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  • Gibraltar / AFP

El expresidente de Honduras Manuel Zelaya, derrocado en junio de 2009, tramitó hoy su jubilación como funcionario público y salió en defensa de su exministro de la Presidencia Enrique Flores, por quien hizo un llamamiento a protestar en las calles el próximo lunes.

En una rueda de prensa en la sede del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (Stibys), Zelaya dijo que con el arresto domiciliario y una fianza millonaria que ayer se le dictó al exministro Flores por presuntos actos de corrupción, se ha comenzado a violar el Acuerdo de Cartagena de mayo pasado.

Ese acuerdo, auspiciado por los Gobiernos de Colombia y Venezuela, en coordinación con el de Honduras que preside Porfirio Lobo, facilitó el regreso de Zelaya y varios de sus exministros al país.

También propició el retornó de Honduras a la Organización de Estados Americanos (OEA), de la que fue suspendida tras el golpe de Estado a Zelaya, el 28 de junio de 2009.

Zelaya, con 59 años, dijo que recién había tramitado hoy su jubilación como funcionario público y que se retirará con una mensualidad de 30.000 lempiras (unos 1.587 dólares).

En Honduras, la edad de jubilación empieza a los 58 años.

Agregó que con la sanción que ayer se le impuso al exministro de la Presidencia "se empezó la violación del Acuerdo de Cartagena de Indias, que le sirvió a Honduras para ingresar a la OEA".

"Nosotros estamos aquí directamente para protestar por esta violación y para demandar el cumplimiento de ese acuerdo, porque ese acuerdo le ha servido a la patria y no es posible que se empiece a violar desconociendo los derechos de los hondureños", acotó.

Zelaya, quien es coordinador general del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), que exige una Constituyente, anunció que el próximo lunes estará en la sede del Stibys, de donde saldrá, posiblemente sin él, una manifestación popular en solidaridad con Flores, quien es miembro del comité político del FNRP.

Un juez de Tegucigalpa le dictó ayer a Flores arresto domiciliario y una fianza de 27 millones de lempiras (1,4 millones de dólares) que deberá depositar en un plazo de 30 días, a lo que el acusado respondió que no puede recaudar ese monto y calificó el fallo como un "sicariato político".

Flores, según el veredicto del juez, habría hecho un mal manejo de millones de lempiras del Estado en una campaña para promover la consulta popular que Zelaya impulsaba, orientada a reformar la Constitución, pese a tener un impedimento legal, lo que además le costó el poder.

Según Zelaya, el fallo contra Flores "pone muy en evidencia la falta de coherencia del Estado hondureño, que firma un acuerdo de Cartagena, se ratifica en la OEA y empieza quince días después a violarse".

El FNRP, por su parte, hizo un llamamiento a la Comisión de Seguimiento de los Acuerdos de Cartagena, a gobiernos de países amigos y organismos de integración política para que intercedan por el caso del exministro de la Presidencia.

"Solicitamos a la comunidad internacional que se pronuncie en contra de este nuevo acto de arbitrariedad que constituye un peligroso sabotaje a los intentos de dar una salida pacífica y política a la grave crisis que vive nuestra sociedad desde el golpe de Estado de 2009", añade la petición del FNRP en un comunicado.

El FNRP también anunció a partir del próximo lunes movilizaciones populares para defender los derechos de Enrique Flores y otros hondureños "que sufren persecución, represión y exilio".

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