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El representante de la Organización de Estados Americanos, OEA, a quien el presidente Daniel Ortega pidió salir de Nicaragua, sigue en el país. Pedro Vuskovic Céspedes, hasta el viernes último, seguía en sus oficinas en Managua, según confirmó formalmente vía telefónica EL NUEVO DIARIO.

El gobierno de Nicaragua, mediante su representante permanente en la OEA en Washington, el general en retiro Denis Moncada Colindres, pidió el pasado 10 de septiembre a la Secretaría General del organismo, la salida inmediata del funcionario, bajo la gravísima acusación de “reiterada política injerencista”, teniendo como elemento público conocido, sólo la decisión de recibir en su despacho al misionero ciudadano italo-nicaragüense Alberto Boschi, a quien despojaron de su nacionalidad en nuestro país.

Hasta ahora se desconoce la decisión que tomará el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, sobre la petición del gobierno. Lo cierto es que el nombre y el apellido del funcionario están ligados estrechamente a una persona que fue mano derecha en asuntos económicos y sociales de un gran líder a quien Ortega menciona continuamente en sus discursos: Salvador Allende.

El Presidente Mártir de Chile, asesinado por un golpe militar en 1973, suele estar constantemente en los discursos de Daniel Ortega. Siempre lo recuerda como víctima de los militares conspiradores, de la derecha, del imperialismo yankee y de los “vende-patria”. Tanto lo idolatra, que bautizó con su nombre el puerto turístico del Malecón de Managua, que hoy, por asuntos del clima, yace bajo las aguas del lago Xolotlán.

Hijo de la mano derecha de Allende

Pedro Vuscovik Céspedes es hijo de Pedro Vuscovik Bravo, un hombre a quien el presidente Salvador Allende le confió la economía de su país, una de las más prósperas de América Latina en la actualidad. Fue jefe del equipo técnico que preparó la plataforma de la candidatura presidencial de Allende, incluyendo el diseño del Área de Propiedad Social, APS, que habría de concentrar las empresas privatizadas.

En noviembre de 1970, Pedro Vuskovic Bravo fue designado Ministro de Economía por el presidente chileno, y en junio de 1972 pasó a ocupar el cargo de Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción, con rango de Ministro, y al momento del golpe perpetrado por el general Augusto Pinochet, en septiembre de 1973, estaba al frente de un Plan Nacional de Reforzamiento de la Economía.

A raíz del golpe a Allende, Pedro Vuskovic y todos los principales funcionarios del presidente chileno, fueron perseguidos junto a sus familias por la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, la Policía secreta de Pinochet, famosa por torturar y desaparecer a miles de personas durante los 17 años de dictadura militar.

El funcionario se exilió en México, desde donde escribió innumerables ensayos, libros y proclamas contra el fascismo en Chile, sobre el Che Guevara, contra la intervención estadounidense en las políticas internas latinoamericanas, sobre la pobreza y la desigualdad social, así como propuestas para superarlas desde políticas económicas anticapitalistas, y otros textos que fueron expresamente prohibidos en Chile “por subversivos y comunistas”.

En México se volcó a la actividad académica, presidió el Comité de Unidad de la Izquierda, siguiendo su militancia en el Comité Latinoamericano de Solidaridad, que en los años 80, cuando Estados Unidos sostenía a la Resistencia Nicaragüense contra el gobierno sandinista, se proclamó innumerables veces pidiendo el fin de la guerra y el cese del bloqueo económico impuesto al país.

La Corte Suprema de Justicia de Chile aprobó una solicitud de extradición a México del ex ministro de Economía, en 1974, y le abrió juicio en ausencia. Regresó a Chile en 1990, pero volvió a México, donde murió en 1993, dos décadas después del golpe.

El papel de la OEA

Pedro Vuskovic Céspedes, el “reiteradamente injerencista”, es el Coordinador del Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales, de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA.

Este programa ha llevado a todo el continente un componente extra de justicia, sobre todo en aquellos países donde el sistema judicial es tan limitado, que no alcanza a cubrir todos los territorios de su país. Incluye a Nicaragua.

En enero de este año (2010), el funcionario de la OEA aparecía en los boletines de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, entregando donaciones, vehículos, fondos, y en actos de formación y de capacitación de funcionarios del programa de Facilitadores Judiciales.

Según el reporte de la OEA presentado al concluir 2009, el Programa de Facilitadores Judiciales en Nicaragua era un modelo latinoamericano.

Gracias al organismo, al finalizar 2009 el programa tenía presencia en 141 municipios del país; “así mismo, existe un fuerte involucramiento y compromiso de las estructuras del Poder Judicial; gran parte de la extensión se logró por iniciativa de los jueces locales y de los gobiernos locales; en este período se produjo un enorme interés de las alcaldías que comenzaron a financiar actividades de los facilitadores”, reza el documento.

Había 1,978 facilitadores judiciales; 557 facilitadoras, 1,421 facilitadores, 113 jueces comunales, 16 mediadores indígenas y otros, que habían prestado 89,749 servicios a las comunidades, donde se había beneficiado a 269,247 personas de todo el país.

“Los facilitadores han mostrado un impacto positivo en muchos campos: entre otros, reducción de la conflictividad, acceso a justicia, combate a la pobreza, mayor eficiencia de los órganos de administración de justicia, género y ambiente”, dice una nota de prensa de la CSJ en enero pasado, cuando Pedro Vuskovic entregó cuatro vehículos todo terreno a ese poder del Estado.

Un legado para la historia

Para el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Martínez, la posible salida de Vuskovic del país debe lamentarse. “Se trata de una persona cuyo legado será recordado por el país siempre debido a su beligerancia en temas nacionales, pero en especial en el Poder Judicial, por su desempeño al frente del Programa de Facilitadores Judiciales en las Zonas Rurales”, señaló.

“Definitivamente que Pedro deja una huella --agregó--, y su nombre deberá guardarse en los anales de la historia judicial del país, por la concepción que tuvo la OEA primero con apoyo del Reino de Suecia, y posteriormente con Holanda, para crear un proyecto tan eficaz y efectivo”, dijo Martínez.

El desminado que Ortega no vio

¿Alguien recuerda las minas? Hubo un día, allá por 1990, cuando Nicaragua aparecía en el mapamundi como el país más minado de Centroamérica, y como una de las regiones donde existían más minas y artefactos explosivos por ciudadanos en América Latina, con un total de 135,543 minas sembradas, según los registros oficiales del Ejército de Nicaragua.

Además de los artefactos sembrados, en los arsenales del Ejército de Nicaragua permanecían almacenadas oficialmente 133,435 minas antipersonales y antitanques, las cuales fueron destruidas años atrás, en cumplimiento a los acuerdos internacionales, con apoyo decisivo de la OEA.

Desde 1993, el Programa de Atención al Desminado en Centroamérica (Padca-OEA) inició la limpieza del país, en un largo y doloroso proceso de desminado humanitario que se extendió en 67 de los 153 municipios del país, en un área aproximada de seis millones de metros cuadrados, hasta certificar la destrucción de 179,970 minas antipersonales.

En el proceso se reportaron oficialmente 1,236 civiles afectados, de los cuales 87 fallecieron y 1,149 resultaron lesionados. También se contabilizan 42 zapadores víctimas, de los cuales 5 fallecieron.

Según las cifras de Padca-OEA, en junio de 2010, la inversión de la comunidad internacional al Programa Nacional de Desminado Humanitario de la OEA superó los 42.5 millones de dólares, cifra que no incluyó los aportes bilaterales o el apoyo técnico-personal proporcionado por varios países latinoamericanos.

Ese mismo mes, Nicaragua celebró el fin del desminado y se declaró oficialmente al país como libre de minas.

La representación de Nicaragua ante la OEA, encabezada por el embajador Denis Moncada Colindres, un general en retiro que fue jefe de auditoría en el Ejército de Nicaragua y que ahora es fiel defensor de los desvaríos de Ortega, destacó ante este organismo regional la culminación de las labores de desminado en nuestro país, lo que resultó en la declaración de Nicaragua como Territorio Libre de Minas el pasado 18 de junio.

Moncada Colindres, durante una intervención ante la OEA, señaló que “la erradicación de minas constituye un hecho inédito logrado por los nicaragüenses con el apoyo internacional, y es un aporte a la estabilidad y seguridad de nuestro pueblo y de toda la región centroamericana, siendo un reflejo del compromiso y vocación de paz del pueblo y Gobierno de Nicaragua”.

“La OEA ha jugado un papel importante a través del Programa de Acción Integral contra las Minas (Aicma), en esta humanitaria y estratégica labor. Expresamos el agradecimiento del pueblo y gobierno de Nicaragua a la OEA y a los países que la integran, muchos de los cuales destacaron personal internacional especializado para contribuir de forma significativa en el Plan de Desminado para liberar a Nicaragua y a Centroamérica de estos artefactos”, expresó en su alocución.

“Además del apoyo en la destrucción y certificación de más de 135 mil minas en almacén, la OEA y la comunidad internacional contribuyeron con el mensaje de prevención que cubrió a más de medio millón de personas, incluyendo niños, para evitar ser víctimas de este flagelo. También han contribuido en el  apoyo al proceso de rehabilitación de 1,150 sobrevivientes, y en la rehabilitación de las áreas desminadas, ubicadas en 13 de los 15 departamentos y dos regiones autónomas en que está organizado el país”, dijo el representante de Nicaragua en la OEA. 

La ponencia de Nicaraguas, el 22 de junio pasado, generó reacciones de apoyo y de felicitaciones de diferentes países miembros de la OEA, de España, y del Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza.  

Menos de tres meses después, el 10 de septiembre pasado, el mismo Moncada Colindres solicitó a Insulza el retiro de Vuskovic Céspedes, acusado de intervenir reiteradamente en los asuntos internos de Nicaragua, luego de recibir en su oficina a Boschi, quien al igual que Pedro Vuskovik Bravo, apoyó desde Italia, en aquellos lejanos años 80, al gobierno de Nicaragua en la guerra financiada por Estados Unidos.