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  • AFP

Otros 14 cadáveres fueron arrojados en el puerto de Veracruz, este de México, donde ya habían aparecido 35 cuerpos el martes, rodeando de zozobra una cumbre nacional de fiscales, mientras familiares de víctimas niegan que todas sean criminales como afirma el gobierno local.

Los 14 cuerpos aparecieron el jueves en varios puntos de la zona metropolitana de ese importante puerto sobre el Golfo de México, siete de ellos envueltos en plástico, mientras militares y policías patrullaban para brindar seguridad a los responsables de la fiscalías de 31 estados y el distrito capital.

El martes, antes de iniciarse la cumbre, otros 35 cadáveres fueron abandonados en dos camionetas en Boca del Río, municipio anexo a Veracruz y sede del evento. El fiscal de Veracruz Reynaldo Escobar dijo que “hubo tortura, sadismo en la ejecución” y aseguró también que todas las víctimas tenían antecedentes penales.

Esa afirmación ha sido contestada por familiares de algunas víctimas, mientras el congresista y aspirante presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Manlio Fabio Beltrones acusó al gobierno de Veracruz -de su misma colectividad- de intentar minimizar lo ocurrido.

“Son seres humanos y si vamos a legitimar que sean ejecutados por ser delincuentes coincidiríamos con los mismos motivos que llevan a sus victimarios” a asesinarlos, cuestionó.

Ajuste de cuentas
El gobierno federal aseguró que los indicios apuntan a un ajuste de cuentas entre criminales y el fiscal Escobar mencionó que junto a los 35 cadáveres del martes se halló al menos un mensaje de un grupo narcotraficante.
Según la prensa, el mensaje apuntaría a que los muertos pertenecen a Los Zetas, un cártel creado por militares desertores al que se responsabiliza de la explosión de violencia este año en Veracruz.

“Es lamentable que más de una treintena de seres humanos puedan ser dejados en la calle sin que exista (...) una investigación rápida que nos lleve a dilucidar qué fue lo que pasó”, añadió Beltrones.

Pese a la afirmación de las autoridades, aún no es claro que todas las víctimas sean criminales. El fiscal Escobar incurrió en contradicciones sobre la cifra de cadáveres identificados y anunció que no se darán sus nombres.

Entre los 35 muertos del martes había un policía estatal y dos menores. La madre de uno de esos jóvenes, Rocío Velásquez, aseguró que este fue detenido por policías y desapareció una semana antes.