•   San José, Costa Rica  |
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  • EFE

La presidenta costarricense, Laura Chinchilla, defendió este martes la decisión de su gobierno de solicitar nuevos estudios de impacto ambiental a la petrolera estadounidense Mallon Oil, tras conocer que la firma presentó un recurso de amparo contra ella y su ministro de Ambiente, René Castro.

La mandataria, que retomó sus actividades oficiales el martes tras una cirugía ambulatoria a la que fue sometida el viernes para extirpar su vesícula, manifestó en una rueda de prensa que defenderá las decisiones administrativas en este tema.

"El gobierno tiene la responsabilidad de velar por que cada concesión que otorga esté a derecho y en este caso se requieren los estudios de impacto ambiental", dijo al concluir la tradicional reunión semanal con su gabinete.

Además de Chinchilla, en el recurso de amparo se incluye al actual ministro de Ambiente y ex canciller, René Castro.

La Mallon Oil logró en 2000 una concesión del gobierno costarricense para explorar depósitos de petróleo en una extensa porción de territorio, pero hasta ahora no se han firmado los contratos.

Hace varios meses, el gobierno emitió un decreto en el que declara una moratoria de las actividades de exploración petrolera por un periodo de tres años y que paraliza todos los trámites en proceso tendientes a obtener concesiones para ese propósito.

Medios locales detallaron que el recurso de amparo, firmado por el representante legal de Mallon en el país, el abogado Pedro Oller, busca que el Estado asuma el pago de daños y perjuicios.

Por su parte, la Sala Constitucional en Costa Rica no tiene un periodo establecido para responder a este tipo de acciones legales, por lo que se desconoce cuándo sera resuelto el recurso.

El intento de la empresa petrolera estadounidense por iniciar las exploraciones once años después de la concesión provocó inmediatas reacciones del movimiento ecologista y de fuerzas políticas de oposición, que demandaron a la presidenta Chinchilla actuar de manera coherente con sus políticas ambientales.

Al momento de dar a conocer la medida, Castro señaló, entre las justificaciones, que el país no cuenta actualmente con la capacidad administrativa para regular la actividad, ni con los recursos técnicos para prevenir accidentes de gran impacto ambiental, como el derrame de crudo ocurrido el año pasado en el Golfo de México.