•   Atlanta, Georgia, Estados Unidos  |
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  • AFP

El condenado estadounidense Troy Davis, en el corredor de la muerte desde hace 20 años tras un proceso repleto de vicios judiciales que levantó protestas en el mundo entero, será ejecutado el miércoles luego de que el comité de indultos de Georgia negara la clemencia.

"Confirmamos que el comité de indultos de Georgia negó la clemencia para Troy Davis", dijo a la AFP Wende Gozan Brown, una portavoz de Amnistía Internacional en Atlanta, donde se realizó la última audiencia que pudo haber evitado la ejecución de Davis el miércoles a las 19H00 locales (23H00 GMT).

"Estamos impactados", dijo Laura Moye, directora de la campaña para la abolición de la pena de muerte de Amnistía Internacional (AI) en Estados Unidos.

"No podemos creer que el comité haya negado la clemencia ante una nube tan grande de dudas. Tememos que el estado de Georgia pueda ejecutar a un hombre inocente", agregó la activista.

Unas horas después, la oficina de la organización humanitaria difundió una carta en la que Davis insta a sus seguidores a continuar la batalla contra la pena de muerte.

"La lucha por la justicia no se acaba conmigo", dijo Davis en la misiva, dada a conocer por AI, que la publicó en Facebook y en sus sitio web.

"Esta lucha es por todos los Troy Davis que vinieron antes que yo y todos los que vendrán después de mí", dijo. "Estoy de buen ánimo y estoy orando y en paz. Pero no voy a dejar de luchar hasta haber exhalado mi último aliento".

La ejecución de Davis, un negro condenado a muerte por el asesinato de un policía blanco en una pelea en Savannah en 1989, tendrá lugar en una cárcel de la localidad de Jackson, 77 km al sureste de Atlanta, donde recibirá una inyección letal.

La decisión por mayoría simple de los cinco miembros del comité de indultos de Georgia se impuso contra una campaña sin precedentes a nivel internacional que llevó al ex presidente estadounidense Jimmy Carter, el Papa Benedicto XVI, otras celebridades e incluso a la Unión Europea a pedir la conmutación de la pena capital por una condena a cadena perpetua.

Tras la decisión del comité, el director del Centro de Informaciones sobre la Pena de Muerte (DPIC) de Estados Unidos estimó muy poco probable que la ejecución de Davis pueda ser evitada, salvo algún nuevo elemento de último minuto, según dijo el martes a la AFP.

La Corte Suprema, que ya examinó el caso y fijó para Travis una audiencia suplementaria excepcional ante un juez federal, necesitaría un "nuevo y poderoso elemento" para suspender la ejecución, dijo a la AFP Richard Dieter.

El arma del crimen que se le imputa a Davis nunca fue encontrada y no se registró huella ni rastro de ADN en la escena del asesinato.

Desde que fue sentenciado, en 1991, siete de los nueve testigos no policiales se retractaron de sus declaraciones alegando coerción e intimidación por parte de la policía en la obtención de sus testimonios.

Incluso un miembro del jurado de ese juicio dijo en los últimos años que no estaba seguro de haber tomado la decisión correcta una vez se supo que los testigos se desdijeron.

Pero la familia de la víctima, el policía Mark MacPhail, insiste en la culpabilidad de Davis.

"Nosotros somos las verdaderas víctimas aquí", dijo el lunes la viuda de MacPhail, Joan, fuera de la sede del comité de indultos en Atlanta, donde afirmó que ella y sus dos hijos asistirán a la ejecución.

La hija del agente, Madison, de 24 años, agregó entre lágrimas: "Se me robó un futuro. Cosas como mi boda. En tres años voy a ser mayor de lo que era mi padre" cuando murió.

Poco después de conocerse la decisión del comité varias orgavizaciones opositoras a la pena de muerte, que tomaron el caso de Davis como estandarte, convocaron a una vigilia en Atlanta para el martes en la noche.

"Nosotros somos Troy Davis" y "Justicia, libera a Troy Davis", dicen algunas de las pancartas que un centenar de personas levantaron el lunes cuando el comité de indultos escuchó por última vez a los abogados del condenado y a familiares de la víctima.

Por su parte, en un intento desesperado por detener la ejecución, la Unión por las Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés) hizo un llamamiento a "una huelga general del personal penitenciario de Georgia" y pidió a la sociedad médica privada que supervisa las ejecuciones en ese estado que no acuda a la de Davis.

"Todo el personal a cargo de la ejecución (médicos, enfermeros y guardias) debe quedarse en casa mañana (por el miércoles)", indicó a la AFP la encargada de la campaña contra la pena de muerte de la ACLU, Tanya Greene.

En 2008 el mismo comtié había negado una solicitud anterior de clemencia a Davis, pero esta vez hay tres integrantes nuevos.

Georgia es uno de los tres estados del país donde el gobernador no tiene autoridad para ordenar el perdón o conmutar la pena de muerte. Desde 1976 este estado ha ejecutado a 51 personas y ha perdonado a siete. La última vez en 2008, cuando conmutó la sentencia a muerte a Samuel David Crowe por la de cadena perpetua.