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  • AFP

La presión sobre el régimen sirio se acentuó este miércoles, dentro y fuera del país, con la exigencia de reformas por parte de 150 opositores, la dimisión de 30 miembros del partido gubernamental y la multiplicación de iniciativas internacionales de condena de la represión.

Más de 150 opositores sirios, que guardaron el anonimato por razones de seguridad, realizaron un llamamiento al régimen en favor de un "cambio verdaderamente democrático" porque de lo contrario deberá hacer frente a una "revolución popular" que acabará derrocándolo.

En un comunicado titulado "Iniciativa nacional para el cambio", los opositores advirtieron al régimen que sólo le quedan dos opciones: "O lidera él mismo el cambio hacia la democracia o los manifestantes llevarán a cabo una revolución popular que derrocará al régimen y acabará en este cambio tras un periodo de violencia y disturbios".

"Para introducir reformas políticas radicales, es necesario comenzar por la elaboración de una nueva Constitución que garantice los derechos fundamentales de los ciudadanos y asegure una separación total entre los poderes legislativo, jurídico y ejecutivo, y por llevar a cabo una reforma radical de un sistema judicial minado por la corrupción", exigieron los opositores.

En el documento, además, se reivindica "la liberación de todos los detenidos políticos" y "la votación de una ley moderna sobre partidos políticos y leyes sobre la prensa y las elecciones". Según estos opositores, "el ejército es la única institución capaz de llevar a cabo el cambio", negociando con los dirigentes de la oposición.

Presión desde adentro
La presión contra el régimen del presidente Bashar el Asad llegó, incluso, desde dentro del poder. Treinta miembros del partido gubernamental Baas en la ciudad de Banias -escenario de la contestación en el noroeste del país- anunciaron el miércoles su dimisión como protesta por la violenta represión de las manifestaciones antigubernamentales.

En un comunicado transmitido, los dimisionarios denuncian "las agresiones" contra los ciudadanos, "contrarias a todos los valores humanos y a los ideales del partido".

Al mismo tiempo, se multiplican las iniciativas internacionales para condenar la sangrienta represión de las manifestaciones contra el régimen, que comenzaron el 15 de marzo y en las que murieron al menos 453 personas, según el Observatorio sirio de Derechos Humanos, con base en Londres.

Los representantes de los 27 países de la Unión Europea se reunirán el viernes en Bruselas para discutir eventuales sanciones y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU mantendrá ese mismo día una reunión especial, a petición de Estados Unidos. "Esperamos que los miembros del Consejo de Derechos Humanos llamen al gobierno sirio a asumir su responsabilidad de proteger a la población y de detener los ataques", declaró la embajadora estadounidense en esa institución, Eileen Donahoe. "La comunidad internacional está conmocionada por la muerte de cientos de civiles en el marco de las manifestaciones políticas pacíficas", agregó.

Condenas a la represión
En una acción coordinada, varios países europeos (España, Francia, Gran Bretaña, Italia y Alemania) convocaron este miércoles a los embajadores de Siria para trasladarles las condenas a la represión.

El embajador sirio ante la ONU, Bashar Jaafari, rechazó por su parte toda investigación internacional en su país: "Lamentamos lo que ocurre, pero deben convenir en que estos disturbios y motines, en algunos aspectos, esconden otras intenciones".

Más de 30 personas murieron el lunes y el martes en Deraa, en el sur del país, después de que el ejército, apoyado por carros y blindados, entrara a la fuerza en la ciudad para aplastar la contestación.

Según las autoridades sirias, que acusan desde el inicio de la confrontación a "bandas criminales armadas" de estar detrás del movimiento, el ejército llegó a Deraa, "a petición de los habitantes", para acabar con "los grupos terroristas y extremistas" que, supuestamente, habrían atacado "posiciones militares y cortado carreteras".