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El gobierno se resistió hasta el último momento posible, pero finalmente se vio obligado a poner en línea la ‘Propuesta de Fortalecimiento del Sistema de Pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social’ fechada a agosto de 2010, más para cumplir los compromisos adquiridos con el FMI, que para satisfacer las obligaciones que tiene con sus electores.

El estudio realizado por consultores extranjeros que el INSS ha omitido identificar evalúa 9 opciones para tratar de mantener a flote al sistema de pensiones más allá de 2017 (si se incluye a los asegurados inactivos, que es como se denomina a aquellos que no cotizaron las 750 semanas de ley), y hasta 2021, si se les excluye, partiendo de los C$14,804 millones (U$711.73 millones), en activos con que contaba el Instituto hasta finales de 2009.

En esa fecha, los activos financieros del Instituto servían para pagar el equivalente a 3.2 años de pensiones, con lo que los autores del Estudio señalan que “esto indica que el Instituto se encuentra solvente desde el punto de vista financiero en el corto plazo”.

Pero la intención es mantener el esquema vigente, al menos hasta 2,068, lo que obliga a hacer una serie de cambios, o resignarse a verlo morir, lo que es política, social y económicamente inaceptable, por las consecuencias que tendría en esos tres campos.

Eso lleva a analizar el costo y los resultados de diversas opciones, entre las cuales se encuentra la necesidad de elevar la tasa de cotización de la rama de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), pasando del 10% que se cotizaba al momento de elaborar el Estudio (11% en la actualidad), hasta un 24.7% “para que el sistema sea sostenible”.El problema es que esa propuesta no es sostenible, porque “los riesgos asociados al establecer las altas tasas contributivas que se requieren para poder seguir otorgando el mismo nivel de beneficios son tan altos (evasión, impacto sobre la recaudación fiscal, afectación al salario real de los trabajadores), que se deberían de analizar otras alternativas para obtener un equilibrio financiero en el sistema”.

Opciones poco realistas

Otras opciones analizadas pasan por “aumentar la participación de nuevos trabajadores jóvenes en un 25%”, lo que no parece muy probable, dado que requeriría de un estado facilitador y de una economía vibrante que creara miles de empleos en muy poco tiempo, además que eso sólo aliviaría en 1.4 puntos porcentuales la necesidad de incrementar el aporte por IVM, y lo dejaría en 23.3% del salario del trabajador.

Una de las opciones más atractivas, (de hecho, una de las que más defienden los expertos, a la vez que es de la que más rechazan los cotizantes), es aumentar la edad de jubilación, que se incrementaría “en etapas de 6 meses por año hasta alcanzar los 65 años. Esta opción reduce significativamente el costo del sistema pero aún así no lo reduce” al nivel del 11% sobre salarios cubiertos, sino que lo deja en 17.5% “para cubrir las prestaciones que se pagarían durante el período proyectado”.

“El simple hecho de aumentar la edad de retiro a un nivel que ya es un hecho en muchos países, reduciría el déficit financiero a la mitad comparado con la situación bajo la ley actual”, señala el documento.

La ‘opción 7’ es una de las que probablemente generará mayores niveles de rechazo, pues establece que un trabajador que se jubila con el equivalente al salario mínimo, recibirá una pensión que comienza en 65% de ese salario mínimo, y se incrementa en un punto porcentual por cada año cotizado, con lo que en teoría podría recibir el 100% del mínimo, si hubiera cotizado 35 años.

En el otro extremo de la tabla, un empleado que se retira con un sueldo equivalente a diez veces el salario mínimo, recibe de inicio el 6.5% de ese sueldo, incrementando en un punto porcentual por cada año cotizado, con lo que podría aspirar a retirarse con una pensión máxima de 41.5% de su sueldo.

A pesar de lo injusto que suena esta alternativa para quienes están en los estamentos más altos, el Estudio muestra que “esta fórmula reduciría el costo del sistema al punto que la tasa contributiva sobre salarios cubiertos para mantener el sistema en balance durante el período proyectado sería del 15.4%”, contra el 11% de la actualidad.

Otras tres combinaciones incluidas en el Estudio dejan en todos los casos, el resultado indeseable de tener que elevar las cotizaciones de los trabajadores en concepto de IVM, pasando del 11% actual, hasta el 12.15%, el 13.15% y el 14.30%, para que el INSS cumpla la meta de seguir operando al menos hasta 2068.

¿Caja chica, club privado o sistema de pensiones?
Aunque la versión reducida del Estudio Actuarial que el INSS finalmente puso en línea no lo dice, el problema del Instituto radica en gran medida en la forma en que lo han concebido todos los gobiernos (incluyendo el actual), que lo usan como una gigantesca caja chica por la que no hay que responder ante nadie.

Prueba de ello es no sólo la decisión de trasladar los dos hospitales y ocho clínicas propiedad del INSS a la égida del Ministerio de Salud, como se hizo en la década de los 80, sin compensar por la pérdida de esos activos, sino también el uso de sus recursos para financiar diversos proyectos, como ha ocurrido a lo largo de las décadas.

El dinero de los asegurados también ha sido puesto a disposición de las víctimas de guerra, a las que se ha entregado compensaciones sin haber cotizado, decisión que casi nadie se atreve a discutir en público, aunque sí se haga mención al error de ofrecérselas sacando el dinero de los fondos que pertenecen a los cotizantes del Instituto.

Esa actitud está en la base del razonamiento por el que un antiguo ministro de Hacienda dijo una vez a Confidencial que por qué el Estado habría de pagar las deudas que tiene pendientes con el INSS, siendo que éste no es más que un ‘club privado’, como si eso excluyera la obligación de pagar las deudas que tiene cualquier ciudadano, incluyendo el gobierno.

En una entrevista con Mario Flores, entonces ministro de Hacienda, efectuada en la primera semana de 2006, el funcionario reconoce el cobro de C$6,034 millones a la fecha del 13 de noviembre del 2006, lo que equivale a U$337.33 millones al cambio del día, a la vez que recuerda que antes de asumir la deuda, se impone la necesidad de que técnicos del INSS y del MHCP, se sienten a conciliar el monto.

Se suponía que la administración Ortega asumiría esa responsabilidad, pero no hay confirmación de que siquiera lo hayan intentado.

El otro gran problema del Instituto es la forma en que lo percibe este gobierno, que ve como un “defecto fundamental” el hecho que el sistema de pensiones estuviera basado en el ahorro individual porque “eliminaba el principio de solidaridad”, al establecer que “la pensión que se recibiría, estaría en función únicamente de la cantidad de dinero ahorrada por el trabajador”.

Siete opciones, dudosas unas, dolorosas otras

Dado que los C$14,804 millones de que dispone el INSS son insuficientes para salvarlo de la quiebra técnica en 2017 o en 2021, la sociedad nicaragüense tendrá que discutir amplia (y a veces amargamente), las opciones a implementar para que el Instituto, y en particular su sistema de pensiones, lleguen con vida a 2068.

La primera es incrementar el salario máximo cotizable en función de la tasa de crecimiento general de los salarios del sistema de seguridad social (y no en función del salario mínimo), lo que “permitirá un incremento de las contribuciones, y que este segmento de asegurados de más altos ingresos contribuya de forma adecuada”.

La segunda pasa por incrementar hasta 1,500 el número de cuotas semanales necesarias para recibir una pensión, lo que equivale a 30 años de contribuciones, con el compromiso de entregar pensiones proporcionales a la cantidad de semanas cotizadas. Se supone que esto “promoverá la afiliación oportuna y justa por parte de los empleadores, y de exigencia por parte de los trabajadores”.

La tercera contiene una nueva fórmula para calcular las pensiones “que incluya una pensión con un factor básico del 70% y un factor de acumulación del 1.0% anual con 30 años de cotizaciones y salario de referencia por el promedio de su vida laboral. Los cotizantes con menores salarios alcanzan una tasa de reemplazo de 100% y los restantes, a partir del salario mínimo, van obteniendo tasas de reemplazo menores, hasta un mínimo de 54.50% a partir de salarios cotizados equivalentes a 14 salarios mínimos”.

En este caso, las pensiones se ajustan sobre la base al incremento general de salarios de la población asegurada; no habría una pensión mínima equivalente al salario mínimo, y se aplicaría gradualmente en un plazo de 10 años.

Trabajar hasta los 65 años

La cuarta contempla “aumentar gradualmente la edad de jubilación de 60 a 65 años”. Esto retrasa la fecha de entrega de pensiones por unos cinco años, lo que mejora la posición financiera del INSS. El esquema se implementaría a partir del 2012 para los asegurados nacidos en 1967, ajustando las edades de jubilación en grupos de 2 años.

En la quinta opción, se aumenta el número de nuevos trabajadores jóvenes en 25%, para lo que falta entre otras cosas, que el Instituto entre en una frecuencia de eficacia institucional, que le permita ejecutar una labor de afiliación cada vez más amplia.

En la actualidad, “la edad promedio de nuevos asegurados es de 23 años, (mientras que) el grupo de edad de nuevos asegurados entre 19 y 29 años, representa el 75% de nuevos asegurados”, asegura el documento.

Dado que la combinación de opciones es insuficiente en sí misma para mantener ‘sano’ al INSS, la sexta alternativa propone “aumentar gradualmente la tasa de contribución hasta 13% de los salarios cubiertos”, para lo que se requerían dos ajustes graduales (de 1% cada uno), en 2013 y 2016, adicional al punto porcentual en que se subió la cotización en 2010.

Finalmente, se plantea “crear un segundo pilar del sistema de pensiones... que consistirá en un sistema complementario para aquellos trabajadores que deseen ahorrar montos adicionales a la cuota establecida”, suponiendo que el Instituto es capaz de proyectar una imagen de confianza y transparencia entre la población.

Este sistema de ahorro, (que en otra parte del documento se considera “un defecto”) ofrecerá a los asegurados “la oportunidad de tener una cuenta individual separada, manejada por el INSS, que acumulará intereses de acuerdo a los rendimientos de la cartera de inversiones del Instituto”.

“Al momento de la jubilación, el monto ahorrado se retornará al asegurado en cuotas mensuales hasta su defunción. El saldo que reste en ese momento será entregado en un solo pago a sus beneficiarios”, concluye.