•   LA PAZ / AFP  |
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Una represión policial contra indígenas, cuyo impacto obligó a suspender un proyecto caminero, afectó la credibilidad y legitimidad del presidente Evo Morales, presionado a rectificarse por sus bases sociales tal como aconteció con el “gasolinazo” hace nueve meses, según analistas.

“El gobierno ha perdido legitimidad, ha perdido la base de sustentación discursiva indígena, y coloca en una situación muy complicada a la propia estabilidad de su gabinete que está siendo fuertemente cuestionado por las políticas que está implementado”, afirmó el politólogo Jorge Kafka a la AFP.

“Se están rompiendo los lazos que tenía con los movimientos sociales y las organizaciones de carácter indígena”, agrega el analista independiente.

Una marcha de indígenas que se dirigía a La Paz en protesta contra una ruta proyectada para atravesar un parque natural fue reprimida el domingo pasado por la policía con exceso de violencia, provocando una generalizada condena.

Las repercusiones llegaron hasta el gobierno donde la ministra de Defensa, Cecilia Chacón, presentó su renuncia el lunes en protesta por la violencia ejercida.

El propio Morales repudió los excesos e instruyó investigarlos, mientras que la presión de sus bases lo obligó a anunciar la suspensión del proyecto de construcción de la carretera hasta tanto no se realicen consultas en las regiones involucradas, pero los nativos afirman que protesta continuará hasta que la obra sea cancelada.

 

Evo el gran perdedor
“El mal manejo del conflicto ha afectado la popularidad del Presidente y la credibilidad del ciudadano respecto al gobierno”, dijo Carlos Cordero, cientista político de la universidad estatal de La Paz, tras asegurar que se está ante la “emergencia de una crisis política” que se espera “no derive en hechos mayores”.

Cordero opina que al Gobierno boliviano le “va a ser difícil recuperar esa confianza porque ejercer violencia contra el desvalido causa mucho malestar y resentimiento en la opinión pública”.

Según este analista, “el conflicto no se resuelve con el anuncio de la suspensión temporal de las obras de la carretera. Da la impresión de que el conflicto va a seguir”, indica en alusión a las múltiples manifestaciones de protesta surgidas en Bolivia.

Es el segundo embate de magnitud que recibe la administración de Morales en los últimos nueve meses. El primero tuvo lugar en diciembre pasado cuando se incrementó el precio de los hidrocarburos hasta en 83%, medida que provocó un descontento generalizado en las propias bases sociales que sustentan al gobierno, lo que obligó a las autoridades a revertirla.