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  • AFP

La muerte de dos periodistas, cuyos cadáveres aparecieron atados en un parque, aumentó el clima de terror que pesa sobre la prensa en México donde al menos ocho informadores han sido asesinados este año y la impunidad sigue rodeando la mayoría de estos crímenes.

Amnistía Internacional, Reporteros Sin Fronteras y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidieron este viernes una pronta investigación para aclarar el asesinato de Ana María Marcela Yarce y Rocío González, al tiempo que recordaron el deterioro de las condiciones de trabajo para la prensa mexicana.

Las dos mujeres fueron estranguladas con una soga y luego recibieron disparos, señaló en conferencia de prensa el fiscal de Ciudad de México, Miguel Angel Mancera, quien dijo que una hipótesis relaciona el crimen con un posible robo.

"Independientemente de sus múltiples móviles posibles, la violencia en contra de las y los periodistas ha devenido en un tema de acuciante preocupación", destacó en un comunicado la oficina en México del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU al condenar el crimen.

En forma similar la SIP indicó que no se debe descartar ninguna hipótesis.

"Hemos acumulado experiencia suficiente en estos años como para que no se prejuzgue de antemano ningún hecho contra un periodista hasta que las investigaciones sean exhaustivas y concluyentes", sostuvo en un comunicado desde Miami Gonzalo Marroquín, presidente de la SIP y directivo del diario guatemalteco Siglo 21.

Yarce fue fundadora de Contralínea, una revista conocida por sus denuncias e investigaciones sobre corrupción, y actualmente se desempeñaba como responsable de relaciones públicas de la publicación.

Por su parte, González, que fue reportera de televisión durante 20 años, escribía artículos como periodista independiente para varios medios impresos. Ambas salieron juntas la noche del miércoles y sólo se volvió a saber de ellas cuando sus cuerpos fueron identificados la tarde del jueves por familiares.

La organización Reporteros Sin Fronteras expresó su "conmoción" por el asesinato de estas comunicadoras y condenó lo que calificó como una "escalada de terror" que enfrentan los trabajadores de los medios mexicanos.

A los ocho asesinados este año, se suman secuestros y desapariciones de al menos otros cinco reporteros, ataques contra las sedes de los medios y llamadas amenazantes a las salas de redacción.

Estos ataques paradójicamente se han multiplicado el último año, pese a que en noviembre de 2010 el gobierno anunció una estrategia para contrarrestar las acciones contra periodistas y medios de comunicación.

Un informe de un relator de la ONU para la libertad de expresión presentado en junio en Ginebra catalogó a México como el país de América más peligroso para la prensa, con 66 periodistas asesinados entre 2000 y 2010.

"Lo que vemos es que cada vez es más evidente que el Estado no es capaz de ofrecer a los periodistas las condiciones mínimas para ejercer su labor", dijo por su parte Darío Ramírez, director de la oficina en México de Article 19, organización internacional para la defensa de la libertad de expresión con sede en Londres.

A la crueldad de los ataques contra periodistas se suman las declaraciones contradictorias y evasivas de las autoridades responsables de investigar los crímenes y el lento avance en las investigaciones, que no arrojan resultados.

En junio Yolanda Ordaz, reportera policial del diario Notiver de la ciudad de Veracruz (este), fue secuestrada y apareció degollada. La fiscalía local señaló que su asesinato era ajeno "al ejercicio de la profesión" e insinuó un posible nexo de arios de sus colegas con el sanguinario cartel de Los Zetas.

Esa declaración originó un éxodo de periodistas que salieron de Veracruz por temor a represalias de los enemigos de Los Zetas. Al menos cinco dejaron la ciudad señalando la incapacidad de las autoridades para protegerlos.