José Adán Silva
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El Sexto Informe de Gestión del Sector Defensa Nacional, Seguridad Pública y Política Exterior, realizado por el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, Ieepp, presenta un análisis general de la conducción política y el desempeño del Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional durante el período julio 2009 a febrero 2010, en la cual la institución militar aparece mejor valorada frente a la sociedad que las autoridades del orden público.

Tras valorar diferentes aspectos de las principales actuaciones de cada una de las instituciones en el período referido, en hechos tanto institucionales como frente a situaciones de manejos políticos, varios analistas coincidieron en que hubo un mejor manejo de las fuerzas armadas ante los escenarios, en comparación con la Policía Nacional.

Reforma a NMI creó debate
Una de las situaciones más controversiales, que a criterio de los autores de la investigación enfrentó el Ejército en la fecha analizada, fue la reforma a la Normativa Militar Interna, que se enmarcó en un contexto político determinado por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, frente a la crisis de los poderes políticos.

“La reforma a la Normativa se enmarcó en lo estipulado por la legislación correspondiente y bajo los procedimientos establecidos. Sin embargo, debido a que en el contexto político nicaragüense prevalece la desconfianza hacia la forma de gobernar del Presidente actual, tal reforma generó diversas suspicacias en medios de comunicación, generadores de opinión y algunos especialistas en la materia”, dice el informe, que será presentado el martes de esta semana.

La controversia, de acuerdo con el estudio, se dio “especialmente porque fue una decisión tomada en un escenario político poco favorable para el cuerpo militar y en circunstancias que no revistieron de la importancia que la Normativa sí tiene para la estructura militar”.

Sin embargo, el mismo estudio señala que al conocerse por parte del Ejército el proceso que conllevó a la reforma interna de la institución, las dudas se disiparon un poco en comparación a las reacciones posteriores al anuncio público del presidente Ortega de “flexibilizar” al cuerpo armado.

“No obstante, de las suspicacias surgidas por tales circunstancias, la reforma no fue una decisión coyuntural, sino consecuencia de un proceso de reflexión iniciado hace varios años en el seno del Ejército. Las razones oficiales más allá de lo eminentemente legal, no fueron dadas a conocer ni se conoció si la reforma fue discutida con las autoridades civiles correspondientes”, dice el texto, para el cual se entrevistaron a varios expertos, entre ellos al general de Ejército en retiro Javier Carrión, al ex ministro de Defensa José Adán Guerra, al general de Brigada en retiro Hugo Torres, el consultor civil en temas de defensa y miembro de la junta directiva de la Red de Expertos de Seguridad y Defensa de América Latina (Resdal), Roberto Cajina, y militares activos.

La crisis de Honduras
De acuerdo con los expertos citados en el estudio, otro episodio que sumó puntos a favor de la imagen del cuerpo militar, fue el discurso y comportamiento frente a la crisis regional determinada por la expulsión de Honduras del ex presidente de ese país, Manuel Zelaya.

“En relación con la crisis política con Honduras a raíz del golpe de Estado al ex presidente Manuel Zelaya, el presidente Daniel Ortega realizó un manejo ponderado, pese a su característica retórica y apoyo al Presidente depuesto. Sus discursos e intervenciones públicas procuraron mantener el diferendo en el ámbito diplomático y no comprometió a la institución armada”, reseña el estudio.

“En otro aspecto, la posibilidad de que el Ejército de Nicaragua pueda inmiscuirse en una acción de la misma naturaleza que la de Honduras, es poco viable”, afirma el estudio.

“No fue razonable pensar que el Alto Mando del Ejército estaría dispuesto a poner en tela de duda su fuerte imagen y credibilidad ante la sociedad nicaragüense, mediante un golpe de Estado al actual o a cualquier otro Gobierno”, añade.

El Ejército del ALBA y el nombramiento de Avilés
Otra de las situaciones sorteadas por las fuerzas militares, o manejadas dentro de un comportamiento profesional, fue la adhesión de Nicaragua a un acuerdo político para conformar un Comité Permanente de Defensa y Soberanía del ALBA.

“Sin embargo, la materialización de esta posibilidad es aún poco probable. En cualquier caso, estos acuerdos ALBA en materia de defensa tienen connotaciones político-ideológicas que buscan hacer un contrapeso a Estados Unidos, hasta la fecha uno de los países que mantiene buenas relaciones de cooperación con el Ejército de Nicaragua, a diferencia de Venezuela, que no se tiene conocimiento público de su aporte al fortalecimiento de la entidad castrense nicaragüense”, citó el estudio.

Otro de los aspectos que fortalecieron al Ejército, a criterio de los investigadores, fue el respeto del presidente Ortega a la decisión castrense de nombrar al nuevo comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, general Julio César Avilés, así como el manejo neutral del discurso militar del recién estrenado jefe castrense, frente a la retórica presidencial que a juicio del estudio “pudo haber comprometido políticamente la imagen de la institución militar”.

Sin embargo, el Ejército recibió críticas por la “flexibilidad” de sus nuevas funciones al aceptar la propuesta presidencial de ejecutar misiones relacionadas al resguardo y protección de los recursos naturales (“Batallón Ecológico”) y para apoyo en construcción de un programa de interés social (“Calles para el Pueblo”), que a criterio de analistas, “implicaría algunos retos para la institución militar”.

“Esas son misiones legales debido a que son roles o funciones establecidas en el marco normativo de actuación del Ejército. Y legítimas porque son indirectamente reconocidas por la población como funciones que el Ejército debe ejecutar. Y aunque sean consideradas necesarias tanto para la institución militar como para el Estado, no deben asumirse como misiones permanentes que coordina el Ejército, sino roles que complementan y dan apoyo a los esfuerzos de la gestión civil”, advierte el estudio.

Población da aprobado
La investigación concluye que la ciudadanía sigue valorando el papel de las fuerzas armadas frente a los desastres.

“Si se examina rápidamente cuáles misiones tienen mayor reconocimiento y legitimidad de la ciudadanía, según la encuesta (M&R, diciembre de 2009), encontramos que un número significativo de los consultados (89.5%) considera que se aprueba al Ejército en asistir a la población en caso de desastres naturales”, cita el documento.

“Probablemente, esta muestra indica la aceptación ciudadana hacia las acciones que ha venido realizando la institución armada ante el impacto de fenómenos naturales o en la gestión de riesgo”, señala el informe, que resalta las intencionalidades políticas del presidente para atraer a los uniformados a su proyecto político.

“Aunque se percibe que el presidente Ortega mantiene un control subjetivo del Ejército con el interés de cooptarle y acercarle a los intereses de su Gobierno y partido político, es aún muy difícil determinar que en la práctica se esté dando una adhesión del Ejército a tales intereses”, sostiene.

“El anterior y el actual comandante en Jefe del Ejército insistieron persistentemente en mantener su apego a lo establecido en la Constitución y las leyes. Se espera que la tónica en las decisiones en defensa y las relaciones civiles-militares sea la misma que en los 3 años anteriores: el Presidente comprometiendo al Ejército y, a su vez, el Ejército procurando reforzar su imagen pública de la institución más creíble y profesional del país”, señala el informe.

Sobre la Policía
Para el capítulo de seguridad pública, la investigación consultó a los ex directores de la Policía Nacional, René Vivas Lugo y Fernando Caldera Azmitia; al ex Subdirector General y fundador de la Policía Nacional, Javier López Lowery; y al catedrático de la Universidad Centroamericana y experto en seguridad ciudadana, Lázaro García.

“En materia de Seguridad Pública, varios hechos resaltaron como patrones en la tendencia de la conducción y gestión del sector de la seguridad pública. La observación constante sobre estos hechos y del papel desempeñado por el liderazgo civil, en materia de conducción y control democrático, nos conduce a deducir dos aspectos básicos alrededor de la situación de la Policía Nacional: 1. Se registró una leve mejoría con respecto a los años anteriores; y 2. Un leve desmejoramiento de su legitimidad social”.

Según el informe, por un lado estas percepciones demuestran que de alguna manera se superaron las aparentes tensiones en la relación existente entre el presidente Daniel Ortega y la Primera Comisionada Aminta Granera que, de acuerdo a una percepción generalizada, surgieron debido a la influencia político – partidaria que el mandatario quiso imprimir en el seno de la Policía Nacional desde que asumió el poder y lo cual era contrario al espíritu institucional, profesional, apartidista y apolítico que asumía la nueva jefatura policial.

Además, resaltan, hubo un esfuerzo sostenido desde la Presidencia por incrementar las capacidades operativas de la Policía, lo que se demostró con aumentos en los gastos corrientes de las partidas presupuestarias, con las cuales se ha venido incrementando el número de agentes policiales.

“Fue en este mismo periodo que la normativa institucional sufrió un cambio importante: por medio de un decreto ejecutivo se prorrogó el tiempo requerido para el retiro por jubilación de los oficiales de la Policía Nacional”, observa el informe.

De acuerdo con lo que se planteó oficialmente, con la emisión de este decreto se evitaba que numerosos oficiales fundadores de la Policía Nacional que habían adquirido gran experiencia y estudios académicos, y que por su edad aún podían ofrecer más tiempo dentro de la institución, pasaran a retiro obligatorio por jubilación por el hecho de haber cumplido 30 años servicio activo, según establece la Ley 228.

PN pierde legitimidad social
Por otro lado, en este período se observó que los índices de legitimidad social de la Policía Nacional decayeron un poco, señala el documento del Ieepp.

Ellos se basan en encuestas y estudios de percepción publicados. “De acuerdo a los resultados de sondeos realizados a finales del 2009 por algunas firmas consultoras, los índices que demostraban que los ciudadanos le tenían mucha confianza a la institución, se redujeron en 3.7 puntos porcentuales; mientras que la confianza parcial aumentó en 10.9 puntos porcentuales”.

“Esto significa que cada vez es mayor el número de nicaragüense que confía parcialmente en la Policía Nacional, mientras que se reduce el número de aquellos que le tienen plena confianza a ésta”, observan.

Esto se debió a una serie de factores que incidieron negativamente en la imagen institucional de la Policía Nacional, según el criterio de los investigadores.

Ejemplos concretos
“Uno de estos factores fue la falta de actuación de algunos agentes que no intervinieron para proteger la integridad física de funcionarios de la sociedad civil cuando éstos eran agredidos por simpatizantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional en las inmediaciones de la Catedral de Managua”, ejemplifican.

Otro factor determinante fue la aparición de dos altas oficiales en un acto partidario impulsado por mujeres sandinistas. En este caso, una de las oficiales participó en ese acto del FSLN con el uniforme policial, en abierta violación a las disposiciones de la Ley de la Policía Nacional, que prohíbe a sus miembros participar en este tipo de eventos.

Pese a ello, hubo mejoría en la actuación de la seguridad ciudadana. “También fue en este período en que se registró una desaceleración del 9% en el comportamiento delictivo general. Esto significa que los planes operativos implementados por las fuerzas policiales han dado resultado a pesar de las limitaciones históricas que la Policía Nacional ha mostrado”.

“Desde mediados de 2009, la institución ha venido reforzando su área preventiva y ha aumentado el número de agentes y patrullas en las calles y puntos clave de la capital y otros departamentos”, observa el informe.