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La cuenta regresiva ha empezado, el plazo fijado para 2015 se avecina y la posibilidad de no alcanzar la meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) por lo países en desarrollo, empieza a contemplarse como una realidad.

La rendición de cuentas está siendo puesta a prueba, así como la buena gobernanza de los donantes y beneficiarios en cuanto a la prestación oportuna y previsible de recursos, y a la administración transparente de los mismos por los estados y la sociedad.

Los informes recibidos de Mortalidad Materna constituyen una significativa minoría de los eventos reales, ya que menos del 40% de los países miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) reportan de forma correcta, metódica y demostrable sus cifras de Muerte Materna. Las estadísticas de los países más pobres no son alentadoras.

Organismos internacionales concuerdan en que la Mortalidad Materna es un indicador confiable para medir el nivel de desarrollo de un país, la eficacia y el acceso a servicios de salud; asimismo, es una radiografía de la realidad que vive una sociedad en materia de equidad de género.

En materia económica, se estima que con una inversión promedio de US$3 anuales por persona en los países de bajos ingresos, es posible reducir significativamente las tasas de Mortalidad Materna en el mundo, mientras que el costo aproximado para garantizar el servicio de salud sería de US$2 por persona, con lo que se conseguiría reducir la muerte de alrededor de 1.5 millones de niños anualmente. Y el costo total para salvar la vida de una madre o recién nacido oscila alrededor de US$230.

Factores estructurales

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) expresa que aún persisten niveles inadmisibles de desigualdad social y de fraccionamiento en la región latinoamericana, sobre todo en materia de empleo. Según estadísticas, existen 181 millones de latinoamericanos pobres, y más de 70 millones de indigentes; por lo tanto, el desafío mayor continúa siendo la disminución de las disparidades.

Según opinión de la Cepal, Latinoamérica atraviesa un período comprometido en la marcha hacia 2014, que de no cuidar las inversiones, y ejecutar políticas dirigidas a proteger la región y afrontar transiciones poblacionales; los avances obtenidos corren riesgo de evaporarse, advirtió el Unfpa (Fondo de Población de las Naciones Unidas).

La distribución del Producto Interno Bruto (PIB) y sus ingresos constituye uno de los índices económicos más útiles para estimar el nivel de equidad social de cada país. Al respecto, la región latinoamericana registra una dolarización preocupante entre riqueza y poder; lo que ha puesto de manifiesto que la concentración de la riqueza y el ingreso nacional de cada país permanece en poder de una minoría social.

Las relaciones entre la deuda externa y el Producto Interno Bruto (PIB), y entre el servicio de la deuda externa y las exportaciones en los países en desarrollo, han aumentado significativamente a partir del último trimestre de 2008. Las regiones se encuentran frente a la carestía global del crédito y a las limitaciones en sostenibilidad de gasto público, tanto en infraestructura, como en educación, salud y protección social.

Las políticas actuales de inversión extranjera, mantienen bajas sus tendencias en los flujos de inversión en la región. Ante esta problemática, el objetivo de retomar el crecimiento sostenido obliga a nuevos retos; uno de ellos, el fortalecimiento institucional como ocupación principal para los gobiernos de la región.

Si se utiliza como patrón la línea internacional de pobreza “1 dólar por día” del Banco Mundial, sustituida en 2008 por el valor de “1.25 dólares por día”; los progresos no son favorables, pues el índice de pobreza aumentó; es decir, que 36 millones de personas entre 1990 y 2005, vivían en condiciones de pobreza extrema.

En los países en desarrollo, las necesidades básicas como el acceso a la vivienda, servicios sanitarios, educación y a la capacidad económica; continúan mayoritariamente insatisfechas.

Son diversos los estudios que determinan la “pobreza” como la causa medular responsable de la privación de estas necesidades y de la Muerte Materna. Al respecto, la comunidad internacional continúa exhortando a una franca voluntad política por parte de los gobiernos, que se vea reflejada en la asignación de los recursos presupuestales suficientes, y en el diseño de estrategias para la implementación de programas de salud efectivos y acordes con las condiciones de vida de las mujeres, en el aporte de recursos que abonen a la equidad en la distribución de la riqueza que cada país produce, como una manera segura de revertir los factores estructurales más perjudiciales.

Ante el escenario actual, instituciones financieras multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, entre otras, han impuesto programas de reajuste estructural a los países deudores que deseen más financiamiento, a fin de obtener resultados macroeconómicos favorables; como un mejor control del gasto público ineficiente, control de la tasa de inflación, etc. Según estos organismos financieros, el control del gasto público, la privatización masiva de las empresas públicas, el aumento de las exportaciones, el control cambiario y otras disposiciones, no han conseguido el impacto social esperado, y, por lo tanto, el crecimiento económico no ha sido considerable.

Factores socioculturales

Hasta la fecha, los progresos en la reducción de la Mortalidad Materna son mínimos, y en cuanto al acceso a servicios de salud reproductiva, continúa siendo deficiente en las regiones en desarrollo. De mantenerse este comportamiento, la meta de 120 muertes maternas por cada 100,000 nacidos vivos no se logrará para 2015.

La reducción de la Mortalidad Materna aún se mantiene alta en gran parte de los países latinoamericanos, donde la tasa promedio de Mortalidad Materna es de 190 muertes por cada 100,000 nacidos vivos.

Evitar la Mortalidad Materna no precisa indispensablemente de emplear tecnología de punta, basta el compromiso social a una cultura de la salud, orientada a la promoción y educación de los riesgos reproductivos.

En 1995, el Informe de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) reconoció la desigualdad de género como uno de los obstáculos más persistentes y desventajosos; la estrategia a seguir fue el “Empoderamiento de la Mujer” como elemento fundamental del prototipo del desarrollo humano sostenible. A continuación, en 2002, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) incluyeron el Objetivo 3, que establece como meta el logro de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Dicho objetivo se considera piedra angular en la lucha contra la pobreza, por el desarrollo humano sostenible y, por consiguiente, la buena gobernabilidad.

Para la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la violencia doméstica representa un indicador de profunda desigualdad social, conexo a la pobreza. Sin embargo, a causa de factores con menos opciones para prevenir y luchar con embarazos no deseados, deficiente amparo legal y policial, y habitualmente con un antiguo sometimiento a los hombres, se puede mencionar que las mujeres de los países en desarrollo tienen mayor riesgo de muerte materna por violencia doméstica. En este aspecto, la OPS exhorta incluir la violencia doméstica como elemento integral de las estrategias de promoción de la salud materna, ya que puede favorecer y reducir la Mortalidad Materna para 2015, y, asimismo, conquistar logros significativos en materia de igualdad de género.

El aborto terapéutico y las minorías

Actualmente, la legislación en la mayor parte del mundo considera necesario la despenalización del aborto, siguiendo la recomendación de la OMS; tomar en consideración la voluntad de la gestante como requisito indispensable para evitar una posible sanción. El aborto terapéutico debe estar autorizado por la Constitución de cada país, a fin de impedir miles de muertes anualmente, sugiere la OMS.

El 25% de la población mundial vive en 54 países que prohíben totalmente el aborto, o lo aprueban sólo para salvar la vida de la mujer. Y el 62% de la población mundial vive en 55 países donde el aborto inducido se practica libre de restricciones en cuanto a causa; sean éstas por razones terapéuticas, quirúrgicas, eugenésicas, sentimentales, y hasta socioeconómicas.

Los países que han optado por la penalización absoluta del aborto constituyen, en la actualidad, una minoría a nivel mundial.

Para la OMS, los abortos practicados en condiciones higiénicas inadecuadas son causa de mayor Mortalidad Materna. El riesgo es estadísticamente mayor cuando el aborto en condiciones clínicas seguras no es posible, ya sea por motivos legales, sociales, económicos o de otra índole. Por lo tanto, los abortos clandestinos son considerados un problema de salud pública debido al índice de muertes y por las consecuencias que tienen en la vida de las mujeres y sus familias.

Un significativo porcentaje de muertes maternas se puede evitar con la planificación familiar, reduciendo así el número de embarazos no deseados; se estima que si las mujeres que no desean procrear hicieran uso de métodos anticonceptivos seguros, anualmente se podrían evitar no menos de 100,000 muertes maternas, afirma la OMS.

Las hemorragias y otras complicaciones del aborto incompleto constituyen una de las causas más frecuentes de la Mortalidad Materna, y han servido como argumentos científicos a favor de la despenalización del aborto, a fin de que deje de ser tipificado como un delito, y se legisle con argumentos válidos.

Actualmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Corte Europea de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (Cdhnu), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Amnistía Internacional (AI), entre otros, instan a despenalizar el aborto, ya que su prohibición viola los derechos humanos de las mujeres. Referente a las posturas políticas y religiosas, es inexistente un paralelismo entre ambas tendencias en relación con el aborto, debido a que hay defensores y detractores en todas las propensiones.

Las instancias de alcance mundial continúan cooperando favorablemente para que los países beneficiarios alcancen la meta del ODM5; entre tanto, la voz de las mayorías del mundo hace hincapié en la distribución equitativa de la riqueza como mecanismo efectivo para revertir la pobreza; ya que la inmensa mayoría de mujeres que mueren, son pobres y viven en países en desarrollo.
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