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La decisión del gobierno del presidente de Guatemala, Álvaro Colom, de sitiar el departamento de Alta Verapaz y combatir militarmente las estructuras narcotraficantes radicadas desde hace décadas en las zonas fronterizas con México, podría iniciar un baño de sangre similar al que sufre el país azteca, si las acciones de fuerza no se acompañan con otras políticas públicas.

Así lo advirtió ayer el coordinador del Centro de Estudios de Guatemala, Sandino Asturias, al explicar a EL NUEVO DIARIO las causas de la violencia en Guatemala, para entender el conflicto de violencia más allá del contexto actual del estado de sitio a una zona y el anuncio de posibles medidas similares en el resto del país.

“La falta de una reforma fiscal profunda que dé financiamiento al Estado y le permita cumplir con sus obligaciones constitucionales, y la mentalidad represiva y autoritaria de los poderosos”, son la base de la impunidad, aseguró Asturias.


El presidente Colom ha decidido atacar el narcotráfico en Alta Verapaz casi con la misma metodología de México. ¿Qué se puede esperar de esta medida gubernamental?
Aquí está latente el mismo resultado de México. Hay realidades similares que se enfrentan de manera similares, entonces vamos a tener consecuencias similares: ya sabemos todos que México está enfrascado en una guerra contra los narcos, que lejos de detener el crimen lo ha elevado con saña. El uso de la fuerza militar para resolver los problemas es un tema viejo para Centroamérica, que sigue siendo la ruta de la droga que viene del Sur y se almacena en México para hacerla llegar a Estados Unidos, el principal consumidor de drogas. Nada de lo que se haga a nivel regional, en relación con la droga, será útil, si el principal consumidor sigue aumentando su demanda. Si Estados Unidos no reduce su demanda, el mercado no bajará y la guerra seguirá ahí.

Se hizo lo contrario a acuerdos de paz

No será un fenómeno nuevo, pero las consecuencias del crimen organizado se hacen sentir más en Guatemala, por así decirlo, que en Costa Rica o en Nicaragua. ¿A qué se debe?
Lo que yo siento que ha estado pasando, es que los acuerdos de paz de Centroamérica plantearon un modelo de sociedad más justa, más equitativa y un Estado más fuerte, en vez de eso, después de la guerra civil, y sobre todo en el triángulo norte, se hizo lo contrario. Con las políticas neoliberales y capitalistas se fortalecieron poderes económicos y se olvidó a la sociedad. Las demandas de desarrollo y de atención social, sobre todo en las comunidades más alejadas del centro del poder económico, fueron abandonadas totalmente por el Estado durante más de dos décadas, y fueron los narcos, con su poder económico, los que se hicieron cargo de las labores que correspondían a los gobiernos. Los narcos hicieron la escuelita, la cancha, la iglesia, el puente y las calles. Es decir, la inversión social que no hace el Estado la hacen los cárteles en Guatemala, y las cosas pasan así por más de 15 años.


Es decir, los narcos en Guatemala hace mucho suplantaron al Estado.

No del todo, pero sí avanzaron lo suficiente como para complicar todo de manera permanente. Es decir, la ausencia del Estado abrió espacio para el narcotráfico y la criminalidad organizada que trafica cualquier cosa, vivas y muertas; el Estado ha ido perdiendo su presencia como estado democrático, y lo que ha hecho, únicamente, es la respuesta militar. Es lo mismo que en México, que cree que todo se va a resolver con el carácter militar, y es lo mismo que ocurrió en Colombia: metieron las manos a las armas para solucionar las cosas y las cosas se salieron de control.


“Sólo la represión no ayuda nada”

¿Teme que pase lo mismo en Guatemala?
Claro, son los resultados los que hablan. Todavía ayer el Ministerio de Defensa hablaba en el marco de las operaciones en Alta Verapaz, que se necesitan al menos cuatro mil soldados más para combatir el crimen organizado, y es precisamente esa misma visión la que imperó en la época de la guerra civil, cuando el Estado la única presencia que aseguraba en las zonas olvidadas era la exclusiva presencia armada, la represión militar; no había justicia, educación, salud, y mucho después de la guerra, se sigue pensando que la solución a los problemas de narcos es únicamente la acción armada. Eso ha llevado a Guatemala y a México a debilitar las estructuras de gobernabilidad y a cometer errores estratégicos, como la represión contra las comunidades acusadas de colaborar con los narcos, pero a las que no les dan otras opciones de sobrevivencia

¿Y qué otra manera puede existir ahora en Guatemala o en México para enfrentar a los narcos, que no sea el uso de las armas y de los militares?
El uso de las armas es una visión autoritaria, limitada y drástica de los gobernantes. Es declararle la guerra a la narcoactividad. El Ejército no puede capturar, ni investigar ni procesar, el Ejército es para disparar, para matar e imponer el orden a balazos donde no hay un sistema de justicia fuerte y transparente. Aquí lo más fuerte para combatir al crimen organizado, de manera integral, es que además del uso de las fuerzas represivas, se debe implementar una ley que les quite a los narcos y a sus colaboradores las propiedades, bienes y riquezas, para combatir al crimen con esas mismas riquezas que ellos usan para financiar sicarios, comprar armas y equipos de transporte y comunicación. Eso los debilitaría, pero no bastaría sin medidas sociales de apoyo a la comunidad que les sirve de logística.

Jóvenes reclutados por cárteles y Ejército

El caso está en que la mafia tampoco se dejaría arrebatar sus riquezas, de hecho, su actividad es para amasar riquezas.

El problema de tratar de resolver el conflicto únicamente por la vía de las armas es que se convierte en un constante ola de muerte, donde la cantera de muertos la pone la sociedad, porque por este lado hay una fila de jóvenes siendo reclutados por el Ejército, y, por el otro lado, hay otra fila de jóvenes pobres integrándose al crimen organizado. Quienes nutren a las Fuerzas Armadas son gente pobre, y quienes alimentan de personal a los narcos son ex policías corruptos, prófugos de la justicia, ex militares de tropas especiales de México y de Guatemala, ex kaibiles, y son quienes forman parte de esas bandas. Si permitimos que sea sólo el Ejército el encargado de solucionar el problema, vamos a perder la guerra a como la está perdiendo México. Hay que golpearlos donde más le duele: en sus riquezas. Sin esas fuentes de dinero ellos no podrían comprar armas, pagar sicarios o contratar mercenarios.

¿Cómo se explica tanta violencia en Guatemala?

En Guatemala, el 85% de las muertes son por armas de fuego, eso quiere decir que lo primero que se necesita es desarmar a la población, porque el Estado no tiene ni el control ni el monopolio de la fuerza, es más bien una fuerza disminuida frente a las fuerzas privadas de seguridad que dominan, junto a los narcos y socios comerciales, el mercado de las armas. En Guatemala conseguir un arma es tan fácil, o más, que adquirir un micro-ondas, se venden más de 50 millones de municiones legales por año, hay 400,000 personas armadas legalmente; 450,000 armas registradas legalmente, y quién sabe cuántas armas ilegales. Un país con ese nivel de armamento circulando, con un alto nivel de conflictividad, con instituciones débiles, escasa presencia estatal, justicia limitada y corrupta, con falta de inversión social, problemas de pobreza y asedio narco, es el país más violento de América Central, no sólo, el triángulo norte de Centroamérica es la zona más violenta del mundo en tiempos de paz, según el Informe de Desarrollo Humano 2009 del PNUD.

Las buenas notas de Nicaragua

¿Qué diferencia esa realidad de Guatemala del resto de Centroamérica?
En el caso contrario, el Triángulo Sur, que integran Nicaragua, Costa Rica y Panamá, es una de las zonas de la región donde hay menos violencia, pese a que dos de esos países no tienen Ejército, pero hay instituciones sólidas de justicia y atención social, así como todo un sistema de prevención de la violencia. Nicaragua es un gran ejemplo, aun con los niveles de pobreza, que son similares o mayores a los del triángulo norte, posee uno de los índices de violencia y presencia narco más bajos de la zona, pero se debe a la presencia de un Ejército profesional salido de un contexto especial, único, una Policía con componente comunitario, redes de trabajo social de varias instituciones, leyes y experiencia en solución de conflictos por la vía del diálogo… En Guatemala no ocurre eso.


¿Hay perspectivas de que las cosas mejoren en Guatemala en el corto plazo?
Ahora existe un desborde de violencia armada e impunidad generalizada, las instituciones del Estado encargadas de dar seguridad y justicia no están cumpliendo con las funciones para las que fueron creadas. No existe un sistema de investigación criminal que dé respuesta a las necesidades del país. La institucionalidad civil encargada de seguridad no ha sido fortalecida, no hay carrera policial ni profesionalización en la Policía Nacional Civil, no se respetan las jerarquías y hay inestabilidad de los mandos en seguridad, y corrupción a todos los niveles, además, no hay políticas públicas en seguridad, ni siquiera una agenda de riesgos y amenazas. Todo se improvisa y tiene la lógica represiva. Esto ha generado más de 6 mil 500 muertos anuales, 18 muertos diarios; más del 85% de estos asesinatos son cometidos con armas de fuego. La impunidad de más del 98% nos coloca como uno de los países donde menos se respeta el derecho a la vida. ¿Qué están tratando de hacer las autoridades para resolver eso? Declararle la guerra a los narcos.

¿Y qué cree que ocurrirá en Centroamérica si Guatemala le declara la guerra a los narcos como en Alta Verapaz?
Ésta es una región pequeña, de pocos recursos para combatir a los narcos si se le compara con los recursos que Estados Unidos y el Comando Sur destinan a Colombia y a México. El problema del crimen internacional no es local, es general, y ya se demuestra en el triángulo norte de Centroamérica que integran El Salvador, Guatemala y Honduras. No sé qué ocurriría, o si eso sería posible, que los cárteles se instalen en Nicaragua o Costa Rica con la misma fortaleza que en Guatemala. Aquí (en Guatemala) ya hasta hay otra forma de medir la pobreza, y es el acceso a la seguridad. Existen 150 mil agentes privados de seguridad, las empresas informan a la Policía que hay 25 mil agentes privados y 24 mil armas registradas, entonces, se calcula que la mitad de empresas son ilegales y 100 mil agentes funcionan sin control. La oficina de control de las empresas privadas de la PNC sólo tiene cuatro agentes: ésta es la proporción entre lo público y lo privado. La Cámara de Seguridad informó el año pasado que facturó 1,200 millones de quetzales en servicios privados de seguridad.


¿Qué debe hacer el Estado de Guatemala para combatir el flagelo de los narcos?
A las organizaciones del crimen organizado se deben combatir con inteligencia, con buena investigación, acumulación de pruebas; un trabajo profesional de prevención y de intervención. Se debe establecer un sistema nacional de seguridad, se deben ordenar las instituciones encargadas de cada cosa, una adecuada combinación en los sistemas de inteligencia para que cada uno realice su labor en un ámbito especializado y existan espacios de coordinación.