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En los últimos 20 años, disputas de diversa índole alrededor del Río San Juan de Nicaragua, han sido parte de la agenda de los medios de comunicación y han llamado la atención de ciudadanos de ambos países, cada vez que se atiza el fuego, coincidiendo con problemas y crisis políticas internas de las dos naciones.

Una revisión realizada por EL NUEVO DIARIO a los archivos periodísticos en las fechas en que se ha traído el tema a la agenda pública, da fe de la problemática interna que han tenido Nicaragua y Costa Rica, cada vez que la corriente del río nos inunda de patriotería y nacionalismo.

“Puliendo imágenes”

Dora María Téllez, en una entrevista publicada por END el 14 de noviembre, afirmó que el diferendo actual es usado por los presidentes de las dos naciones, en busca de “pulir” su imagen frente a los problemas que enfrentan derivados de inconformidades de sus ciudadanos.

“Me parece que el conflicto ha dado un gran espacio para que tanto el presidente (Daniel) Ortega como la presidenta (Laura) Chinchilla pulan su imagen pública. Para ellos, la prolongación del conflicto no es problema. Tanto Chinchilla como Ortega consideran que la prolongación del conflicto es ventajoso para sus imágenes políticas internas”, dijo Téllez.

“El río resultó perfecta excusa para cultivar ese nacionalismo. Frontera acuática, delimitando territorio e identidad, el río San Juan expresa con anchura inapelable la construcción de lo que uno es por oposición a lo que son los otros, los que están del otro lado del río. Separa a ticos y nicas. Los conflictos en relación al uso y posesión del río San Juan han sido dirimidos por medio de tratados, marcados por cicatrices históricas, siempre propensas a retornar a su estado de llagas, como la cesión que hizo Nicaragua de los territorios de Guanacaste y Nicoya. Hasta mediados de la década pasada, Nicaragua y Costa Rica habían firmado 35 tratados bilaterales. Un récord superado por pocos estados tan jóvenes”, escribió en un excelente artículo José Luis Rocha investigador del centro Nitlapan de la Universidad Centroamericana, UCA, y miembro del Consejo Editorial de la Revista “Envío” en su edición de noviembre de 2005, cuando el tema del río estaba de nuevo en la palestra.

Es decir, según Rocha, el río históricamente ha sido una constante de gobernantes de las dos naciones para unir a unos pueblos contra otros. Rocha afirmó que su importancia se reafirma porque ha adquirido un carácter mítico. “El Río San Juan es el río-leyenda de Nicaragua. Se le puede aplicar lo que Winston Churchill dijo del Támesis: Es historia líquida”, sostuvo.

1998: Alemán con “narcojet” y Rodríguez con popularidad en picada
Desde 1949, cuando Mario A. Esquivel de Costa Rica y Guillermo Sevilla Sacasa de Nicaragua firmaron el “Pacto de Amistad entre los Gobiernos de Costa Rica y Nicaragua”, el tema del río se había mantenido con sus aguas mansas, con un oleaje inalterado, hasta que en julio de 1998 una noticia daba anuncio de que la serenidad de la cuenca sería trastornada.

El 16 de junio de 1998, el canciller costarricense, Roberto Rojas, protestó por las declaraciones emitidas por su colega nicaragüense, Emilio Álvarez Montalván, en las que denunció un intento costarricense por expandir sus fronteras hacia el norte.

Álvarez, según una publicación de EL NUEVO DIARIO, denunció “Expansionismo tico”, luego que 14 comunidades del sur nicaragüense, entre ellas el municipio de Cárdenas, amenazaban con anexarse al vecino del sur quejándose del abandono.

Los ánimos y el nacionalismo se caldearon en ambas naciones a lo largo de un mes, y Costa Rica, el 16 de julio, subió el tono de su reclamo denunciando que el Ejército de Nicaragua estaba impidiendo navegar a policías armados por la cuenca del nicaragüense Río San Juan.

En ese contexto, Arnoldo Alemán estaba siendo sacudido por el escándalo del “narcojet”, enfrentaba críticas de diversos actos de corrupción de su administración en la Empresa Portuaria, en Salud y el servicio exterior, así como señalamientos de “gobierno malo” del sector empresarial.

Por el otro lado, Miguel Ángel Rodríguez, el gobernante tico, observaba cómo su popularidad caía aceleradamente por señalamientos de actos de corrupción en entidades públicas como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, y enfrentaba la inconformidad por aumento en los costos de los servicios públicos (agua, luz y teléfono), y frente a ello invitaba a los ciudadanos a un proceso de “concertación nacional”.

Lo más caliente del conflicto iniciado por Alemán y Rodríguez llegó cuando el primero amenazó al segundo con aprobar un impuesto del 35% a los productos procedentes de la vecina del sur, pero nunca se aplicó, pues estaba condicionado a que San José elevara ante La Haya el diferendo.

Bolaños asediado en el Parlamento, y Pacheco por TLC y por ex presidentes procesados
Alemán y Rodríguez concluyeron sus períodos, y luego de diversos intentos de encontrar una salida al diferendo por la navegación armada de los ticos sobre el San Juan, como el fallido documento Lizano-Cuadra, no tuvieron más remedio que heredar el asunto a sus sucesores: Enrique Bolaños y Abel Pacheco.

El 20 de junio de 2002, cuando estos últimos personajes estrenaban sus camisas de nuevos gobernantes y se aprestaban a participar en una cumbre de presidentes centroamericanos, afirmaron que el tema de la navegación armada del río no era prioridad en sus agendas.

El 26 de septiembre de 2002, los presidentes acordaron darse una tregua de tres años para seguir dialogando en busca de un acuerdo, la cual venció 26 de septiembre de 2005. Tres días después, en la madrugada del 29 de septiembre, Costa Rica presentó el conflicto con Nicaragua por el fronterizo Río San Juan ante la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, Holanda.

Tras ese anuncio, Bolaños ordenó al Ejército nicaragüense incrementar la presencia militar en el fronterizo Río San Juan y no permitir “bajo ninguna circunstancia” que guardias ticos naveguen armados en esa cuenca, y nuevamente el tema caldeó los ánimos.

¿Qué pasaba en Nicaragua y en Costa Rica?
Al igual que Alemán y Rodríguez, los presidentes Bolaños y Pacheco sufrían severas crisis en sus respectivos países, por situaciones que reflejaban la inconformidad de sus gobernados con la manera de conducir los destinos de sus países.

Enrique Bolaños vivía una de las etapas más difíciles de su Administración, con el Parlamento controlado por orteguistas y liberales, reformando la Constitución Política, restándole facultades como titular del Ejecutivo, situación que mantenía a Nicaragua en una enorme confusión y con el fantasma de un golpe de Estado, rondando en las oficinas públicas.

“Creo que don Enrique, a quien mucho estimo, está siendo sujeto a unas presiones terribles”, dijo Pacheco, al explicar el porqué de las declaraciones dadas por Bolaños sobre la cuenca, quien afirmó que “Costa Rica usaba históricamente el Río San Juan para exportar su café e importar las cosas que necesitaba, siempre ha tenido apetito por el Río San Juan y por el Gran Lago, ya ni se diga”.

Pero Pacheco tenía lo suyo en Costa Rica. El vecino del sur estaba absolutamente dividido por la posibilidad de firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, cuyo texto había sido presentado por el Ejecutivo ante el Parlamento en 2004.

El gobernante tico se vio sacudido por los escándalos de corrupción durante 2004-2005, cuando altos funcionarios y dos ex presidentes --Rafael Ángel Calderón Fournier y Miguel Ángel Rodríguez-- se vieron envueltos y bajo investigación judicial en un caso de presunto enriquecimiento ilícito conocido como Caso Caja-Fischel, muy similar al Caso ICE-Alcatel, que involucró a altos dirigentes del PLN y a su ex presidente José María Figueres hijo.

Rodríguez y Calderón fueron enviados a prisión preventiva durante corto tiempo, y liberados después. El caso de Rodríguez fue quizás el más dramático, pues había sido electo Secretario General de la OEA en el momento de su acusación, por la cual renunció a ese alto cargo. A esto se sumaba el deterioro de la economía y la falta de respuesta a las demandas de los costarricenses.

El dragado y el río otra vez al escenario

Fue el 13 de julio de 2009, cuando la Corte Internacional de Justicia de La Haya emitió una sentencia en la cual negó a Costa Rica su petición de poder navegar armados por las aguas del San Juan, pero les concedió el derecho de libre navegación cubriendo el transporte de pasajeros y de turistas.

Esa misma sentencia que ratificó la soberanía y sumo imperio de Nicaragua sobre la cuenca, dio amplios derechos a nuestro país de efectuar limpiezas y acciones que tuviese a bien, para mejorar la afluencia y navegación del río, indemnizando a Costa Rica por cualquier daño que ese dragado le causara.

Fue así que el 18 de octubre de este año, el gobierno de Nicaragua inició el dragado del San Juan para recuperar sus márgenes y caudal de hace más de 150 años, decisión que cuatro días más tarde provocó la protesta de Costa Rica, aduciendo daños ambientales e invasión de militares a un territorio denominado “Isla Calero”, que no es más que un suampo que se formó de sedimentos, después que el río dejó de cubrir esa área.

Lo demás --la participación de la OEA, los discursos, la nueva demanda de la vecina del sur ante La Haya --es materia sabida.

Chinchilla vs hermanos Arias

El nuevo contexto en el que el tema ha sido traído a la agenda de ambos países y del mundo también es conocido. La presidenta costarricense Laura Chinchilla, quien asumió su mandato en mayo de este año, ha visto seriamente fraccionado a su partido y apoyo en el Parlamento debido a la influencia que tienen en el mismo los hermanos Oscar y Rodrigo Arias.

Uno de los puntos de más polémica es el de la Ley de Electricidad, donde hay un proyecto de apertura total impulsado por Rodrigo Arias, y otro de mercado regulado propuesto por el Poder Ejecutivo.

La situación ha llegado a tal punto, que el ex presidente Óscar Arias, ha afirmado que “Laura Chinchilla es honesta, pero no es firme, es gelatinosa, blandengue y malagradecida.”

La ambición reeleccionista de Ortega
Nicaragua vive una seria crisis institucional por las intenciones reeleccionistas del presidente Ortega, sostenidas en una sentencia emitida por magistrados judiciales fieles a sus designios aún cuando la Constitución se lo prohíbe.

Otro elemento es la no elección de 25 funcionarios públicos de parte de la Asamblea Nacional, a los que el gobernante nicaragüense les extendió su período por un decreto y el revivido artículo 201 de la Constitución, ambos considerados monstruosidades jurídicas.

“(En esos temas de orden político e institucional) ahí tenemos diferencias, ¡ahí están! Y esas diferencias, a final de cuentas, las va a dirimir, las va a decidir el pueblo nicaragüense, de manera pacífica, el próximo año en noviembre, depositando su voto... ¡Ahí está la solución!”, enfatizó Ortega el sábado pasado, negando que usa el tema del San Juan para distraer la atención de la población.