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El presidente Daniel Ortega estaba entusiasmado, enumerando las cifras de avance de su gobierno en el cuarto año de su mandato. Llevaba horas hablando de la historia, de la alianza con Cuba y Venezuela, de los negocios petroleros que él considera socialistas, de la educación, de las elecciones, de esto y aquello, cuando de pronto reveló algo que resume, en esencia, el estado real de la situación médica de las mujeres en Nicaragua: las cifras sobre salud no estaban listas.

“Y necesito que terminen de afinar esa información, porque todavía en el campo de la Salud no me consiguen la información”, reconoció en público el pasado 10 de enero, cuando trataba de responder a las críticas que organizaciones de la sociedad civil y expertos independientes hacen a la gestión pública en inversión social.

Luego, con sus cálculos entre la inversión médica privada y la pública, resumió sus cuentas: “en relación con el PIB, el gasto de Salud de los nicaragüenses que van a hospitales públicos y privados, lo que invierten en total, lo que gastan, es un 8.7% del PIB”.

La anécdota, constante dada la espontaneidad del mandatario cuando se entusiasma ante plaza pública, reveló uno de los principales motivos por los cuales organizaciones de la sociedad civil, grupos médicos, sectores feministas, expertos de salud e investigadores sociales, dudan que Nicaragua pueda cumplir el Quinto Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) en torno a la mortalidad materna: no hay información pública confiable.

El otro motivo que condena el país al fracaso en la búsqueda de los tan altruistas ODM, de acuerdo con las voces críticas, es la penalización del aborto terapéutico a cambio de una alianza política con la Iglesia Católica en el período electoral de 2006, cuando el entonces candidato presidencial Ortega, negoció un acercamiento con la Iglesia, a cambio de respaldo electoral entre la feligresía.

Organizaciones no gubernamentales y expertos cuestionan los auspiciosos datos en la lucha por la mortalidad materna divulgados por el gobierno en 2010, cuando anunciaron una caída histórica de ese indicador y advierten que el país está muy lejos de la reducción comprometida para 2015.

Nicaragua suscribió en el año 2000 los ODM, lanzado ese año por los gobiernos en la Organización de las Naciones Unidas y que incluye ocho grandes metas nacionales y colectivas a cumplirse en los primeros 15 años del siglo.

Sobre esa plataforma, cada país adoptó sus propias metas nacionales. Nicaragua acordó reducir la tasa de mortalidad materna de una base de 90 muertes registradas en 1999 por cada 100.000 nacimientos, a 27 en el año 2015.

El primer indicador para medir el progreso en el cumplimiento de esta meta es la razón de mortalidad materna (RMM), que se define como el número de mujeres que fallece anualmente por causas relacionadas con el embarazo, el parto y el puerperio, por cada 100.000 nacidos vivos.

Las cifras oficiales
Un informe de la directora nacional de Enfermería del Ministerio de Salud (Minsa), Miriam Chávez, publicado en el portal oficial 19 Digital, reveló en agosto pasado que “Nicaragua había logrado en 2009 controlar la tasa de muertes maternas en 90 por cada 100.000 nacimientos, como resultado de una campaña de brigadas de salud entre la población más desfavorecida”.

Las estadísticas del Minsa indicaban que en 2007, en el primer año de gobierno del presidente Ortega, la cantidad de muertes maternas fue de 107 por cada 100.000 nacidos vivos.

Esa cifra varió, oficialmente, en 2008 a 94 e increíblemente descendió a 70 en 2009, con proyecciones a bajar a 65 en 2010. El año anterior al retorno de Ortega a la presidencia de Nicaragua, es decir en 2006, la tasa de mortalidad materna se situó en 140 por cada 100.000 nacidos vivos, una de las cifras más altas de América Latina a esa fecha.

La Dirección Nacional de Enfermería del Minsa adjudicó el logro a las medidas gubernamentales de promoción sanitaria, como el envío de brigadas médicas a los sectores más apartados y vulnerables del país, la creación de 72 casas maternas y la capacitación del cuerpo de enfermería de los Sistemas Locales de Atención Integral. El informe precisó que, además, se capacitó en 2010 a 500 enfermeras obstetras para atender embarazos y partos en las zonas rurales más alejadas de los centros urbanos y más pobres.

Otras cifras que cambian
El manejo de cifras sobre la salud materna en Nicaragua varía aun más en el propio informe oficial del gobierno sobre los ODM, elaborado y presentado formalmente ante la ONU en septiembre de 2010.

El documento, titulado “Avances del Gobierno del Presidente Daniel Ortega hacia los ODM”, y difundido a través del boletín oficial de noticias “Nicaragua Triunfa”, cifra las tasas de mortalidad materna en niveles históricos y altera las metas propuestas para 2015. “La meta ODM para 2015 de la mortalidad materna es de 40 por 100,000 nacidos vivos”, dice el informe, modificando la meta original de reducción de 27 a 40.

“En 2006 Nicaragua observó una tasa de 88 y logró bajarla a 62.5 en 2009”, revela el documento, que reconoce que el reto “es muy grande de lograr”. 
“Si bien es un reto muy grande de lograr, el Gobierno del Presidente Daniel Ortega está desarrollando acciones para cumplir con ella. Entre otras acciones está el desarrollo de las Casas Maternas, el Modelo de Salud Familiar Comunitaria, que ha permitido la visita a 1, 383,734  hogares en todo el país, registrando el estado de salud de la población como parte de la salud preventiva y  el entrenamiento a parteras en las comunidades rurales”.

Datos son dudosos
Para la investigadora independiente en temas de patologías clínicas, Francis Bustos, la cifra oficial conocida este mes “parece difícil de creer”.

“La información oficial contrasta con las estadísticas sanitarias mundiales de la Organización Mundial de la Salud de 2009. Ahí se refleja que la razón de mortalidad materna de Nicaragua es de 170 por 100.000 nacidos vivos, por encima del promedio continental de 1999”, observó Bustos, graduada en Maestría en Salud Pública.

“Anualmente, el Minsa registra aproximadamente 400 casos de embarazos ectópicos, lo cual constituye una de la principales causas de muerte materna y eso no se puede reducir de un año a otro”, observó Bustos. “Y si todo esto lo asociamos a la aprobación de la ley que suspende el aborto terapéutico, que obliga a muchas familias a no reportarse al sistema de salud, esto nos induce a pensar en un posible aumento de muertes maternas no registradas”, observó.

Panorama sombrío
Dixmer Rivera Siles, gerente de Oficinas de Campo y Coordinador de Programas de Salud de Save the Children, afirmó que de todos los ODM, el quinto es el que va a requerir de un mayor esfuerzo.

“Si una mujer embarazada en una comunidad no se ve como un asunto que debe tratarse por todos, y se ve solo como un problema de la embarazada y su esposo, entonces las cifras no variarán y no se cumplirá”, avizoró. “Se puede lograr un acercamiento a la meta, pero se debe hacer por medio de un esfuerzo conjunto de Estado, sociedad civil, comunitarios y país, ese cambio de actitud es clave”, añadió.

Información secreta resta credibilidad
Juanita Jiménez, del Movimiento Autónomo de Mujeres, MAM, desestimó las cifras oficiales sobre el tema de mortalidad materna y ODM.

“Desde que quitaron la información actualizada en la página electrónica del Minsa y empezaron a manejar las cifras como secretos de Estado, perdí toda credibilidad sobre la información oficial”, aseguró Jiménez.

“Hay una política de Estado de secretismo, de ocultamiento, que no le favorece al gobierno y lejos de ayudar a resolver el problema, no permite que los organismos que trabajan de cerca con la mujer, les apoyen para tratar de superar los números y acercarnos a lo propuesto en los ODM”, dijo por su lado Marta María Blandón directora del organismo Ipas Centroamérica.

Jiménez dice que las cifras reducidas del gobierno buscan ocultar el malestar internacional por la penalización del aborto en todas sus posibilidades, incluido cuando la madre corra peligro de muerte.

La penalización del aborto y sus consecuencias
La penalización del aborto terapéutico fue aprobada por la Asamblea Nacional en 2006, con lo cual se derogó la excepción que se daba al aborto terapéutico, vigente desde 1893.

“La presión internacional por restituir el aborto terapéutico ha sido fuerte y de una u otra manera, el gobierno busca mejorar su imagen (con los nuevos datos)”, criticó la activista del movimiento de mujeres que abogan por restituir la práctica médica y transparentar las cifras oficiales.

La aseveración de Jiménez es real: la organización internacional Human Rights Watch, con sede en Washington, reveló en 2010 que se estima que en Nicaragua fallecen 170 mujeres por cada 100.000 niños nacidos vivos como promedio anual.

“Ese es un tema que nos preocupa y aunque no existen datos concretos que digan cuánto ha incidido la penalización del aborto en el aumento de muertes maternas, creemos que se debería de abrir algún canal de diálogo para procurar alguna solución que permita la equidad en salud sin consecuencias lamentables para las mujeres”, dijo por su lado a END el representante de Save the Children en Nicaragua, Benjamín Phillips.

Amnistía Internacional condenó al Estado de Nicaragua por el mismo problema: “La reforma del Código Penal es una medida regresiva con arreglo al derecho internacional y hace que Nicaragua se aleje de una política de salud pública de probada eficacia”, resumió el organismo en un informe de 51 páginas hecho público a mediados del año pasado.

Cuatro entidades de la Organización de Naciones Unidas ya señalaron que la ley nicaragüense viola tratados internacionales de los cuales el país es parte.

El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, en 2010, aseveró que la penalización del aborto en todas sus firmas era una política de tortura desde el Estado nicaragüense.

Entre más pobre la zona, más mujeres mueren
La Mortalidad Materna, incluyendo la morbilidad asociada a sus factores determinantes es un grave problema de salud pública en Nicaragua y de violación de los derechos de las mujeres, indicó el informe Objetivos de Desarrollo del Milenio, Nicaragua 2006, que en realizó el PNUD.

Según el diagnóstico, en Nicaragua existen profundas desigualdades y dificultades de acceso a los servicios de salud reproductiva, sobre todo en la población rural ya que siete de cada diez mujeres que mueren por causas maternas lo hacen en el campo, en las zonas más pobres del país.

Así, por ejemplo, mientras que en 2006 se registraban tasas de mortalidad materna de 17 por cada 100.000 en Masaya, 24 en Estelí, 30 en León, 33 en Rivas, 35 en Chinandega, 37 en Managua y 38 en Madriz, la cifra iba subiendo conforme se centraba en los departamentos más pobres.

En Boaco alcanzó la cifra de 90, en Matagalpa 104, en Chontales 107, en la RAAS 172, en Jinotega 285, en la RAAN 321 y en Río San Juan 322.

Según otro estudio denominado “ODM y Género”, realizado por María Rosa Renzi para un taller de periodistas en Managua en noviembre de 2010, en 2008 se reveló que el 68% de las muertes se concentran en 6 Silais: Matagalpa, Chontales, RAAS, RAAN, Jinotega y Río San Juan.