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La situación de pobreza, la desigualdad, el analfabetismo, la violencia intrafamiliar y la falta de acceso a servicios básicos y a la justicia, complican cada vez más el desarrollo de la mujer en Nicaragua, de acuerdo con diversas cifras que se han dado a conocer desde el gobierno, organismos no gubernamentales y organismos internacionales.

Reconociendo el pausado desarrollo, y que los recursos destinados a la batalla contra la pobreza ingresaron entre 1990 y 2008: “12 mil millones de dólares en cooperación”, la pobreza persiste.

Datos oficiales del Instituto Nicaragüense de Información para el Desarrollo (Inide), señalan que de 2005 a 2010 la tasa de desempleo abierto aumentó en un 87%, mientras que economistas estiman una inflación de un 7% por encima de la demanda de la población.

El poder adquisitivo del córdoba decrece, a la vez que los precios aumentan, perjudicando a los asalariados y a los pensionados, pues los salarios no aumentan. Igualmente, se dificulta la adquisición de préstamos, lo que golpea la productividad de la economía y el empleo.

Unos tres millones de mujeres forman parte de los 5.7 millones de habitantes (estimación de 2008), de los cuales poco más o menos de un millón sobrevive en la pobreza extrema con menos de dos dólares diarios, según encuestas de diversos organismos, como Cepal y el mismo PNUD.

Las mujeres representan únicamente el 46% de la Población Económicamente Activa (PEA).

La eterna visión doméstica de la mujer
La participación masiva de la mujer en el sector servicios, el que la mujer quede “atada” al cuidado de la familia, y otras veces que sea la “madre cabeza de familia”, son agentes que abonan a la asimetría de géneros.

Algunas mujeres tienen los mismos niveles de educación que los hombres --o mayores--, sin embargo, gran parte continúa participando menos en el mercado laboral y devengando menor salario; en parte, debido al déficit en cuestión de planteamiento, análisis, evaluación e implementación de políticas públicas y de programas reservados a corregir las inequidades de género.

Moralizando este contexto, los cambios se traducirían en empuje a un desarrollo humano sostenible, ubicando a Nicaragua en excelente posición con respecto a los compromisos y avances en el cumplimiento de las Metas de Desarrollo del Milenio, específicamente con el ODM 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer.

Reducido número de mujeres en plazas oficiales
Las diputadas (propietarias electas) en la Asamblea Nacional son 19, en el Parlamento Centroamericano, son ocho diputadas propietarias electas, y las alcaldesas y vicealcaldesas electas suman 23. Y de 90 electos en las pasadas elecciones regionales, sólo 21 fueron mujeres, resalta Juanita Jiménez, abogada feminista y defensora de derechos humanos.

La toma de decisiones de las mujeres que ocupan cargos es restringida, no siempre garantizan logros en la institucionalidad de los derechos de las mujeres, lo cual es notorio en el hecho de que los partidos políticos asumen el tema de la paridad para los cargos públicos y del propio partido sólo en las arengas políticas, manifestó la abogada.

La Ley 648, Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades, aprobada en 2008, ha sido objeto de una cadena de ardides políticos, y, a la fecha, no existe mecanismo que asegure su aplicación, afirma Jiménez.

No obstante, y reconociendo los avances, persiste un déficit significativo de desigualdad entre géneros. Las mujeres demandan mayores niveles de protagonismo, participación y poder en la sociedad, a fin de contribuir en la transparencia de la gestión pública y para ahondar en la descentralización de los poderes del Estado, creando una cultura de gobernabilidad que abonaría a recuperar la confianza de las nicaragüenses en las instituciones.

Asimismo, precisan que las instituciones y las políticas económicas garanticen mayor equidad, a fin de facilitarles el acceso y el control de recursos, como parte de las reformas a las instituciones políticas, sociales y económicas del país, indica Jiménez.

Feminización migratoria
Otro dato no muy halagador es que Nicaragua se ha convertido en un país expulsor, lo que ha dado paso a la migración femenina, y, con ella, la pérdida de capital humano.

Entre las razones predominan las económicas, empero, existen otros motivos, como la falta de autonomía, la violencia doméstica, la pérdida de derechos que las instituciones podían ofrecerles, lo que significa que muchas mujeres visualicen la migración como una necesidad ante la carencia o el maltrato.

También, no se puede obviar el impacto de su desplazamiento en la relación y bienestar familiar. Las consecuencias son de toda índole: políticas, económicas, sociales e inclusive sicológicas.

En 2008, de acuerdo con registros de organismos sanitarios, el 75% de inmigrantes nicaragüenses que residen en Costa Rica son mujeres.

El estudio “Estado de la situación de la migración y la salud reproductiva de mujeres emigrantes en la zona fronteriza”, realizado en 2009, con patrocinio del Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa), reveló los abusos que sufren las mujeres nicaragüenses --físicos y sicológicos-- por parte de funcionarios de migración, policías, oficiales del Ejército y “coyotes”.

El Centro de Derechos Sociales del Inmigrante (Cenderos), ejecutor del estudio, concluyó en que hay carencia de políticas públicas dirigidas a la atención de la mujer y en la inaccesibilidad a recursos económicos para frenar la segregación.

La diversidad de inmigrantes en España dificulta obtener cifras exactas, se estima que un 61.11% corresponde a mujeres nicaragüenses.

En 2009, otra investigación realizada por Bendixen y Asociados, en Estados Unidos, arrojó que la mayoría de los inmigrantes son mujeres. La muestra del estudio fue de más de 1,000 mujeres de América Latina, Asia, África y el Medio Oriente, de las cuales el 30% dijeron ser indocumentadas.

La feminización del Sida
De acuerdo con un estudio efectuado por la Comunidad Internacional de Mujeres viviendo con VIH/Sida (ICW), el 96% de las nicaragüenses portadoras del virus de inmunodeficiencia humana carecen de empleo, no tienen acceso a créditos y son mujeres cabeza de familia sin casa propia.

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas contra el Sida (Onusida) hace un llamado al acceso gratuito de los tratamientos antirretrovirales existentes en Nicaragua por donaciones del Fondo Mundial, entregados a través del Minsa en los 16 Sistemas Locales de Atención Integral en Salud (Silais) del país.

La Ley 238, Ley de Promoción, Protección y Defensa de los Derechos Humanos ante el Sida, prohíbe cualquier tipo de discriminación. El artículo 34 establece asignar una partida presupuestaria anual a la Comisión Nicaragüense del Sida (Conisida). Hasta 2009, había incumplimiento por parte de la Asamblea con la asignación. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) reiteró el llamado para su aprobación.

Para Onusida, la prevención es fundamental, sobre todo en las mujeres; pensando en la meta de erradicar por completo la pobreza para 2015. Esto implica optimizar los servicios de prevención primaria a todas las mujeres, reducir el número de embarazos no deseados, garantizar que las mujeres conozcan su condición serológica (análisis del suero para determinar la presencia del virus), etc.

Violencia doméstica persiste
Juanita Jiménez manifiesta que las estadísticas aumentan: en el primer trimestre del año se registraron 12 crímenes, en los cuales, cuatro de las víctimas eran niñas. En el período 2005-2009, las mujeres asesinadas fueron 398, según monitoreo realizado por la Red de Mujeres contra la Violencia (RMCV), destacó.

El Programa Nacional de Lucha contra la Violencia Basada en Género, formulado por las mujeres organizadas, no contó con la voluntad política del actual gobierno, que le negó una partida presupuestaria, expresó Jiménez.

Hasta agosto de 2010, la RMCV registra 49 feminicidios, de éstos, 17 acusados ya han sido procesados. Los restantes agresores están en libertad, aparentemente por inacción policial.

Información de julio 2010 indica que el Instituto de Medicina Legal atiende anualmente 16 mil casos de violencia doméstica, situación que la ubica como el segundo problema de mayor envergadura de salud pública.

Igualmente, la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) registra a la fecha, 40 casos de mujeres asesinadas por sus parejas. En 2009, la CPDH atendió más de 800 casos. Las denuncias fueron presuntamente por inacción de las autoridades.

La situación de las mujeres se agrava aún más cuando han sido víctimas de agresores que, por su condición política, gozan de inmunidad como privilegio constitucional. Estos crímenes permanecen sin castigo, y aunque deben ser investigados, el Estado no se implica, favoreciendo así a los agresores del círculo político y faltando a los instrumentos internacionales. Esto provoca que persista un abismo entre los índices, la dimensión de la violencia y la eficacia de la respuesta judicial.

Graves deficiencias imperan en instancias de justicia
En el terreno económico y de recursos humanos inciden vacíos estructurales para enjuiciar los casos con velocidad y eficacia, carencias de investigación de los hechos declarados, ineficacia del sistema: en ocasiones, por la persistencia de patrones socioculturales discriminatorios que se interponen en el trabajo de los funcionarios judiciales y policías, debido a insuficiente preparación para abordar la violencia doméstica, llegan a extremos de no considerarla una prioridad, y como resultado descalifican la credibilidad de las víctimas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha comprobado la inoperatividad de la Policía, faltando a su deber de proteger a las mujeres contra eventos amenazadores; verificándose dificultades en el cumplimiento y seguimiento de las órdenes de protección o medidas cautelares emitidas.

Estas deficiencias reflejan estadísticas de juicios y sentencias que no se relacionan con el número real de denuncias y con la prevalencia del problema, desestimando la magnitud y distribución de la epidemia de violencia doméstica en el país.

En 2007 y 2008, un mil 400 niñas menores de 14 años fueron víctimas de abuso sexual, informó el Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa), señal de que urgen cambios culturales en los modelos formativos, ya que la violencia persiste en todas sus formas, propagando disparidad de géneros.

Educación: clave para reducir desigualdades de géneros
El presidente Daniel Ortega ha declarado oficialmente al país libre de analfabetismo, tras reducir la tasa de iletrados del 20.7 al 3.56%.

El porcentaje que fija la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) para avalar estos logros corresponde a menos de 5% de analfabetos. Falta escuchar la información oficial de la Unesco.

Para los movimientos feministas, la cruzada alfabetizadora es contradictoria y ambiciosa. Se calculan 500,000 mujeres analfabetas, cifra que desestima la calidad de la enseñanza en materia de género.

Líderes feministas opinan que el proyecto es propositivo, pero “no basta sólo enseñar a leer y a escribir”, para cumplir con el compromiso de luchar contra la desigualdad de géneros.

Mortalidad materna y aborto
Mejorar la salud materna ocupa el quinto lugar en los objetivos de desarrollo del milenio (ODM). La Organización Mundial de la Salud (OMS) subraya que la razón actual de mortalidad materna de Nicaragua es de 170 muertes por cada 100,000 nacidos vivos. La meta es reducir en tres cuartas partes (75%) la tasa de mortalidad, entre 1990 y 2015.

El aborto inseguro se ha convertido en la segunda causa de muerte materna. No obstante, el Estado ha omitido las recomendaciones hechas por 12 estados miembros del Consejo de Derechos Humanos, durante el Examen Periódico Universal del estado de los derechos humanos en Nicaragua ante las Naciones Unidas, respecto al cambio o la reforma de la ley que prohíbe el aborto.

Para Amnistía Internacional (AI), esta postura desprotege a miles de mujeres y niñas nicaragüenses. En el primer trimestre de 2010, dos de cada diez muertes maternas fueron producto de prácticas inseguras de aborto, señaló la OMS.


licbortzf@yahoo.com