Jorge Eduardo Arellano
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Un magno fusilamiento político tuvo lugar en Costa Rica en la segunda mitad del siglo XIX: el del gobernante Juan Rafael Mora, el 30 de septiembre de 1860, dieciocho días después del de William Walker, a quien había combatido en la Guerra Nacional, llamada “Campaña” por los ticos.

En junio de 1850, Mora había sido declarado Benemérito de la Patria y promovido a General de División del Ejército de la República, al que acrecentó y modernizó como ningún otro en Centroamérica durante sus dos períodos presidenciales a partir de 1849, ya que fue reelecto dos veces: en abril 1853 y en abril de 1859. En esa ocasión obtuvo 87 votos de un total de 94; de los siete electores restantes, cinco eran sus enemigos y dos sus amigos que se oponían a su reelección. De esta manera, quedaba facultado para regir los destinos de Costa Rica hasta 1865.

El levantamiento militar del 14 de agosto de 1859 y su acta

Pero su tercer período no duró más de cuatro meses. El domingo 14 de agosto de 1859 un levantamiento militar en San José lo derrocó. Este acontecimiento fue considerado por el historiador costarricense Manuel María Peralta como el cambio político más importante después de la independencia en el país vecino. A las tres y media de la mañana, nueve militares, tras despertarlo, golpearon al presidente Mora, lo arrastraron descalzo por la calle hasta encerrarlo en el Cuartel Principal. A las diez de la mañana, 98 ciudadanos firmaban un acta que daba contenido político al golpe militar.

Se desconocía a Mora como Jefe Supremo de la República y se agradecía al ejecutor del golpe, el “heroico comandante en Jefe de las Fuerzas de la República, don Lorenzo Salazar”; se nombraba presidente provisorio al doctor José María Montealegre, quien haría salir inmediatamente del territorio al mandatario derrocado, al cuñado de éste y héroe de la Guerra Nacional, don José María Cañas, y a su sobrino don Manuel Argüello Mora. Finalmente, “el actual Congreso, como instrumento de la pasada tiranía, cesa en sus funciones, debiéndose en consecuencia convocarse a una Asamblea Constituyente”. (Montealegre, cabe señalarlo, se había casado en 1840 con una hermana de Mora: Ana María Mora Porras, fallecida el 4 de octubre de 1854).

Causas objetivas de la caída de Mora

La caída de Mora, a quien embarcaron en Puntarenas hacia el exilio con miembros de su gobierno, obedeció al menos a seis causas, puntualizadas por otro historiador: Carlos Meléndez. Primera: aceptar su segunda reelección, tras diez años de mando. “Mora se cubrió de gloria ciertamente [en la Campaña Nacional contra el filibusterismo] —dictaminó el estadista Cleto González Víquez—; también se llenó de soberbia y de ambición. Hubiera él declinado su segunda reelección y dejado a los pueblos elegir un sucesor al terminarse su segundo período, y se habría también agigantado desde el punto de vista de la política interior”.

Segunda: el rompimiento con el jefe de la Iglesia, monseñor Anselmo Llorente y Lafuente. Su origen fue la nota del 14 de noviembre de 1858 —escrita por el obispo— rechazando un decreto que atacaba directamente la independencia y soberanía de la Iglesia.

Pero el distanciamiento se había iniciado en junio de 1856, cuando ocurrió una conspiración que puso en peligro la seguridad del régimen morista, encabezada por Francisco María Iglesias, sobrino muy querido del prelado. Tal fue la persecución de Mora a Iglesias, que éste se vio obligado a salir del país. Más aún: el conflicto con Llorente llegó al clímax el 23 de noviembre de 1858, cuando el mandatario acordó extrañar perpetuamente del territorio de la república al obispo, poniéndole el término de 24 horas para abandonar la capital y dirigirse a Puntarenas con rumbo al exilio.

Tercera: la creación del Banco Nacional por decreto del 1° de julio de 1858. Lo llamaron “El Banco de Medina” por Crisanto Medina —comerciante de origen español, pero nacido en Buenos Aires y el mejor amigo de Mora—, el que aportaba el capital. Pero estaría tutelado por el gobierno. “Con el establecimiento del Banco —comenta Meléndez— los capitalistas verían disminuir las enormes garantías de que gozaban por aquella época; por eso se indignaron. Pero había más en el fondo: solamente se iban a beneficiar el gobierno, don Crisanto Medina y don Juan Rafael Mora”. Hubo, pues, una dura oposición a dicho banco, ya que también representaba un peligro futuro para los capitalistas apáticos al grupo morista.

Cuarta: la errónea decisión de Mora —injustificable por más carente de recursos que estuviese el fisco— de medir y valuar las tierras de “San José”. Éstas las ocupaban desde hacía 90 años, al Este de la capital, unas 1,500 familias que pagarían de 25 a 40 pesos por manzana, la mitad de inmediato y el saldo en un año. Así lo ordenaba el decreto del 7 de agosto de 1859 que convertía en parásitos a los vecinos afectados, cuando ellos se creían propietarios legales de los terrenos que cultivaban y en los cuales vivían. Dicho decreto, emitido ocho días antes del derrocamiento, “sirvió como palanca para movilizar a muchas gentes a repudiar el régimen de Mora” —afirma Meléndez.

Quinta: la “Cuestión Mora-Aguilar”, según Meléndez, “el factor más determinante en el cambio político del 14 de agosto”. Se trataba de un pleito, remontado a 1857, entre Juan Rafael Mora y su ex socio Vicente Aguilar, entonces su más poderoso enemigo. Aguilar reconoció cancelar al mandatario, en pagos anuales que concluirían en 1862, la fuerte cantidad de dinero que se había apropiado al frente de la disuelta compañía comercial de ambos, constituida en 1842. Pero, para dejar de pagarla, tuvo papel protagónico en la maquinación de la caída de Mora, preparada y madurada —de acuerdo con el testimonio del abogado de Aguilar— “entre las clases altas, el capital, el comercio y la inteligencia”.

Sexta: el monopolio de licores establecidos en beneficio del Estado en 1851. La medida lastimó muchos intereses, por lo que no fue vista con agrado. Además, Mora se convirtió en el principal proveedor de la caña de azúcar necesaria para la fabricación de licor, procedente de su extensa y bien cuidada hacienda en Ojo de Agua, Alajuela, llamada con el nombre del santo patrono de su dueño: “San Rafael”.

Razones de sus enemigos

Otras causas se localizan en el documento que elaboraron, a raíz de la caída de Mora, sus enemigos: la práctica del nepotismo y del espionaje político, la corrupción (“ninguna empresa ventajosa… podía efectuarse, sin que se le diese parte de ello”), la reducción del Parlamento “a un cuerpo dependiente” y la injerencia en la administración de justicia.

La participación de dos ingleses

En la ejecución del golpe de Estado intervinieron dos súbditos ingleses residentes en San José: Edward Allpress —yerno de Vicente Aguilar— y Edward Joy, cuñado del doctor José María Montealegre. Ambos, como lo informaría el embajador de los Estados Unidos, financiaron “la revolución anti-morista”. El New York Times precisó que el soborno a los militares había ascendido a veinte mil pesos. En cuanto al Ministro de la Gran Bretaña en Costa Rica, Sir William Gore Ouseley —emparentado con Joy—, no dudó en reconocer de inmediato al nuevo Presidente Provisional: Montealegre, viudo de una hermana de Mora, con quien había tenido diferencias por razones de herencia.

La Asamblea Constituyente elaboró una nueva Constitución, emitida al 27 de diciembre de 1859 y vigente desde el 16 de febrero de 1860. Cinco días después se convocaba a elecciones. El candidato del partido morista, Manuel Mora Fernández, obtuvo 52 votos contra 365 de José María Montealegre, de un total de 435. Mientras tanto, el ex presidente Mora había sido acogido en El Salvador por el gobierno que presidía el general Gerardo Barrios, y estaba dispuesto a hacer todo lo posible para recuperar el poder que había perdido.

Buscó apoyo en los Estados Unidos, sin conseguirlo; decidió que lo obtendría de sus amigos en Centroamérica, y estaba seguro de que sus partidarios —a quienes incitaba a la rebelión desde San Salvador— intentarían restituirlo en su cargo.

En efecto, se dieron atrevidas y numerosas acciones del morismo en ese sentido; pero todas fracasaron. Mora terminó cediendo a las repetidas instancias de sus amigos que le exigían —en centenares de cartas— su presencia. “Grave yerro, de costo imponderable —comenta Armando Vargas Araya— porque hay más irreflexivos rebeldes que razones y regimientos. Todo jefe derrocado fantasea con una insurgencia que le devuelva el mando.”


La errónea decisión del retorno
Siguiendo a Vargas Araya, autor de la más completa biografía de Mora, éste eligió la alternativa errada: desembarcar en Puntarenas con “jugada completa: vencer o morir”. El general Cañas y su sobrino Argüello preferían invadir Guanacaste con retirada franca, en caso necesario, a Nicaragua. Aquí el presidente general Tomás Martínez —a través de “un tratado secreto”— le brindaría a Mora la facilidad de reclutar fuerzas.

La noche anterior del viaje sin retorno, el ex presidente consignó caviloso en un cuadernillo de apuntes: “Diez de septiembre [de 1860] a las once de la noche. Por fin partiremos mañana. Que Dios guíe mis pasos. Él, que conoce mis intenciones, que favorezca mi buena fe. Me aseguran que no se derramará una gota de sangre… Casi deseo que el Puerto [Puntarenas] no haya sido tomado, que Arancibia [un morista de oficio carnicero, nativo de Chile] se haya arrepentido; entonces seguiríamos a Panamá y después viviríamos tranquilos en este destierro por más puyas y empeños que vengan de Costa Rica… Son las doce… ¿Por qué estoy tan triste? No lo sé. He visto a mis hijitos dormidos y me destroza el corazón que quedaran desamparados. ¿Qué sería de Inesita [su esposa] si una desgracia me condujera al sepulcro? Esto no es probable, a menos que la traición…”

Y la traición se dio. “Uno de los altos jefes moristas determinó vendernos al ministro don Vicente Aguilar, avisándole de nuestra llegada y de todo el plan revolucionario” —refirió Manuel Argüello Mora. El 14 de septiembre, el General en Jefe del morismo insurrecto, Ignacio Arancibia, se tomó Esparza y Puntarenas. El 17 desembarcaron allí el ex presidente Mora, los generales José Joaquín Mora y José María Cañas, Argüello Mora, un coronel salvadoreño y tres hombres más. Pero el régimen, en breve y sangrienta refriega —cincuenta cañonazos cuenta un testigo— recuperó Puntarenas.

La política: “testigo que destroza servidores”

La eliminación de Mora es inminente. Cañas ofrece que lo fusilen a cambio de la vida del ex presidente. Por medio del vicecónsul inglés y en compañía de su hermano José Joaquín, Mora se entrega a las nueve de la mañana del 30 de septiembre. Lo encalabozan en el Cuartel de la Aduana. Quedan seis horas para el atroz magnicidio. Se simula una corte marcial que dictamina aplicarle la pena máxima. Le conceden escribir a su esposa: “Cuida de nuestros hijos y háblales siempre de su desgraciado padre, para que jamás se mezclen en la política, porque ella es testigo que destroza servidores”.

Declara que Vicente Aguilar le debe más de doscientos mil pesos. Y le agrega: “Recordarás que yo tenía mis motivos para tener tanta repugnancia para volver a este ingrato país, y que lo hice instigado por los que me han sacrificado; Dios los perdone como yo los perdono”.

Mora camina hacia el patíbulo. Pide morir de pie, de cara al sol, sin venda en los ojos. La fatal condena se ejecuta a las tres de la tarde. Acribillado, todavía da señales de vida y lo rematan con un disparo de revólver en la cabeza. Dos días después fusilan a Cañas, “de acuerdo con un numeroso Consejo de Gobierno”. Ambos crímenes de Estado constituyen la página más negra de la historia de Costa Rica. Lo más increíble —anotó el historiador nicaragüense José Dolores Gámez— es que “fueron ejecutados de orden de un miembro de su misma familia, hermano político de ambos y entonces Presidente de Costa Rica”.