•   Washington / El País  |
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Un informe secreto del Departamento de Justicia, expresamente solicitado para esta operación, respaldó la legalidad de la muerte el viernes de Anuar el Aulaki, a quien se consideraba uno de los principales líderes de Al Qaeda y el responsable de esa red en Yemen.

Este informe puede proteger al Gobierno ante cualquier reclamación judicial, pero difícilmente detendrá la polémica constitucional y de derechos humanos que esa muerte ha generado en Estados Unidos.

El contenido exacto del memorando no ha sido hecho público, pero distintas fuentes oficiales que han hablado con medios de comunicación norteamericanos han explicado que la legalidad de la operación contra El Aulaki, en la que también murió otro ciudadano norteamericano, Samir Khan, está sostenida en el principio de que se trató de una operación de guerra contra un combatiente que representaba un peligro inminente contra la seguridad de la población de EU.

“De acuerdo a la autoridad dada por el Congreso para el uso de la fuerza militar en el conflicto armado contra Al Qaeda, así como por las leyes internacionales que reconocen el derecho a la autodefensa, es absolutamente legal que EU actúe contra líderes de alto nivel de fuerzas enemigas que están planeando matar norteamericanos, independientemente de su nacionalidad”, asegura una declaración oficial de la Administración.

Desde ese punto de vista, matar a El Aulaki y a Khan sería como matar a ciudadanos norteamericanos que hubieran planificado junto a los jefes militares japoneses el ataque contra Pearl Harbor.