. En 2009 hubo 110 mil 742, y sólo se resolvieron 45 mil 207, para una resolución del 41 por ciento.

Según las zonas, la capacidad de respuesta se redujo hasta un 57.4 por ciento en Madriz, el 45.6 por ciento en Jinotega, el 43 por ciento en Matagalpa, el 31 por ciento en Río San Juan, el 29 por ciento en Chinandega, el 24 por ciento en Rivas, en Estelí el 23 por ciento, y el 17 por ciento en Nueva Segovia.

Las áreas de mayor efectividad policial en 2009 fueron la zona central de las regiones autónomas, aumentando en 35 por ciento, el 28 por ciento en Granada, 20.5 por ciento en Chontales y el 12 por ciento en Managua. Esto ha analizado a través de los datos oficiales de la Policía Nacional.

En el caso de las denuncias recibidas en la CPDH, por parte de la ciudadanía contra la Policía Nacional, el nivel de respuesta de la institución se ha deteriorado progresivamente, pues en 2007 la respuesta era del 75.5 por ciento en cuanto a violaciones cometidas por oficiales de la institución, y 73 por ciento sobre violencia intrafamiliar atendidas en las Comisarías de la Mujer, Niñez y Adolescencia.

Para 2008, la capacidad de respuesta se redujo al 52.5 y al 37.9 por ciento. En el primer semestre de 2009, la situación de atención a las gestiones de CPDH bajó al 45 por ciento en denuncias contra la misma Policía, mientras en el caso de violencia intrafamiliar y sexual se llegó al 18.9 por ciento.

Percepción de la población en los juzgados
En cuanto a la satisfacción y percepción de la ciudadanía ante la respuesta y efectividad de las instituciones en el acceso a la justicia, a través del muestreo realizado por la CPDH con usuarios que impulsan procesos judiciales, el 41 por ciento manifestó no sentir que se hace justicia, mientras el 57.2 por ciento dijo que la justicia era efectiva en su caso, lo que refleja una mejoría con respecto al año pasado, cuando sólo el 48.5 por ciento, expresó que se hacía justicia, a pesar de la retardación en su aplicación.

Por tipos de juzgados, la percepción más positiva se puede observar en los Juzgados Locales, mientras en los de Distrito la proporción se invierte habiendo tan sólo un 23 por ciento de personas que consideran tener acceso a la justicia. En los Juzgados Únicos la mayoría de los encuestados dijeron estar satisfechos.

Los sitios de mayor descontento con el sistema judicial son Acoyapa y Jinotega, así como los distritos II y V de Managua, donde los niveles de insatisfacción están entre el 67 y el 72 por ciento. Mientras en La Trinidad, Sébaco, San Rafael del Norte, Granada, Ciudad Darío, San Isidro, Matagalpa, Nandaime, La Concordia, Ciudad Sandino, y en los distritos IV y VI de Managua, los niveles de satisfacción están entre 53.3 y el 95 por ciento.

La atención en las unidades policiales
En el caso de las percepción de los usuarios sobre la atención en las unidades policiales, el muestreo refleja un 53 por ciento que dice que “no hay mejoría”, mientras el 46 por ciento considera que sí la hay. Refiriéndose al respeto a los derechos ciudadanos y al acceso a la justicia por parte de las autoridades policiales, el 55 por ciento de los consultados dijo que “no existe”. Como contraparte, el 45 por ciento dice que “sí”.

Desde el punto de vista de género, sólo el 45.9 por ciento de las mujeres encuestadas dijo que no había mejorado en comparación con el 53.9 por ciento de hombres que creen que sí ha mejorado. Cabe destacar que la gran mayoría de los encuestados consideró positiva la atención policial en tanto a gestiones de tránsito (62.2 por ciento), con altos puntajes en la atención en trámites administrativos y gestiones con los detenidos.

En el caso de resolución de delitos, según la opinión pública, la violencia intrafamiliar tiene apenas el 32.9 por ciento de la atención policial; en denuncias por robo, el 39.5 por ciento, y la atención a riñas es del 47.3 por ciento.

Según el estudio, los municipios de San Isidro y La Concordia están en un alto nivel de aprecio de sus pobladores, seguidos de Ciudad Darío, Jinotega y La Trinidad. En el extremo de la ineficiencia policial, Acoyapa y Estelí están a la cabeza, seguidos de Tipitapa, Granada, Matagalpa y San Rafael del Norte.

Por distritos en Managua, sólo en el VI los pobladores opinaron positivamente, con un 65.4 por ciento. En el otro extremo están los distritos considerados menos eficientes, tomando el primer lugar el Distrito V, con un 90.5 por ciento, en segundo lugar el Distrito III con el 90 por ciento, el Distrito II con 75 por ciento desfavorable, y el IV, con el 60 por ciento de opinión negativa.

Refiriéndose a la violencia física y maltratos aplicados por la Policía contra la ciudadanía por municipio y distritos en 2009, San Isidro es considerado el más violento, con un 80 por ciento de opinión, seguido por Acoyapa, Tipitapa, La Trinidad, La Concordia, y el Distrito III de Managua.

Necesidad de fortalecimiento institucional
Denis Darce Solís, Director de Proyectos y Capacitación de la CPDH, señaló que uno de los elementos a destacar es que a partir de los resultados de los informes anuales del observatorio de acceso a la justicia, se ha logrado en alguna medida fortalecer la interacción entre los encargados del Sistema Judicial, hablando de la Policía Nacional, el Ministerio Público y los juzgados, en tanto a escuchar los planteamientos de la ciudadanía.

A través de las gestiones implementadas a nivel local, se realizaron foros con los funcionarios y la ciudadanía, llegándose a compromisos concretos relacionados con mejorar el trato al ciudadano en el sistema de justicia y aumentar la eficiencia, así como su eficacia.

Mencionó que esto lo lograron a nivel local, donde hay actitud abierta, no así a nivel de la CSJ, por falta de acceso a los magistrados.

Darce explicó que en términos cualitativos, lo que la ciudadanía mayoritariamente enfrenta es falta de sensibilidad del funcionario respecto al problema planteado, sin embargo, la excusa es falta de recursos, y muestra actitudes o acciones para que el ciudadano desista de su denuncia, ya sea esto una investigación policial o un proceso judicial.

“Desde hace cinco años la CSJ está trabajando en un Código de Ética Judicial, e igual la Policía Nacional tiene una iniciativa similar. Si bien es importante tener este mecanismo de compromiso ético, no se le ha dado la aprobación definitiva ni activado los mecanismos para su debida implementación. Obviamente que los códigos deben complementarse con mecanismos de supervisión para su implementación, si no, quedarán sólo a nivel de políticas bien intencionadas en un papel”, puntualizó.