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En la segunda mitad del siglo antepasado, durante el período de los “30 años” --que, en realidad, fueron 35--, se dio un fenómeno político en el país que no ha vuelto a repetirse: la alternabilidad en el Ejecutivo entre 1867 y 1887. Cada cuatro años, seis presidentes sustituyeron --pacíficamente-- a través de elecciones: Fernando Guzmán (1867-1871), Vicente Quadra (1871-1875), Pedro Joaquín Chamorro (1875-1879), Joaquín Zavala (1879-1883), Adán Cárdenas (1883-1887) y Evaristo Carazo (1887-1889), fallecido el 1° de agosto de 1889.
Carazo no pudo concluir su período, el cual completó el senador Roberto Sacasa, quien al terminarlo lanzó su candidatura, provocando de inmediato una gran división. Por un lado, quienes la declaraban ilegal, sosteniendo que Sacasa debía abandonar el poder el 31 de diciembre de 1890, cuando expiraría su período presidencial. Y, por otro, sus partidarios (“legistas complacientes” los llamó un periodista), que aseguraban la legalidad de su candidatura, pudiendo recibir votos, ganar la elección, depositar el poder en la fecha indicada y asumir el poder de nuevo el 1° de marzo de 1891 para iniciar un nuevo período de cuatro años. Y así fue. Pero produjo la guerra civil y el fin del período de los “30 años”.

La Constitución de 1858

La Constitución del 15 de abril de 1858 regía las elecciones de esos años. Esta Carta Magna --la de mayor duración en nuestra historia--, definía al gobierno como popular y representativo, estableciendo la separación de poderes (sistema legislativo bicameral, que se reunía tres meses al año; y presidencial el Ejecutivo con período de cuatro años iniciados y concluidos el 1° de marzo, sin reelección). En su artículo 32 se especificaba: “El ciudadano que lo haya servido [el período presidencial] no puede ser reelecto de inmediato”. O sea, consecutivamente.
Al mismo tiempo, consagraba y garantizaba los derechos clásicos individuales; la descentralización territorial, pues daba fortaleza a los municipios; la subordinación expresa de los militares a las autoridades civiles, correspondiendo al Presidente de la República la jefatura del Ejército, y, entre otros principios no menos importantes, la calificación de crimen de usurpación a todo intento de llegar al poder por otras vías que no fuera la constitucional.

Las elecciones indirectas

Como en muchos países hispanoamericanos (Argentina, Chile, México, Costa Rica, etcétera), las elecciones eran indirectas. La Constitución de Cádiz en 1812 también la establecía. El territorio de la República se dividía en siete departamentos; en distritos: cada uno abarcaba, por lo menos, veinte mil nicaragüenses; y en cantones, de 330 a 3,300 habitantes. Las juntas populares, indirectamente, y las de distrito, directamente, elegían al Presidente de la República y a los diputados; y las Juntas de Departamento a los senadores.
Los ciudadanos de cada cantón electoral formaban Juntas Populares que escogían electores para integrar las Juntas de Distrito: un elector por cada 330 ciudadanos de su cantón; “y otro más si hubiera un residuo que exceda de la mitad de este número” (Art. 18). Para el 7 de noviembre de 1870, la Junta de Distrito Electoral de Granada constaba de 105 electores y de una Directiva con cinco miembros.

El candidato de zacate
El artículo 21 de la Constitución, cap. VII: “De las elecciones de supremas autoridades”, disponía: “Las Juntas de Distrito sufragarán en actos separados para este destino [el del Presidente] por dos individuos, de los cuales cada uno debe ser vecino de otro departamento de aquel en que se elige”. Al candidato del departamento se le llamaba interno y al otro externo. Un historiador, comentando este procedimiento, explica lo que entonces popularmente se llamaba candidato de zacate:


“El verdadero candidato lo designaba el Partido, y por él sufragaban todos los electores de los diversos distritos, y dividían el otro voto dándolos a los candidatos de los diversos departamentos. Como el objeto de este candidato es de pura fórmula, se le llamaba de zacate. Así, por ejemplo, supongamos que A sea el candidato de un partido. En León sufragaban por A y por otro candidato vecino del departamento que llamaremos B. En Granada votarán por A y por C (candidato del departamento) y en Chontales por A y por D (candidato del departamento), etcétera. De este modo A llevaba todos los votos de su partido”.
El candidato de zacate, según un miembro de la Asamblea Constituyente de 1858, se había concebido para aminorar el espíritu de localismo. Como los electores tenían que votar por los dos candidatos, de los cuales sólo uno saldría electo, el artificio servía de símbolo útil para que participaran otros departamentos. Pero un coetáneo de la Constitución del 58, Enrique Guzmán Selva, lo calificó de ridículo maniquí, y atribuyó su creación a otro miembro de la Constituyente del 58. Pero desconocía que este mecanismo se contemplaba en la Constitución Liberal de 1838. Más aún: tuvo su origen en la revolución francesa. Así lo señala Xiomara Avendaño en su tesis Elecciones indirectas y disputa de poder en Nicaragua: el lento camino hacia la modernidad (2007).

La ciudadanía restringida
Del proceso electoral estaba excluido el habitante, es decir, quien no clasificaba como ciudadano. Legalmente, la ciudadanía estaba restringida: no era un derecho de todos los habitantes, sino un reconocimiento social, económico y moral. Pero los conservadores mantuvieron la ley municipal de 1853, que dejaba abiertas las puertas para ejercer el voto capacitario, el cual propiciaba el acceso de algunos habitantes (que no eran ciudadanos) en la gestión del poder local. Fue hasta en la década de los 1880-90 que se retomaría con mayor intensidad la discusión del voto universal de varones, la ampliación de la ciudadanía política y el reclamo del voto secreto, ya que era público.


Volviendo a los electores departamentales, eran 12 por cada departamento (84 en total), cantidad inamovible durante todo el período de los “30 años”, cuando funcionó el sistema electoral indirecto. Entre 1826 y 1858 sumaban 60; entre 1858 y 1874 se elevaron a 84; en 1886 a 108 y en 1891 a 144. Este grupo selecto de ciudadanos eran los que accedían a los altos puestos departamentales (por ejemplo, el de Prefecto) y del Estado. Por lo demás, la distribución siempre la realizó el Poder Legislativo, donde se concentraban las representaciones políticas de las elites; pero la distribución de electores dentro de cada cantón la realizaron el jefe político (el Prefecto) y los munícipes. En cuanto a los electores de Distrito, se elevaron de 570 a 1,250.

El caso representativo de Vicente Quadra
Un caso representativo de la época fue el de Vicente Quadra (1812-1894). En efecto, acumularía las siguientes responsabilidades entre 1858 y 1891: seis veces elector de cantón, dos veces elector municipal, dos veces alcalde, 18 electores de distrito, ocho elector de departamento. También había sido uno de los designados a la Presidencia de la República en el “Pacto Providencial” de 1856, tres veces nombrado Prefecto del departamento de Granada, y una vez elegido senador propietario. También fue vicepresidente de la Junta de Instrucción Pública de Granada y presidente de la Junta de Socorro, Presidente de la República (1871-75), como ya fue referido; precandidato a las elecciones de 1878 y candidato a las de 1882, a sus 70 años.


Escogido por su antecesor Fernando Guzmán para sucederle, Quadra fue proclamado candidato en una primer acta, suscrita en Managua. Allí, en mayo de 1870, ya habían comenzado a publicarse dos pequeños periódicos electorales: La Patria y La voz del pueblo, órgano este último de un club político, cuyo objetivo era trabajar por Quadra para la elección presidencial que acontecería seis meses más tarde. Luego, en Granada, tuvo lugar “una reunión considerable en la casa de los señores Chamorro, y en ella se decidió adoptar la candidatura del señor Quadra”. Al respecto, se formó otro club para promoverla y fue redactada el acta correspondiente.


En las elecciones donde salió victorioso --octubre de 1870-- Vicente Quadra obtuvo el mayor número de votos –772-- de los electores: “el más alto que se ha visto en la historia de las elecciones en esta república” (El Porvenir de Nicaragua, nº 41, octubre, 1874). En realidad, Quadra logró un 75% de los votos efectivos. En las elecciones siguientes, la cantidad de votos obtenidos por los candidatos nunca superó a la de Quadra.  En la de octubre de 1882, Adán Cárdenas se acreditó 701 de 1,768 en total.

 

¿La reelección de Tomás Martínez fue tal?

Como se sabe, el general Tomás Martínez gobernó Nicaragua durante diez años, en tres períodos consecutivos de gobierno: el primero, desde la instalación de la Asamblea Constituyente en noviembre de 1857 hasta la toma de posesión de su primer gobierno constitucional, el 1° de marzo de 1859; el segundo, desde esa fecha hasta el primero de marzo de 1863, cuando se inicia su tercer período de gobierno --el segundo durante la nueva etapa constitucional--, “después de reelegirse en forma absolutamente inconstitucional”, según Aldo Díaz Lacayo en su obra Gobernantes de Nicaragua (1996 y 2002).


Díaz Lacayo se refiere a las elecciones de octubre de 1862, cuando Martínez avasalló con su fuerza reeleccionista la candidatura de José Joaquín Quadra Lugo (1822-1880). Entonces surgió una amplia discusión jurídica sobre la retroactividad de la norma constitucional que prohibía la reelección. Los partidarios del caudillismo continuista de Martínez argumentaban que la Constitución del 58 había sido aprobada --el 19 de agosto de ese año-- después de que Martínez había sido elegido por la Asamblea Constituyente --el 26 de agosto de 1857--, reforzando además su argumento con el alegato de que el mismo Martínez nunca había sido electo popularmente. Los opositores a dicho continuismo convinieron con los martinistas en que fuera el propio Congreso el que declarara la elegilibidad de Tomás Martínez, al momento de calificar la elección, es decir, después de llevadas a cabo las elecciones presidenciales correspondientes.


Y así fue. Según un coetáneo --el periodista e historiador Anselmo H. Rivas--, los resultados tuvieron el carácter de popular; pero “es presidente el que tiene mayor número de sufragios; y al Congreso no toca otra cosa que declararlo así. La declaración, pues, debió ser hecha a favor del señor don José Joaquín Quadra; pero aquella corporación, traicionando sus deberes, declaró nulos ciertos cantones electorales, hasta dejar a favor del general Martínez una mayoría como de treinta votos, y puede decirse que le regaló la elección”. Evidentemente, la decisión congresal fue de dudosa legalidad, o fraudulenta, como lo ha señalado Adolfo Díaz Lacayo en su obra Nicaragua: gobiernos, gobernantes y genealogías (2010).

La sociedad política de la época
Por lo demás, no debe olvidarse que entonces la sociedad --rígida y homogénea-- era controlada políticamente por el estrato superior que concebía el orden como fuente de la legitimidad, y la propiedad como piedra fundamental de la soberanía. A ese estrato pertenecían los gobernantes citados, nacidos en la entonces llamada zona Oriental de Nicaragua (Guzmán, en Tipitapa; Quadra y Chamorro, en Granada; Zavala, en Managua; Cárdenas y Carazo, en Rivas), siendo todos cabezas de clanes principales, y, excepto Cuadra y Cárdenas, con grados militares adquiridos en la guerra nacional antifilibustera.


Oligárquica, no sin pugnas internas entre sus círculos y fracciones locales e interlocales, la elite del período de esos “30 años” que, reitero, fueron 35, mantenía relaciones de clase y de amistad, aparte de familiares. El presidente Martínez escogió como sucesor al tío político (Fernando Guzmán) de su esposa Gertrudis Solórzano; Pedro Joaquín Chamorro a su socio Joaquín Zavala (sus intereses económicos y financieros estaban mancomunados en la compañía Chamorro y Zavala, llamada Casa Gobernadora). También Adán Cárdenas optó por su concuño, Evaristo Carazo, ya que el primero se había casado con María Asunción; y el segundo con Engracia, ambas hermanas y de apellido Hurtado.