•   WASHINGTON / EFE  |
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El Gobierno del presidente Barack Obama pidió ayer a un tribunal federal de apelaciones en Alabama que suspenda la aplicación de una ley en ese Estado contra los inmigrantes, al alegar que expone a las personas a discriminación.

Los abogados del Departamento de Justicia, en un recurso de 28 páginas presentado ante el Tribunal de Apelaciones del 11 Distrito Federal en Atlanta (Georgia), argumentan que la ley de Alabama, que entró parcialmente en vigor el pasado primero de septiembre, contraviene la autoridad exclusiva del Gobierno federal en materia de inmigración.

El recurso interpuesto añadió desconcierto a los cuerpos de Policía de Alabama acerca de qué porciones de la ley tienen vigencia y deben aplicarse o si es que nada queda en vigor, en medio de las demandas de grupos que defienden a los inmigrantes.

La legislación promulgada en Alabama, según grupos defensores de los inmigrantes, es la más severa de las cinco leyes estatales que, inspiradas en la SB1070 de Arizona de 2010, se han adoptado recientemente en EU para combatir la inmigración ilegal.

El Departamento de Justicia insistió en que para el Gobierno federal la prioridad en la aplicación de las leyes de inmigración está en la captura de los extranjeros que presenten una amenaza a la seguridad nacional o de los que hayan cometido crímenes.

Policía verifica estatus de niños en las escuelas
La legislación permite que la Policía de Alabama solicite pruebas de residencia legal de los extranjeros y que se verifique el estatus migratorio de los alumnos en las escuelas públicas.

“Los estados no tienen autoridad para desatender las prioridades (del Gobierno federal) y para crear una colcha de retazos con políticas de inmigración independientes”, añade el recurso del Departamento de Justicia.

“Asimismo, ni la Constitución ni las leyes federales sobre inmigración permiten que un estado adopte medidas diseñadas abiertamente para ahuyentar a los extranjeros del estado (con) un programa de deportación de facto”.

El Gobierno federal indicó que la ley de Alabama “puede impedir la acción de la ley federal, obstruye la regulación nacional general de la inmigración y presenta nuevas preocupaciones para los Estados adonde los extranjeros ‘se deporten a sí mismos’”.

Según el argumento del Departamento de Justicia, “es muy probable que esa legislación exponga a nuevas dificultades en sus actividades rutinarias a personas que están legalmente en Estados Unidos, incluidos los escolares”.

“Muchas familias ya orientan a que sus hijos se queden en casa sin ir a la escuela por temor a la política inmigratoria del Estado”, señaló.

Nueve días atrás, la jueza federal Sharon Lovelace Blackburn se negó a impedir la aplicación de varias porciones de la legislación.