•   BOGOTÁ / AFP  |
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El testimonio del expresidente Álvaro Uribe sobre un escándalo de espionaje ilegal, uno de los episodios más turbios de su gobierno (2002-2010), quedó aplazado indefinidamente este jueves por la recusación a dos parlamentarios de la comisión de acusaciones.

En medio de las protestas de Uribe, la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes decidió postergar la sesión primero por media hora y luego de manera indefinida, mientras decide cómo actuar frente a la recusación planteada en la audiencia por Luis Casas, apoderado de la exsenadora Piedad Córdoba, a los parlamentarios Yahir Acuña y Heriberto Escobar.

“Esta es una recusación que debe ser resuelta por el pleno de la comisión de acusaciones sin participación de los recusados. Nos fue imposible reunir el pleno de la comisión por la improvisación de la solicitud”, explicó en la sesión Acuña, el congresista a cargo de este caso.

Fuentes del Congreso indicaron a la AFP que difícilmente se tomará una decisión en los próximos días, pues a partir de este viernes comienzan las vacaciones legislativas hasta el próximo 20 de julio.

Uribe protestó la suspensión de la audiencia, donde comparece de manera voluntaria, y aseguró que se busca acallarle.

“Se me acusa de asesino, pidiendo sanciones ejemplares en mi contra, en un proceso que sigue el país y el mundo, y a mí no se me escucha, ¿qué es eso?”, se quejó el exmandatario.

“Es una cadena de infamias para quien recuperó la seguridad del país. Ellos (las víctimas) vivieron los ocho años de mi gobierno rodeados de garantías”, reclamó Uribe, quien fue vitoreado por sus partidarios al dejar la sala.

El exmandatario salió caminando de la sede del Capitolio hasta el Hotel Tequendama, unas 14 cuadras, donde se reunió con sus partidarios.

“Te queremos presidente, eres el mejor presidente que ha tenido Colombia”, le gritaban sus simpatizantes por las calles.

El caso tiene que ver con escuchas y seguimientos ilegales por parte del servicio de inteligencia DAS a magistrados de la Corte Suprema de Justicia que indagaban sobre vínculos entre paramilitares y dirigentes políticos de la coalición de gobierno, según la Fiscalía.

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