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Eran las cinco de la mañana, cuando Fátima Hernández se apostó frente a la Corte Suprema de Justicia e inició su primera huelga de hambre, para reclamar justicia por el delito de violación del que fue víctima. Antes de tomar esta medida extrema como método de protesta para acceder a una justicia apegada a derecho y beligerante, realizó diferentes plantones en las rotondas de Managua. Además, usó pancartas, mantas, megáfono y conferencias públicas ante medios de comunicación, con el apoyo de organismos que defienden los derechos humanos, para denunciar las ilegalidades cometidas en las instituciones que conforman la llamada ruta de la justicia, como la Policía, Ministerio Público y Poder Judicial, porque peligraba que la dejaran en indefensión.


Todos estos medios alternos para reclamar justicia son llamados también métodos formales de defensa de los derechos humanos, puesto que están contemplados en la Constitución Política de Nicaragua, en el artículo 52, que dice: “Los ciudadanos tienen derecho de hacer peticiones, denunciar anomalías y hacer criticas constructivas, en forma individual o colectiva, a los poderes del Estado o cualquier autoridad; de obtener una pronta resolución o respuesta y que se les comunique lo resuelto en los plazos que la ley establezca”.

¿Cuándo recurrir a estos métodos de protesta?
Para el jurista Óscar Castillo, lo ideal es que se cumpla lo establecido en la Constitución Política, artículo 160, sobre la garantía de la legalidad y de los derechos humanos, pero “desgraciadamente” no ha sido del todo efectiva.
“Hay mucha lentitud en los procesos, por ello la gente o los grupos organizados buscan otras opciones, a veces no muy deseables para una nación que quiere vivir en paz, pero necesarias, en un afán de que se cumpla el Estado de Derecho”, expresó Castillo. El testimonio de Fátima confirma lo planteado por Castillo, ya que afirmó que recurrió a estos métodos ante la retardación de justicia y ante las evidentes irregularidades del proceso.

“Hasta perdieron mi expediente”
“Había tanto desinterés, que la Policía y el Ministerio Público en un inicio hasta perdieron mi expediente, por eso denuncié públicamente e hice plantones. Luego recurrí a la huelga de hambre, porque las irregularidades en el proceso eran demasiadas”, expresó Hernández.


Fátima agregó que a pesar de obtener un fallo de culpabilidad contra su agresor; las arbitrariedades continuaron en el Tribunal de Apelaciones, y la impulsaron para retomar una segunda huelga de hambre.


Para Denis Darce, Director de Proyectos y Capacitación de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, cuando la persona decide ponerse en huelga de hambre pone en peligro su vida, y lo hace porque está en una situación desesperada, y siente que ninguno de los canales institucionales y legales le ha servido para garantizar su derecho.

Protestas en aumento
Para organismos como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, la Red de Mujeres Contra la violencia y la CPDH, el uso de estos métodos no es nuevo, pero cada vez más usuarios de la justicia los utilizan para reclamar derechos violentados.


Como ejemplo, el Cenidh cada año aumenta el número de personas atendidas. Hace dos años eran 2 mil personas, y ahora el número anda entre 2 mil 500 y 2 mil 800.


Asimismo, la CPDH pasó de atender 33 casos en materia laboral en 2009, a 674 en 2010.


La Red dio acompañamiento a ocho mujeres que decidieron hacer una denuncia pública ante los medios de comunicación sobre su  situación de violencia y la falta de acceso a la justicia, en 2010, pues ven la violencia como un problema público y no privado.


María Elena Domínguez, de la Red de Mujeres, expresó que las víctimas recurren a estos métodos cuando han agotado todas las vías y no se les ha escuchado ni dado la atención debida.


Además, están haciendo más uso de estos medios, porque están perdiendo el temor; ya no lo ven como una cosa privada, sino pública, y que le compete al Estado dar una respuesta.


La utilización de métodos alternos no sólo se da en materia penal contra el Poder Judicial, sino también en materia laboral contra otras instituciones públicas, como el caso de José Gómez Leiva, de 58 años, quien después de luchar tres años para que la Dirección General de Ingresos acatara una orden judicial que mandaba su reintegro laboral, y luego el pago de sus prestaciones de ley, hizo pública su denuncia.


“Después que hice presión con ayuda de los medios de comunicación y organismos de derechos humanos, me pagaron un abono de la liquidación, pero es la fecha y sigo esperando el resto”, expresó Gómez, quien se desempeñaba como asistente tributario, y en 2007 fue víctima de despido injustificado.
También se da en materia civil, como el caso de Dalila Rojas, quien ventila un caso de propiedad en San Rafael del Sur, donde la otra parte es un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y el tráfico de influencias es latente, afirmó Norwin Solano, asesor legal del Cenidh.


“El uso de estos métodos se viene desarrollando a medida que la población va entendiendo que el  mejor mecanismo de lucha es la cívica, asociada con este tipo de manifestaciones para llamar la atención de la gente y generar ambiente de solidaridad en una situación determinada”, dijo Solano.


También se hacen marchas y plantones frente a los poderes del Estado reclamando respeto a la Constitución, como los que hacen los jóvenes frente al Consejo Supremo Electoral o frente a la Asamblea Nacional.


Otro ejemplo emblemático de estas luchas cívicas son las marchas de las personas de la tercera edad, las cuales se han mantenido constantes para que les restituyan el derecho a una pensión parcial, como lo establece la ley, afirmó Solano.


“A medida que se utiliza el mecanismo, la gente se apropia de él y va siendo cada vez más efectivo”, apuntó.

Papel de los medios
En esta “lucha cívica”, como la llama el representante del Cenidh, los medios de comunicación masiva juegan un papel importante en la defensa de los derechos humanos, y sirven como “apoyo fuerte y sistemático para hacer presión en situaciones difíciles en las que se han violado derechos”.


“Los medios juegan un papel importante para sensibilizar y poner en perspectiva la problemática. Además, se necesita enfoque con responsabilidad de Estado, poniendo de manifiesto que es el responsable de proteger y preservar los derechos humanos de la ciudadanía, y que los funcionarios públicos son los primeros llamados en cumplir la ley”, aseguró Darce.


Para los representantes del Cenidh, Red de Mujeres y CPDH, las campañas y talleres para promover los derechos de la ciudadanía han funcionado, y ahora la población tiene un sentido de derecho, pero no tenemos el activismo y la movilización en forma masiva en defensa de esos derechos, que será el próximo paso.


“Si tuviéramos el activismo de forma masiva, tendríamos autoridades que respetarían la decisión de la población o procurarían ceñirse a la ley, al ver que la población está atenta de sus actuaciones, ni podría dispararse en movilizaciones con consecuencias insospechadas”, expresó Solano.

Sin protestas, casos estuvieran en impunidad
Para Fátima, al igual que para González y demás ciudadanos que han hecho uso de denuncia pública, del plantón, de la huelga de hambre y de la marcha, estos siguen siendo los únicos métodos para ser escuchados y que se restituyan sus derechos, aunque reconocen que la incidencia ha sido parcial, pues a pesar de la presión, sus casos aún siguen pendientes de resoluciones definitivas.


“Es insólito que la víctima tenga que exponer su vida para ser escuchada, y aun así continúo pendiente, desde diciembre, de la audiencia de casación en la Corte Suprema, pero de no haber implementado la lucha pública, mi caso estuviera impune”, refirió Hernández.

Mucho ojo
Según la experiencia, Domínguez recomienda a las mujeres que cuando tengan un caso donde sospechen que hay tráfico de influencias por intervención de familias pudientes, figuras públicas o políticas, que están evitando que tengan un verdadero acceso a la justicia, deben denunciarlo públicamente y buscar apoyo para ejercer todo tipo de presión.


También cuando hay retardación de justicia, violación al debido proceso, es decir, cuando no te resuelven en tiempo y forma o te mandan a un juzgado que no corresponde, concordaron Darce y Solano.


Para los defensores de derechos humanos, la violación al Estado de Derecho y el incumplimiento de la garantía al debido proceso se continuarán dando a medida que la ciudadanía se vaya quedando callada, sobre todo en este contexto electoral.