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  • EFE

El ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras Romeo Vásquez negó hoy que se haya ordenado cometer asesinatos y otras violaciones de los derechos humanos durante la crisis por el golpe de Estado en junio de 2009 contra Manuel Zelaya y pidió "una investigación más profunda" de esos hechos.

"En ningún momento se ordenó que se violentaran los derechos humanos", dijo a periodistas Vásquez, que era el máximo jefe militar cuando Zelaya fue derrocado, ante el señalamiento de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que atribuye a la Policía y las Fuerzas Armadas 12 muertes registradas durante la crisis.

La CVR dijo en su informe presentado el jueves que "la Policía y las Fuerzas Armadas dieron muerte a un mínimo de 12 personas utilizando desproporcionadamente sus armas de fuego y gases tóxicos", y agregó que otras ocho personas fueron ultimadas "selectivamente", aunque su autoría "no se ha confirmado con certeza".

Vásquez consideró que "debe haber una mejor investigación, una investigación más profunda" de esos hechos.

"Desde el punto de vista ético debemos considerar que no es prudente lanzar ciertas acusaciones", aseveró, y enfatizó que "la institución militar ahora en su comportamiento tiene considerado lo que es el respeto a los derechos humanos".

Vásquez, ahora gerente de la estatal Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), subrayó que "cuando los soldados salen a cumplir misiones llevan en sus bolsillos las reglas" de comportamiento "que son de obligatorio cumplimiento para cada uno de los miembros de la institución".

Durante la crisis "las órdenes impartidas a los soldados fueron claras" en el sentido de respetar los derechos humanos y usar sus armas sólo en defensa propia, aseguró.

El ex jefe militar reiteró que el 28 de junio de 2009 se arrestó a Zelaya en su casa en cumplimiento de una orden judicial y que se le expulsó hacia Costa Rica, en vez de ponerlo a la orden de la justicia, para "proteger" su vida porque "en ese momento había mucha confrontación".

Zelaya iba a celebrar ese día una consulta popular, que había sido declarada ilegal por diversos órganos del Estado, para instalar una Asamblea Constituyente que supuestamente prolongaría su mandato.

El informe de la CVR se divulgó 48 horas antes de que el presidente hondureño, Porfirio Lobo, inicie un diálogo nacional con los partidos políticos, que incluye a Zelaya, este sábado, en el que puede discutirse la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.