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El movimiento insurgente de Granada Nicaragua --baluarte del criollismo rebelde-- tuvo un fuerte apoyo popular.

Más aún: fue el primero de los movimientos preindependentistas que llegó a enfrentarse con las fuerzas reales: el 21 de abril de 1812. Convenido cuatro días después un acuerdo, éste no fue respetado por el Capitán General del Reino, José Bustamante y Guerra, quien ordenó procesar a los cabecillas y a los participantes. Muchos de ellos cumplieron rigurosas penas en las cárceles de Guatemala y de Cádiz. No pocos perecieron en cautiverio.

Los hechos

Acaso el más significativo de los movimientos precursores del proceso independentista de Centroamérica, fue controlado por los criollos de la ciudad con el fin de impedir a la plebe que se desbordara. Es lo que se deduce del relato de uno de sus gestores: el regidor del Ayuntamiento de Granada Manuel Antonio de la Cerda (Granada, 1780–Rivas, 29 de noviembre, 1828); relato tan extenso como pormenorizado y poco conocido.

Para entonces, ejercía el poder en el Reino de Guatemala, desde el 14 de marzo de 1811, José Bustamante y Guerra (1796-1825). El más notable representante del despotismo borbónico dentro de dicho Reino, Bustamante y Guerra, fue también el más drástico e intransigente de los Capitanes Generales, enviado especialmente para reprimir el proceso de independencia. En Sudamérica dicho proceso ya se había iniciado con la Junta Gubernativa de Caracas el 19 de abril de 1810, y la revolución del 25 de mayo del mismo año en Buenos Aires. O, mejor dicho, estimulado por la crisis de la metrópoli a raíz de la invasión napoleónica. “Te lo dije, Fernandito, te lo dije, Fernandito / no te fueras a Bayona / que el infame Napoleón / te quitara la corona”, decía una canción popular.

Los movimientos en León

Aun antes de 1811, León --capital de la provincia de Nicaragua-- “daba muestras de un partido de innovaciones que recibía pábulo de los revoltosos de la Nueva España y Tierra Firme” —escribiría más tarde Bustamante y Guerra el 30 de enero de 1812, añadiendo: “Mi antecesor en el mando tuvo muchas denuncias y envió algunas providencias. Una de éstas era la de autorizar muy reservadamente al Reverendo Obispo de aquella Diócesis, doctor fray Nicolás García Jerez para que asumiese el gobierno de la provincia y lo ejerciese en el caso de falta repentina o de conmoción popular que inhabilitase al Gobernador Intendente don José Salvador”.

El guatemalteco Alejandro Marure, en su Bosquejo histórico de las revoluciones en Centroamérica “adoptó otras nuevas y más estrictas disposiciones; sistematizó la persecución y las delaciones, tuvo un tino particular para elegir sus agentes y espías, desobedeció constantemente las disposiciones moderadas que, una que otra vez, dictó la metrópoli a favor de los infidentes, y se avocó del modo más arbitrario el conocimiento de sus causas.”

Sin las decisiones de ese hábil político no se puede explicar el destino inmediato de los criollos que en Granada, durante una insurrección popular, exigieron el 22 de diciembre de 1811, en un cabildo abierto de su Ayuntamiento, la destitución de los empleados peninsulares y criollos de tendencia monárquica como los Sacasa y Chamorro, quienes renunciaron y emigraron a Masaya con sus familias.

Esta iniciativa era consecuencia, primero, de la insurrección de San Salvador del 5 de noviembre, y del tumulto popular desarrollado en León del 10 al 14 de noviembre del mismo año, que logró la destitución del Gobernador Intendente de Nicaragua José Salvador —odiado por su despótico gobierno desde dieciocho años atrás— y de otras tres autoridades. Pero el obispo Nicolás García Jerez (1757-1825), otro funcionario habilísimo del absolutismo monárquico, lo había controlado y neutralizado; más aún: se hizo reconocer como sustituto de Salvador en la Gobernación Intendencia.

El 24 de diciembre de 1811 se instaló en Granada una “Junta para el Gobierno Civil y político”, la cual continuaría la relación de las plazas militares europeas —asumiendo la Comandancia de Armas el criollo coronel don Miguel Lacayo— y de “todos los empleos de renta, incluso la Administración de Correos, en Españoles criollos”.

La toma del Fuerte San Carlos
El 1° de enero de 1812 se verificó la elección de los nuevos miembros del Ayuntamiento granadino, resultando electos Juan Argüello, alcalde de primer voto; Juan Espinoza, alcalde del segundo voto; Juan Ignacio Marenco, síndico; y otros cinco criollos en igual número de cargos. “El 8 de enero los granadinos se apoderaron por sorpresa del fuerte de San Carlos —relata Marure— y pusieron presos a los jefes europeos. No por eso se mantuvieron disidentes de su capital, antes bien, reconocieron a la Junta Gubernativa que allí se instaló después que se sosegaron los tumultos populares; y aún determinaron mandar dos diputados que los representasen en la misma Junta.

Asimismo, reconocieron como Gobernador Intendente al obispo fray Nicolás García Jerez, a quien obedecieron en todo, menos en aquellas medidas en que creyeron encontrar tendencias a favorecer a los empleados expulsos. Esto fue el origen de la guerra que se le hizo a Granada”.

El padre Benito Soto y su moción de abolir la esclavitud

Comisionado de García Jerez para pacificar a los insurgentes de Granada fue el padre Benito Soto. A una moción suya debió el Ayuntamiento el honor de haber abolido la esclavitud en la sesión del 10 de enero de 1812. Al convencerse de que su misión no era sino una treta para atrapar a los cabecillas, se pasó al bando de los sublevados. Mientras tanto, Bustamante y Guerra ordenaba la movilización de numerosas tropas reales para marchar sobre Nicaragua: el batallón de San Miguel (600 hombres) en El Salvador, que debía caer sobre León; el Batallón y caribes negros de Olancho (1,000 hombres) de Honduras sobre Granada, y el Batallón de Cartago (100 hombres), Costa Rica, sobre Rivas.

El 10 de abril los mil hombres del Batallón de Olancho entraron en Masaya, al mando del sargento mayor Pedro Gutiérrez, destinados a conquistar Granada. Pero los granadinos ya tenían cubiertas de trincheras todas las avenidas de la plaza y puestos en batería doce cañones de grueso calibre. Acalorado por el licor, Gutiérrez ordenó el 20 de abril a los capitanes José María Palomar y José Arguelles, que a las once de la noche del mismo día veinte, con 200 negros caribes gentiles y 200 pardos soldados de su batallón, pasasen a atacar Granada entre las 3 y 4 de la madrugada del 21.

La guarnición de La Pólvora fue sorprendida, muriendo un centinela. Luego se apoderaron del barrio de Jalteva, casi abandonado, sometiéndolo a saqueo. En la casa del artillero, Gregorio Roblero, los caribes negros intentaron violar a su mujer; entonces, apoyados por algunos voluntarios del pueblo, Roblero tomó un cañón, llevándolo por la calle real hasta el convento de la Merced, desde donde hizo fuego.

Los oficiales y las tropas blancas de las fuerzas reales huyeron hacia Masaya al oír retumbar un cañón de grueso calibre en la plaza, pero los pardos y los caribes se aprestaron para el asalto. Palomar mandó a tocar a degüello; se lanzaron sobre Roblero, quien tuvo que retirarse hacia la plaza, cubierto a tiempo por el fuego de una culebrina. Los negros se desparramaron sobre la ciudad, continuando sus excesos y robos, hasta que el comandante Miguel Lacayo envió una columna a enfrentarlos, haciéndoles veintiocho muertos y cuarenta y tantos heridos.

El desenlace

Pero los criollos dispusieron enviar a Masaya ante Pedro Gutiérrez al presbítero Joaquín González, en calidad de parlamentario; y el 25 de abril concluyeron un convenio por el cual los insurgentes se sometían en una capitulación honrosa que implicaba un indulto formal. El 30 Gutiérrez recuperó la plaza de Granada. El primero de mayo fue celebrada una misa de gracias. Al día siguiente, ingresaron a la ciudad las familias emigradas a Masaya.

Bustamante desconoció el convenio de la capitulación, alegando “que el Rey no podía tratar con rebeldes”, y ordenó a García Jerez que tomara todas las medidas conducentes a la aprehensión y al castigo de los culpables. José Dolores Gámez especifica: El Obispo-gobernador nombró a Alejandro Carrasco para que se constituyera en Juez Fiscal y formara causa a todos los conspiradores, a quienes para comenzar confiscó sus bienes.

Las consecuencias

La investigación duró casi dos años. Mientras guardaban prisión en Granada y Guatemala, adonde llegaron engrillados y a lomo de mula el 14 de agosto de 1813, 16 cabecillas fueron sentenciados a muerte; 9 a presidio perpetuo y 133 de los otros insurgentes a presidio temporal. De estas condenas, sólo la primera no tuvo efecto. Al fin, Bustamante y Guerra resolvió remitir a España a los presos granadinos a través del Golfo Dulce, embarcados en el bergantín “San Miguel” con destino a La Habana, en donde los encerraron en El Morro. El 15 de abril de 1814 el gobernador de La Habana avisó a Bustamante y Guerra el arribo de once reos, y que cuatro de ellos habían sido despachados a Cádiz en una goleta correo.

Manuel Antonio de la Cerda y Juan Argüello —regidor el primero y alcalde de segundo voto el segundo, el 22 de diciembre de 1811, cuando convocaron a cabildo abierto en el Ayuntamiento de Granada— permanecieron en Cádiz, cumpliendo sus condenas. También lo hizo el presbítero Soto, pero éste murió allí. Igualmente, falleció José Telésforo Argüello. En realidad, se ignora cuántos perecieron. Sólo se sabe que por Real Orden del 25 de julio de 1817 se les restituyó sus bienes a quienes se hallaban presos, tanto en América como en España, y se les otorgó la libertad; pero a nueve de los que purgaban sus penas en el castillo de San Sebastián de Cádiz (fortaleza erigida sobre unas rocas internadas en el mar, cuyas olas la azotan en su base) no se les permitió volver a Granada de Nicaragua, sino hasta que Su Majestad resolviese.

Una verdadera conmoción popular
La rebelión insurgente de Granada, Nicaragua, entre diciembre de 1811 y abril de 1812, no implicaba una separación política de España, sino un deseo de mayor autonomía; también manejaba la idea de que la soberanía recayera en los ayuntamientos mientras el Rey estuviera ausente. Además, fue una verdadera conmoción popular que los criollos de la ciudad se vieron obligados a encabezar. En sus relatos de los hechos, Manuel Antonio de la Cerda —uno de los líderes criollos— es puntual al señalar “la hez de la plebe”, “el fermento del pueblo” y “la ira del pueblo” como el motor de la acción anti realista; pero también atribuye a “los emigrados de Masaya, o empleados peninsulares y criollos realistas, rivales de los criollos insurgentes, la acusación a éstos del delito de “formal resistencia a las tropas del Rey el día 21 de abril” [de 1812].

No hay que perder de vista esta rivalidad --o irritación social o política-- entre ambos grupos, para comprender la futura disputa del poder a raíz de la independencia de 1821, es decir, con las guerras civiles que provocaron el vacío dejado por el abolido orden colonial. No fue dicha rebelión determinante para proclamar pacíficamente la independencia en la capital del antiguo Reino. Sin embargo, contribuyó al clima insurreccional del proceso. Por eso sus cabecillas, sobre todo criollos, sufrieron el rigor de reos rematados: cadenas, grillos, torturas, incomunicaciones, destierros, deportaciones, confiscaciones, celdas oscuras e insalubres, befa y humillación constante.

Y por algo también su acción política clave —la destitución de la burocracia realista por criollos el 22 de diciembre de 1811— no cabía en la mentalidad dominante de la época: la fidelidad a la Corona y a la religión. Así, el cura de la ciudad de Granada —aliado a “los emigrados de Masaya—, el presbítero José Antonio Chamorro, el 7 de enero de 1812 redactó esta “Proclama a los fieles Vasallos de Fernando Séptimo”, que comenzaba: “El pueblo insurrecto ha desobedecido a todos los empleados europeos por ser chapetones; es así que los Reyes de España son chapetones; luego el pueblo ha desobedecido a los Reyes de España…”. Y concluía: “Dios, la Religión, el Rey y la Patria concluirán con este monstruo infernal del pueblo insurrecto.”