•   WASHINGTON / AFP  |
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Estados Unidos incluyó a Venezuela en su lista negra de países que trafican personas, en la que mantuvo a Cuba por noveno año consecutivo, en un informe divulgado este lunes que puso también bajo la lupa a Ecuador, Costa Rica, Panamá y República Dominicana.

El gobierno de Hugo Chávez entró en la lista negra, lo que puede acarrearle sanciones, luego de estar los cuatro años anteriores en un grupo de países bajo observación especial y que Washington no observara mejoras.

“Venezuela es un país de origen, tránsito y destino de hombres, mujeres y niños que son traficados para ser explotados sexualmente o laboralmente”, indicó el reporte del Departamento, que fue presentado por la secretaria de Estado, Hillary Clinton.

Caracas “no está haciendo esfuerzos significativos para cumplir con los estándares mínimos” en estas áreas, estimó Estados Unidos.

Un país en la lista negra puede dejar de recibir ayuda no humanitaria estadounidense, y enfrentará la oposición de Washington a que entidades como el FMI y el Banco Mundial le presten dinero para ciertos programas.

Cuba ha estado incluida desde 2003 en esa lista, integrada principalmente por países de África y Asia.

Washington retiró este año de ese grupo a República Dominicana, incluida el año pasado.

Esfuerzos importantes de Dominicana
El gobierno de Santo Domingo “está haciendo esfuerzos importantes” para combatir el flagelo, aunque no demostró aun mayores avances, por lo que se mantiene bajo observación especial.

Además de ese país, las naciones latinoamericanas bajo observación son Panamá (que ya estuvo en este renglón el año pasado), Costa Rica y Ecuador.

Haití siguió estando por sexto año consecutivo en el rubro e “casos especiales”, por sus carencias institucionales que se agravaron considerablemente por el terremoto de enero de 2010.

Panamá se mantuvo bajo observación especial, porque “su Código Penal continuó sin prohibir el trabajo forzado y sus autoridades no condenaron a ningún traficante de personas”, señaló el informe.

En Ecuador, pese a algunas iniciativas, “el gobierno no mostró evidencia de esfuerzos para combatir el trabajo forzado y el tráfico sexual de adultos o la complicidad de funcionarios del gobierno”, destacó.

Mientras, Costa Rica no condenó a ninguna persona, no ofreció adecuado refugio para las víctimas y sus esfuerzos por divulgar públicamente el flagelo “fueron limitados”.