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  • AFP

El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, pone una vez más en juego su capital político este sábado, en un referendo sobre reformas a la justicia y la prensa, prioritarias para el gobierno, pero temidas por la oposición que alerta sobre una deriva autoritaria.

La controvertida consulta también busca prohibir las inversiones de la banca y la prensa en otros sectores, las corridas de toros y los juegos de azar.

Correa, que podrá postular para un nuevo período en los comicios de 2013, convocó la consulta afianzado en una popularidad de 65%, según una reciente encuesta. Analistas creen que busca relegitimarse tras la rebelión policial de septiembre último, que denunció como un intento de golpe de Estado.

“Tengo un 70% de apoyo popular”, expresó el mandatario al cerrar en Cuenca (sur) la campaña del oficialismo, que confía en que el Sí se impondrá en las diez preguntas propuestas, para sumar la sexta victoria electoral en línea desde que Correa asumió el poder, en enero 2007.

Ante miles de seguidores, el líder de la “revolución ciudadana” declaró que “si fuera un mediocre” no pondría en riesgo esa alta aceptación después de recorrer el país promocionando el referéndum, el tercero en su mandato.
La oposición, dividida en varios grupos, acusa a Correa de querer concentrar más poder mediante el plebiscito, que se desarrollará entre las 07H00 y 17H00 locales (12H00 y 22H00 GMT) del sábado y al que están convocados 11,2 millones de electores.

Quiere poder total
Intenta “apoderarse de la justicia y controlar los medios de comunicación para tener el poder total en Ecuador, con lo que estaríamos frente a una virtual dictadura”, expresó a la AFP el derrocado ex mandatario Lucio Gutiérrez (2003-2005), uno de los principales dirigentes opositores.

Para combatir la inseguridad, según el Ejecutivo, derivada de “jueces pillos” que han dejado en libertad a más de 11.000 acusados de delitos graves como asalto a mano armada y sicariato, Correa promueve un referendo de cinco preguntas sobre enmiendas a la Carta Magna, promulgada en 2008.

Las reformas plantean que una comisión tripartita, integrada por un delegado del gobierno, sustituya temporalmente el Consejo de la Judicatura para reestructurar el sector. Además, limitar las inversiones de la banca y la prensa a sus respectivos ámbitos para evitar “conflictos de intereses”.