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El rescate en Guatemala de nueve niños menores de un año, de una casa cuna ilegal para darlos en adopción fraudulenta, reveló que las redes involucradas en el negocio que mueve unos 200 millones de dólares anuales sigue vigente, pese a la reciente aprobación de una drástica ley.

La hermana de uno de los diputados más críticos del gobierno del presidente Álvaro Colom, el opositor Gudy Rivera, fue detenida por la Policía en un allanamiento en su residencia, donde funcionaba la casa hogar ilegal.

El parlamentario, hermano de la capturada Rosalinda Rivera, de 44 años, paradójicamente es el presidente de la Comisión del Menor y la Familia del Congreso, encargada de velar por la transparencia de las adopciones.

Agentes de la Policía Nacional Civil y personal de la Procuraduría General de la Nación (PGN), allanaron la residencia de Rivera en la periferia oeste de la capital en busca de un menor que fue robado a su progenitora, pero para su sorpresa localizaron una casa cuna ilegal con nueve infantes.

Inhumano negocio
Las adopciones irregulares en Guatemala son una preocupación para organizaciones sociales y las propias autoridades, debido a las constantes denuncias de robo de niños para ese propósito, que genera millones de dólares anualmente.

Esa situación llevó a cuatro mujeres a realizar una huelga de hambre durante una semana frente al Palacio Nacional de la Cultura (Centro), que concluyó el lunes. Las mujeres reclamaban a sus hijos, presuntamente robados para ser dados en adopción.

Para erradicar el flagelo de las adopciones ilegales, a partir del 1 de enero entró en vigencia una normativa que regula los trámites de adopción a través del Consejo Nacional de Adopciones, respondiendo a los convenios de La Haya.