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  • AFP

Los llamamientos para que la Eurozona aplique de urgencia las medidas previstas contra la crisis de la deuda para evitar un descalabro mayor chocan con dos grandes obstáculos: la lentitud institucional propia de la unión monetaria y las divisiones que brotan entre sus líderes.

Impacientes, los mercados se desplomaron en los últimos días por los temores a una recesión en Occidente, alimentados en parte por la constatación de que los acuerdos arrancados en una cumbre de urgencia el 21 de julio de la Eurozona para frenar la crisis no iban a ser de aplicación inmediata.

En efecto, cada uno de los 17 países que integra la Eurozona debe ratificar a nivel nacional la nueva ayuda a Grecia y las competencias aprobadas entonces para el fondo de rescate, principalmente la posibilidad de comprar deuda de los países en apuros en los mercados secundarios -- una tarea que asume por ahora el Banco Central Europeo (BCE) --, con el fin de abaratar su coste.

A la complejidad y demora del proceso, propio de las grandes decisiones de la unión monetaria, se suma el hecho de que Europa se encuentra en pleno periodo estival, con la mayoría de mandatarios y miembros de parlamentos de vacaciones.

Algunos, como el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, interrumpieron su descanso, y casi todos intensificaron sus contactos telefónicos, pero casi tres semanas después de la última cumbre en Bruselas, la Eurozona sigue sin un calendario para la ratificación, que en algunos países podría demorar meses.

Al tiempo que los mercados se impacientan, varios responsables incidieron en la necesidad de acelerar el proceso.

"Lo que esperamos es que los gobiernos hagan lo que consideramos su trabajo" y "apliquen lo más rápidamente posible (...) todas las decisiones tomadas durante la cumbre del 21 de julio", exhortó el martes el presidente del BCE, Jean-Claude Trichet.

"La aprobación urgente de las decisiones para reforzar la eficacia y flexibilidad del fondo de rescate es decisiva para restaurar la confianza de los mercados", subrayó por su parte el presidente de la Unión Europea, Herman Van Rompuy.

En un intento de borrar toda imagen de pasividad, el comisario europeo de Asuntos Económicos, Olli Rehn, aseguró la semana pasada que los grupos técnicos trabajan "día y noche" para ultimar los detalles y prometió enviar los trabajos a las capitales a "principios de septiembre" para su ratificación nacional.

Rehn defendió que el plazo es un "precio necesario y legítimo para vivir en democracia" y pidió "paciencia" a los mercados.

La ministra española de Economía, Elena Salgado, también quiso enviar una señal de que Europa está asumiendo sus responsabilidades al afirmar el martes que sus responsables mantendrán probablemente una nueva reunión a principios de septiembre para estudiar la crisis.

Desde el inicio de ésta a mediados de 2010, las divisiones entre los 17 han marcado las múltiples reuniones europeas, cuyos acuerdos se han logrado muy a menudo in extremis.

El próximo rifirrafe podría girar en torno a la capacidad de préstamo del fondo de rescate, creado para ayudar a países en apuros de la unión monetaria y empleado hasta ahora para Irlanda y Portugal.

Actualmente, el mecanismo está dotado de 440.000 millones de euros para prestar, pero muchos defienden ampliarlo para garantizar que habrá suficiente si Italia o España, en el punto de mira de los inversores, requieren un rescate.

Es el caso del gobierno francés, del presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, o de Olli Rehn. Alemania, en cambio, primera economía de la zona euro, reiteró el lunes que no está por labor de poner más dinero sobre la mesa.